El expresidente de la Comunidad (2015-2017) y exalcalde de Puerto Lumbreras (2003-2013), Pedro Antonio Sánchez (PAS), sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Murcia. Foto: EDU BOTELLA (EP)
El exjefe del Gobierno regional logra una reducción de dos años en las acusaciones de cárcel, se libra de una posible multa de 6 millones de euros y elude toda responsabilidad en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras: "Nunca hubo un encargo. Nunca hubo un contrato. Nunca hubo un pago"
MURCIA. Todavía faltan otras catorce jornadas de juicio, previsiblemente extenuantes y complejas, pero al menos la primera sesión se saldó con el viento de cara para Pedro Antonio Sánchez (PAS). El expresidente de la Comunidad (lo fue entre 2015 y 2017) y también exalcalde de Puerto Lumbreras (2003 y 2013) reapareció este martes en la vida pública de la Región, después de varios años desaparecido de la primera línea. Y lo hizo para sentarse en el banquillo de los acusados de la causa judicial, el 'Caso Auditorio', que le persiguió durante su etapa en San Esteban, desde que en febrero de 2015 la Fiscalía presentara una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras. Aquella imputación, que llegaría después y se uniría a otros procesos judiciales ('Caso Pasarelas', del que está absuelto por una reforma legal que le benefició; y el 'Caso Púnica', archivado en 2020 por la Audiencia Nacional), fue el caldo de cultivo por el que la oposición, entonces formada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, registrara una moción de censura, que se desactivó porque precisamente PAS arrojó la toalla y abandonó la política.
El juicio, siete años después, al fin ha comenzado en la Audiencia Provincial, bajo un tribunal presidido por el juez Juan del Olmo (el magistrado que instruyó los sumarios de los atentados del 11-M en 2004). Y si sobre PAS pesaban cuatro años y medio de cárcel, ahora serán dos y medio después de que la Fiscalía detectara un antecedente judicial que obligaba a retirar uno de los tres delitos: el fraude por subvención. El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, arguyó por "estricta legalidad" la retirada de ese delito (por el que pedía dos años de prisión y una multa de seis millones de euros), amparándose en el fallo del llamado 'Caso La Muela'. En aquella sentencia hubo que aplicar "una ley penal intermedia de modo retroactivo", ya que colisionaba con una modificación penal aprobada con posterioridad a los hechos que se juzgan. Eliminada esa acusación, a la que se adhirieron la acusación popular (representada por PSOE y Podemos) y la acusación particular (ejercida por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras), PAS se enfrenta a condenas por fraude y prevaricación continuada, cuyas penas ascienden a dos años y medio de prisión, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Fue una primera victoria para PAS y su letrado José Antonio Choclán Montalvo (el juez en excedencia que redactó la sentencia contra Mario Conde, el mismo que ha representado a Cristiano Ronaldo) cuando apenas habían transcurridos pocos minutos del juicio. Con todo, cabe la posibilidad de que la Fiscalía tome nota de la acusación popular y le impute otro delito por falsedad documental que conllevaría una elevación de la condena hasta los cinco años y medio. La mañana, no obstante, no daría más respiros para el ex máximo mandatario regional. Aceptó someterse a las preguntas de todas las partes, salvo las de la acusación popular, por lo que durante más de una hora y media se enfrentó al interrogatorio del fiscal Juan Pablo Lozano, la persona que pilotó la instrucción. Las respuestas de Sánchez giraron en torno una misma tesis: él -aseveró- no tuvo ninguna responsabilidad durante la adjudicación y construcción del auditorio y negó haber encargado "nada" al arquitecto Martín Lejarraga, otro de los cuatro imputados (junto con la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno). Sánchez reiteró que no sabía nada pese a que el fiscal le recriminaba haber firmado documentos con borradores del anteproyecto del teatro: "Absolutamente nunca hubo un encargo por parte del Equipo de Gobierno. Nunca hubo un contrato y, por tanto, nunca hubo un pago", declaró.
La Fiscalía quiso desmontar las palabras del acusado. Ante las negativas de Sánchez, el fiscal mostró al tribunal un anuario de la localidad, publicado en septiembre de 2005, en el que se recoge que "el Ayuntamiento ha encargado un proyecto al señor Lejarraga para construir un teatro-auditorio". PAS, con el anuario en la mano y dirigiéndose al fiscal, replicó: "Si me lo permite, esto no es ningún documento oficial. Esto es publicidad". Apostilló: "No hay una factura que indique que esto lo paga el Consistorio ni está firmado por mí". El fiscal esgrimió que el alcalde "sale en el 80% de las páginas". En el toma y daca entre ambos, Sánchez defendió que su función como primer edil "no era fiscalizar" los correos y los procesos internos. "Mi labor, como en el 90% de los casos de los alcaldes, era poner 'adjunto, remito'. Mi firma era la última, y era ordinaria, normalizada", sostuvo, admitiendo que no leía "los documentos" porque, a su entender, su trabajo no era revisar el registro del Ayuntamiento "ni comprobar qué documentos tienen el sello o no". Y espetó: "Imagínese si el alcalde se tiene que dedicar a hacer eso. Ese documento pasaría por la Concejalía oportuna". A lo largo de su declaración descargó responsabilidades propias: "La Alcaldía no es un órgano administrativo que prepare expedientes. En los ayuntamientos pequeños las cosas van de una mesa a otra, sin comunicaciones internas".
Lozano también puso el foco en la subvención de seis millones de euros que concedió la Comunidad para financiar el proyecto en Puerto Lumbreras. El otrora alcalde señaló que fue ahí cuando "el Ayuntamiento comienza todo el procedimiento". Hasta entonces, siempre según su versión, la obra "pertenecía al mundo de las ideas" y "sólo había intenciones de realizar un complejo cultural" propuestas por el arquitecto, a quien dijo conocer a principios de su mandato en el certamen cultural Explum y de quien puntualizó que no se había reunido nunca con él ("Yo no despacho con los arquitectos de obras públicas"). Desde ese momento, desde la subvención, buscaron terrenos para edificar la obra. "Y se convocó un concurso de ideas al que se presentaron tres proyectos, de entre los que un jurado seleccionó el de Lejarraga", apuntó al tiempo que negaba haber dado "información privilegiada" al arquitecto.
El fiscal puso encima de la mesa otros -presuntos- aspectos irregulares de la infraestructura. Reseñó "varias anomalías" en el documento del concurso de ideas, como la reducción de 52 días a 15 para presentar proyectos ("No meto mi lápiz", comentó PAS). E inquirió al encausado por las modificaciones que padeció el proyecto inicial. "Como no servía lo que se proyectó, hubo que reformular la cimentación y la estructura", expuso el exregidor, aduciendo que esa comunicación se la indicó "el concejal de Obras", a quien mencionó en más de una ocasión. El acusado remarcó asimismo que la modificación del proyecto se hizo porque "un estudio geotécnico de los terrenos determinó que era necesario acometer determinadas obras no previstas en principio para una mayor estabilidad y seguridad del inmueble". El representante del Ministerio Público concluyó que las obras, que empezaron en 2008 y se modificaron en 2010, todavía no han finalizado. A lo que PAS respondió: "La obra no está inacababa. Está acabada según el modificado. Se recepcionó el 100% de lo incluido en el proyecto modificado", manifestó, agregando que fue aprobado por la Comunidad y cuya auditoria "probó que se gastaron en las obras los seis millones" de la ayuda pública.
Una de las constantes de su testimonio fue eludir responsabilidades en el proceso. En más de una ocasión justificó que su firma "no era una certificación", sino que era la última "para dar trámite" después de toda "la fiscalización" que a su juicio sí desempeñó cada uno de sus técnicos en sus competencias. "Yo no tengo por qué dudar de que la argumentación que me pasan no está bien. Ni tengo por qué ir a la obra para comprobarlo", añadió. "Mi alternativa era confiar en los profesionales, en los que todavía confío". Su trabajo era, insistió, "firmar documentos" que le pasaron "sin reparos, sin objeciones, ni ningún dato negativo ni advertencias de un problema".
Casi dos horas después y dado que la acusación particular (el Ayuntamiento) no quiso hacer preguntas ni la acusación popular pudo hacerlas (PAS se acogió a ese derecho), el juez Del Olmo dio paso al turno de la defensa. No plantearon preguntas la defensa del arquitecto Lejarraga ni tampoco la de la secretaria municipal; sí lo hizo el letrado de la empresa constructora Ecisa, que quiso saber si durante la ejecución de la obra se había reunido con su representado, el responsable de la constructora, Vicente Gimeno. "No solamente no lo hice, sino que además no lo he conocido", respondió. Y, por último, interpeló el propio abogado de Pedro Antonio, que le planteó si hubo algún tipo de acuerdo verbal con el arquitecto, tal y como inciden las acusaciones: "Para nada", contestó él.
La próxima cita se celebrará el 3 de octubre. Está previsto que el juicio concluya el 29 de noviembre, con un total de 15 sesiones. Participarán 42 testigos y una decena de peritos. Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno. Para el arquitecto pesa una acusación de dos años y tres meses de prisión y 17 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación continuada, prevaricación y fraude. Para la secretaria municipal piden por los mismo delitos una pena de dos años y tres meses de cárcel y 16 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Y para el responsable de la empresa constructora, solicitan dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación especial para empleo cargo público así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena, cualquier contratación en el ámbito municipal, autonómico y estatal.
