El líder regional del PSRM-PSOE, José Vélez. Foto: PSRM-PSOEInvestigan al líder del PSRM y candidato a la Comunidad por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación en su época de alcalde de Calasparra
MURCIA. A las diez y media de la mañana una noticia inesperada agitaba la actualidad política de la Región de Murcia y trastocaba los planes de los partidos. El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz citaba a declarar como investigado al actual líder del PSRM-PSOE y candidato a la Presidencia, José Vélez, por unos hechos presuntamente acaecidos durante su etapa como alcalde de Calasparra (2014-2020). No es el único investigado. El magistrado instructor también señala a dos concejales calasparreños, Jordi Arce Corbalán (actual gerente del PSRM) y Antonio José Merino Moreno. Los tres están citados en el procedimiento abierto del llamado caso 'Feria Taurina del Arroz' por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación al entender que pudo haber presuntas irregularidades en la gestión y organización de la Feria Taurina del Arroz y otros espectáculos taurinos de Calasparra entre los años 2017 y 2019.
El caso, en su origen local, alcanzó una dimensión regional habida cuenta de que Vélez es el actual delegado del Gobierno y secretario general del PSRM. El momento, además, no puede ser más inoportuno, pues faltan menos de siete meses para las elecciones. Y el calasparreño, además de ser el máximo representante de Pedro Sánchez en la Región, es también la persona que encabezará la candidatura del PSOE en las urnas. Con todo, la imputación no es una situación nueva para Vélez, que tal y como contó a Murcia Plaza ha llegado a acumular más de 80 denuncias procedentes de la oposición, todas ellas desestimadas y rechazadas.
Precisamente su partido salió en defensa del calasparreño. "El PP ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de insidias y denuncias falsas ante la inminencia de la cita electoral", reaccionaba el portavoz parlamentario, Francisco Lucas, uno de sus hombres de confianza. En su opinión, la citación del juez "no es más que la extrapolación al ámbito regional de una estrategia de persecución política iniciada por el PP a nivel local cuando era alcalde de Calasparra ante la incapacidad de ganarle unas elecciones en las urnas y que se ha saldado con el archivo de más de cincuenta casos, entre denuncias y recursos". Por ello expresó su convencimiento de que el caso "será archivado" pues, añadió, "ya lo hizo de oficio la Fiscalía, porque no hay nada nuevo".
Lucas esgrimió asimismo que "el último caso, cerrado hace poco, estuvo siete años abierto en el juzgado de Caravaca, a pesar de que había sido resuelto por el Tribunal Supremo" y Vélez acabó "absuelto". Y reprendió "la deriva irresponsable de un PP que ve peligrar su hegemonía electoral ante el empuje de" su candidato, que "con honradez, trabajo, solvencia y promesas cumplidas está mitigando el impacto de las nefastas políticas de López Miras".
Muy diferente reaccionaron sus adversarios políticos. El Gobierno regional, de hecho, no dejó pasar la ocasión para pronunciarse. La portavoz de la Comunidad, Valle Miguélez, opinó que el delegado "debería dar explicaciones" y valoró que "ya son demasiadas dudas y sospechas sobre la gestión del señor Vélez en Calasparra".
Más contundente se mostró el PP, que pidió directamente su cabeza. "Si aplicáramos la misma vara de medir que los socialistas, debería dimitir de inmediato", reclamó el portavoz parlamentario, Joaquín Segado. "Un delegado de Gobierno imputado no puede permanecer ni un minuto más al frente de una institución del Estado", afeó al tiempo que apuntaba que es "la enésima vez que Vélez está siendo investigado por la Justicia".
Desde Vox también exigieron la renuncia del delegado. En un escueto tuit, el partido criticó que "el PSOE es sinónimo de corrupción" y manifestó que "si no dimiten, hay que echarlos".
Desde Ciudadanos, sin embargo, consideran que aún no es el momento para exigir su marcha. Su líder regional, María José Ros, aduce que "el momento de exigir responsabilidades a los políticos investigados por la justicia es cuando el juez les imputa formalmente un delito". No obstante, sí lamenta que "cualquier investigación judicial de un político en un cargo de Gobierno es algo muy malo para la democracia, y la que afecta a Vélez no es una excepción".
Los populares, por su parte, también pusieron el dedo en la llaga con la presunta malversación, hoy día motivo de debate en el seno del Gobierno central. "Quizá Vélez respalde la rebaja del delito de malversación que va a perpetrar su jefe Sánchez porque él se puede ver directamente beneficiado", ironizó Joaquín Segado. "El trato de favor que está mostrando el Gobierno con corruptos sentenciados en firme es insólito e inaceptable, pero está claro que a los socialistas les viene muy bien para continuar con sus chanchullos".
La citación está fijada para el 17 de febrero. Es decir, a las puertas de la campaña electoral, que empezará oficialmente en mayo. Los denunciantes en esta ocasión son el edil Carlos Alajarín (de Ciudadanos) y el munícipe Alfonso Torrente (de Calasparra Viva), que se querellaron contra el alcalde y los otros dos concejales.
Fuentes judiciales explican que el Ministerio Fiscal no se opuso a la solicitud de la acusación popular, por lo que el magistrado "recabará información sobre los convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de Calasparra y las mercantil Chipé Producciones en los años 2017 y 2018, el contrato de arrendamiento de la plaza de toros y la posterior cesión del arrendamiento o gestión a la citada empresa". También se interesará por "la procedencia y justificación del pago de determinados gastos relacionados con la plaza de toros y con la Feria Taurina del Arroz, gestionada por Chipe Producciones".
