La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha elevado el tono en el pulso que mantiene con el Gobierno central por las actuaciones en el antiguo Hospital Naval, donde el Ministerio de Migraciones impulsa un Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) para personas migrantes.

El Ayuntamiento ha recurrido ante el Tribunal Supremo las obras que se están ejecutando en el recinto, al considerar que se realizan sin licencia municipal y sin el preceptivo control urbanístico. A la denuncia se ha sumado también la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el recurso ya ha sido admitido a trámite.

Arroyo sostiene que el Consistorio desconoce qué actuaciones concretas se desarrollan en el interior del complejo. “El Ayuntamiento tiene la obligación de conceder licencias, inspeccionar y supervisar. Nadie está al margen de la ley, tampoco el Gobierno de España”, vino a señalar. A su juicio, la declaración de emergencia aprobada en Consejo de Ministros para afrontar la crisis migratoria no puede servir para eludir los permisos municipales.

Desde el equipo de gobierno municipal aseguran que los técnicos siguen desplazándose al entorno del Naval para recabar información y ejercer labores de inspección. No obstante, reconocen que, si no se les permite el acceso, su margen de actuación es limitado. Toda la documentación recopilada podrá incorporarse al procedimiento judicial abierto en el Supremo.

Más allá del frente legal, la alcaldesa insiste en que el uso del recinto debe ser “temporal y provisional”. Recuerda que el Ministerio trasladó en distintas reuniones -tanto la ministra como la secretaria de Estado- el compromiso de que el recurso no se convertiría en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) permanente. Según esa hoja de ruta, la presión asistencial iría reduciéndose a medida que se construyan nuevos centros en otros puntos del país.

“El compromiso fue claro y lo que pedimos es que se cumpla”, recalca el Ayuntamiento, que rechaza que el CAED pueda consolidarse como una instalación definitiva “de espaldas a los cartageneros” y al margen de la normativa urbanística.

El plazo inicialmente previsto para el dispositivo vencía en mayo del pasado año. Posteriormente se concedió una prórroga hasta finales de mayo o principios de junio de este ejercicio. Ese calendario, unido al desarrollo de las obras, mantiene abierto el conflicto político y jurídico sobre el futuro del centro en el antiguo Hospital Naval.