Lo que apuntaba a convertirse en un debate sobre vulnerabilidad social y corte de suministros acabó desinflándose antes de llegar al turno de palabra. El PSOE retiró en el último momento su moción sobre Villas Caravaning, después de que parte de la deuda comunitaria -más de medio millón de euros acumulados- comenzara a saldarse mediante pagos y renegociaciones impulsadas por los propios vecinos. Sin embargo, la polémica no desapareció: lo que estaba en juego no era solo el suministro de agua y luz, sino el alcance real de las ayudas por vulnerabilidad y si estas pueden aplicarse a una comunidad de propietarios con un único contrato de camping. Entre agradecimientos por mediaciones y réplicas sobre responsabilidades, el trasfondo reveló un choque de interpretaciones sobre hasta dónde debe -o puede- llegar la administración cuando la deuda es privada y colectiva a la vez.
El PSOE tenía prevista presentar una moción en la que se exponía el problema de los vecinos de Villas Caravaning tras la amenaza de quedarse sin luz y sin agua debido a una deuda comunitaria que supera el medio millón de euros. Finalmente, esta fue retirada tras solventarse el problema, en parte, claro, porque han sido los propios vecinos los que han pagado o renegociado la deuda con los suministradores de agua y de luz. No obstante, el portavoz socialista Manuel Torres daba las gracias al concejal de Infraestructuras por mediar en la negociación y ayudar a abonar esta carga.
Pero, para sorpresa del concejal socialista, Diego Ortega, el edil aludido explicaba que eso no había sido mérito de nadie del Ayuntamiento, porque la administración no es quien debe pagar las deudas de los vecinos, algo que además -según sostuvo- supondría un efecto llamada para cualquier comunidad que no paga.
La respuesta del edil de Infraestructuras iba más allá. Ortega hubiera querido recordar que Villas Caravaning es un camping, con un propietario mayoritario -una empresa que ejerce la actividad- y varios propietarios individuales de parcelas. Todos ellos son copropietarios y miembros de la Comunidad de Propietarios Villas Caravaning.
Le habría refrescado la memoria a Torres para subrayar que cada miembro de una comunidad debe pagar sus cuotas, como ocurre en cualquier edificio o urbanización. “Hay propietarios que pagan y están al corriente de sus obligaciones y otros que no pagan y tienen deudas ante sus copropietarios”.
Ortega también habría señalado que, aunque el Gobierno de España ha extendido hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar suministros a consumidores vulnerables, esa protección se aplica a personas físicas en situación acreditada de vulnerabilidad, según el Real Decreto–Ley 8/2020 y el bono social eléctrico.
Y ahí está el núcleo del asunto: la comunidad de propietarios es una persona jurídica, no un consumidor vulnerable. Además, existe un único contrato de suministro a nombre de la comunidad, por lo que no puede acogerse a esa protección.
Recordó que se trata de un problema interno de la comunidad, que el pago del agua se estaba realizando semanalmente y que la deuda eléctrica ya se había saldado tras el abono de varios impagados.
Explicada la situación, Ortega habría instado a Torres a interceder ante el Gobierno central para que modifique el decreto si considera que debe ampliarse la cobertura. “Entonces los propietarios del Camping Villas Caravaning podrán acogerse a él. En su mano está (…) y que el Gobierno de España, con el que usted tiene una interlocución magnífica, nos haga caso”.
Al final, la moción no se debatió, pero el debate quedó servido. Villas Caravaning evitó, al menos por ahora, el apagón, y el Pleno dejó una lección que va más allá del camping: la línea entre lo social y lo privado no siempre es tan clara como parece. Cuando la vulnerabilidad se invoca, conviene precisar a quién protege la norma y hasta dónde alcanza la responsabilidad pública. Porque entre la empatía y la legalidad hay un terreno intermedio donde, casi siempre, se libra la verdadera discusión.
