CARTAGENA. La Fiscalía de la Región de Murcia y la Policía Nacional investigan un presunto caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena que afecta a altos cargos del Partido Popular de la Región de Murcia. Según publica el diario El Confidencial en una información firmada por José María Olmo, la Fiscalía ha querellado la presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz y al expresidente de la Autoridad Portuaria Antonio Sevilla.
La denuncia podría constituir presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos o uso de información privilegiada, afirma el citado periódico.
Las diligencias se iniciaron hace dos años y la principal causa es el presunto amaño de adjudicaciones públicas del puerto de Cartagena. Los acusados, añade El Confidencial, "se habrían concertado presuntamente con varias mercantiles para proporcionarles información privilegiada sobre concursos y posteriormente habrían manipulado las calificaciones de las ofertas que presentaban estas compañías para asegurarse de que se llevaban los contratos".
Por último, la Fiscalía también apunta a la administradora de la sociedad especializada en recursos humanos Barraise SL, Susana García Bernal, y al consultor de la compañía de innovación tecnológica Sopra Steria España SA Francesc Casas. Otra querellada, Paloma Escudero Giménez, figura al mismo tiempo como empleada del puerto con el cargo de jefa de Innovación y como accionista de una empresa privada, la consultora Estrategias y Desarrollo Financiero SL.
Por su parte, desde la Autoridad Portuaria de Cartagena confirman que a fecha de hoy, no han recibido notificación sobre los contratos "que indica la prensa que están siendo investigados por la Fiscalía".
En un comunicado de prensa, desde la institución añaden que "siempre se ha colaborado con la Justicia aportando la documentación requerida" y apostillan que los procedimientos de contratación "se realizan conforme a Ley y supervisados por la Abogacía del Estado".
Por último, aclaran que en el momento en el que tengan conocimiento de qué contratos están siendo investigados, "facilitaremos la documentación necesaria para aclarar las posibles dudas a la Fiscalía".
