Mábel Campuzano, Juan José Liarte y Francisco José Carrera. Foto: EPMURCIA. La Asamblea Regional debatirá la semana que viene una moción del grupo parlamentario Vox que pide la obligación del "uso correcto" de la lengua española en la Administración pública de la Región de Murcia. Esta medida significaría, en la práctica, la eliminación -en los documentos oficiales, rótulos y expresiones- del llamado 'lenguaje inclusivo' o "manipulativo", en palabras de Juan José Liarte, el portavoz del grupo cuyos integrantes fueron expulsados del partido Vox y del que forma parte la actual consejera de Educación y Cultura, Mábel Campuzano.
"Lo que hay detrás del uso del lenguaje en las Administraciones públicas es el constitucional deber de neutralidad ideológica", esgrimió Liarte, que considera que es una moción que tiene "todo el sentido del mundo". Esta propuesta se tratará en pleno el miércoles 10 de noviembre, en una sesión de impulso al Gobierno junto con otras cuatro iniciativas del resto de grupos parlamentarios.
La moción de Liarte, a la que ha tenido acceso Murcia Plaza, hace hincapié en que "se haga expresa prohibición del mal llamado lenguaje inclusivo al que otros se refieren como lenguaje revolucionario o lenguaje manipulativo".
El texto, de hecho, recoge la posibilidad de establecer multas si se incumpliera la prohibición, pues dice así: "La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a la adopción de cuantas medidas legislativas o reglamentarias, incluso de carácter sancionador o disciplinario llegado el caso, se estimen precisas para garantizar el conocimiento y uso correcto conforme a la norma gramatical vigente de la lengua española por parte de las Administraciones públicas en el ámbito geográfico de la Región de Murcia".
El grupo de Liarte sostiene que "el desconocimiento y/o uso incorrecto del idioma y sus normas gramaticales, la vulneración, perversión y manipulación de la lengua por intereses políticos pueda tal vez comprenderse en el discurso de quienes persiguen determinados objetivos". Sin embargo, a su juicio, "las Administraciones públicas no pueden caer en tal inconstitucional y chabacano proceder", pues "tienen el deber de conocer y usar correctamente el idioma y ello especialmente cuando el no hacerlo constituye a su vez una vulneración del principio constitucional de neutralidad ideológica".
