Tres de los portavoces parlamentarios de la Asamblea, este martes en el Congreso: Diego Conesa, Joaquín Segado, Juan José Molina, así como los diputados de Unidas Podemos y Vox, Sánchez Serna y Luis Gestoso. MURCIA. Casi tres años es el tiempo que permanece la eliminación de los aforamientos sin ver la luz en el Congreso de los Diputados, olvidada en un cajón. La supresión de este tipo de privilegios necesitó de la revisión del Estatuto de Autonomía de la Región, una reforma que requiere de la aprobación de las Cortes Generales. Pero el texto murciano nunca se ha debatido en la Cámara Baja, por lo que los aforamientos siguen vigentes a día de hoy.
De nada ha servido que Murcia fuera la primera comunidad en impulsar el fin de esta figura jurídica. No en vano, la Asamblea Regional se convirtió en el primer parlamento autonómico que acordaba la derogación de los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno regional. Sin embargo, la Región ha visto cómo Canarias le ha pasado por delante al lograr la aprobación del Congreso y Senado, a pesar de que los canarios iniciaron el trámite después de Murcia.
La Asamblea acordaba, en abril de 2017 y por unanimidad, la supresión del segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía. Estos dos textos hacían referencia a los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno regional, respectivamente. Y decían así: "No podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio".
El Congreso registró la reforma del Estatuto murciano en junio de 2017. Pero nunca terminó en un pleno. Desde entonces han llegado a comparecer hasta tres veces los portavoces murcianos reclamando su puesta en marcha. La última se produjo este viernes. Los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, y también Vox (que no tenía representación parlamentaria en la pasada legislatura) expusieron desde la tribuna el enésimo intento por reactivar el trámite.
Diego Conesa (PSOE) subrayó que la eliminación de la condición de aforados "es una decisión política necesaria para eliminar los privilegios de la clase política, lo que ayudará a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus políticos". El socialista también destacó que "urge la reforma del artículo 324 del Código Penal para evitar que causas penales por corrupción políticas queden impunes".
Joaquín Segado (PP) aprovechó su turno para criticar al Gobierno central: "De nada sirve suprimir aforamientos con la excusa de la regeneración si desde Moncloa se legitima a presidentes autonómicos inhabilitados". El portavoz autonómico del PP reflexionó sobre "la necesidad de revisar y dimensionar a la realidad política y social actual el número de aforados en España". Segado dejó claro, eso sí, que apoyan la reforma del Estatuto de Autonomía. "Aunque sabemos que no es la mejor solución".
Juan José Molina (Ciudadanos) lamentaba que "es una tradición que esta delegación de la Asamblea Regional acuda al comienzo de cada legislatura a pedir acabar con los aforamientos". El parlamentario liberal animaba a que esta vez se consiguiera el objetivo. "A ver si a la tercera fuese la vencida para poner fin a un privilegio que supone un sistema de Justicia paralelo con unas instancias superiores a la que deben ser enviados los aforados cuando son investigados".
Sánchez Serna (Unidas Podemos), por su parte, manifestó que, "según datos del Consejo General del Poder Judicial, la Región de Murcia encabeza el triste ranking de acusados por delitos de corrupción, con 56 personas físicas y 28 jurídicas". Así, añadió, "en este contexto de corrupción sistémica, donde la figura del aforamiento se ha utilizado como un privilegio para retrasar la imputación de determinados representantes públicos y para alargar artificialmente los procesos judiciales, llegando incluso a prescribir algunos de ello".
Por último, Luis Gestoso (Vox) avanzó que su grupo votará a favor de la reforma del Estatuto, pero también señaló: "No haremos lo mismo con el bodrio posterior que salió del Parlamento murciano y que condena a las políticas ideológicas radicales de la izquierda a las futuras generaciones de Murcia".
