El debate sobre la revisión del Plan General volvió a tensarse en el Pleno a cuenta de los suelos del entorno del Mar Menor y las posibles responsabilidades económicas para el Ayuntamiento. MC Cartagena acusó al Gobierno local de no haber informado de los procedimientos en marcha derivados de la desclasificación de terrenos como suelo no urbanizable y de no prever los riesgos patrimoniales asociados.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, fue directo: quiso saber qué cantidades han sido ya objeto de resoluciones judiciales en contra del Ayuntamiento por la desclasificación de suelos incluida en la revisión del Plan General aprobada provisionalmente el pasado 12 de febrero y por qué el Ejecutivo no había advertido de esos riesgos ni contemplado esas posibles indemnizaciones en la tramitación.

La respuesta del concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, buscó rebajar la alarma. Recordó que la revisión del Plan General fue aprobada inicialmente por unanimidad el 27 de junio de 2024 y que ya entonces contemplaba una nueva clasificación para ámbitos como El Vivero, Loma de Mar de Cristal, Novo Cartago (San Ginés) y parte de Los Urrutias. En la aprobación provisional de febrero de 2026 se han mantenido esas determinaciones -con la excepción de parte de Los Urrutias- y se han incorporado nuevas clasificaciones a instancias de la Confederación Hidrográfica del Segura en el polígono industrial de El Albujón y La Aljorra.

Ortega subrayó que no se ha planteado ningún procedimiento judicial contra esas clasificaciones urbanísticas y que, por tanto, no existen resoluciones judiciales derivadas de ellas. Otra cosa, matizó, es el auto dictado el 18 de febrero de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, que fija una compensación de 54,6 millones de euros a favor de los propietarios de El Vivero. Según explicó, ese pronunciamiento no guarda relación con la desclasificación actual, sino con un supuesto de inejecución de sentencia por no aprobar en su día los estatutos de la Junta de Compensación. El Ayuntamiento, anunció, recurrirá esa decisión al considerar que no se ajusta a derecho.

En cuanto a la previsión de posibles indemnizaciones por la nueva ordenación, el concejal defendió que durante la tramitación del Plan se presentaron alegaciones solicitando que se incorporaran esas cuantías al estudio económico-financiero. Fueron desestimadas, dijo, porque las eventuales indemnizaciones solo pueden determinarse caso por caso, conforme a la ley y tras la instrucción del correspondiente expediente. No se trata -argumentó- de inversiones necesarias para ejecutar el planeamiento, como una expropiación o una urbanización, sino de posibles responsabilidades futuras cuya existencia y cuantía no pueden anticiparse.