La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha sometido a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la futura servidumbre de acceso al mar en la playa de La Morena, en El Portús. El expediente identifica una única parcela afectada , propiedad de la mercantil Complejo Náutico El Portús, S.A., sobre la que se proyecta una servidumbre de paso de 2.883 metros cuadrados. Se trata de un terreno urbano que actualmente funciona como camino interior dentro de la finca.
Con este trámite se abre un plazo para que los interesados puedan examinar la documentación y formular alegaciones antes de que continúe el procedimiento expropiatorio necesario para imponer la servidumbre.
Este paso administrativo tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de enero, cuando declaró de utilidad pública los bienes y derechos necesarios para garantizar el acceso público y gratuito a la playa. La decisión responde a una situación singular: La Morena se encuentra junto a la desembocadura de la rambla de El Portús y queda encajada entre la Punta del Moco y la Sierra de la Muela, dos barreras naturales que impiden el paso en condiciones mínimas de seguridad. En la práctica, el acceso depende hoy de la autorización del propietario de la parcela colindante, destinada a camping.

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La Ley de Costas establece que el acceso al mar debe ser público y gratuito, y atribuye a los instrumentos de ordenación territorial la previsión de esos pasos. Sin embargo, al no estar contemplado en la planificación urbanística vigente, la Administración General del Estado puede imponer una servidumbre mediante expropiación forzosa, tal y como prevé el artículo 28 de la norma.
La alternativa elegida pasa por habilitar el paso a través de un camino ya existente en el interior de la finca privada, una solución que no requiere nuevas obras y que, según se argumenta, supone el menor perjuicio posible para el titular del terreno, al tiempo que permite garantizar el interés general.
Con la publicación de la relación de bienes afectados, el procedimiento entra ahora en una fase decisiva. Si culmina según lo previsto, la playa de La Morena contará por primera vez con un acceso público plenamente garantizado por ley.