MURCIA. Podemos da el paso y presenta una reforma para perseguir "los bulos". La formación morada ha registrado en la Asamblea Regional una proposición de ley (PPL) para modificar la ley 13/2018 de comunicación y publicidad institucional de la Región de Murcia "para evitar que el Gobierno regional siga contratando publicidad con medios que han sido condenados de forma reiterada por publicar informaciones falsas". En concreto, la propuesta pide añadir dos apartados en el artículo 10 de la norma regional, que hace referencia "a las prohibiciones" y que actualmente consta de 13 puntos.
Por un lado, como nuevo apartado 14, reclaman que se añada lo siguiente: "Se prohíbe la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio, tanto el caso en el que hayan sido directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores". Y agregan: "Se entenderá por reiterada esta circunstancia cuando se haya producido una condena firme por estos delitos dos veces en los tres últimos años o tres o más veces en los últimos cinco años anteriores a la contratación de la campaña".
Por otro lado, como apartado 15, solicitan: "Se prohíbe la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios comunicación social que difundan contenidos pagados sobre el estado del Mar Menor y las causas de su contaminación contrarios al consenso científico, entendiendo este consenso como el reflejado en los informes publicados por las instituciones de referencia en esta materia, como son el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y el Instituto Español de Oceanografía".
La diputada de Podemos María Marín apunta en un comunicado que esta proposición de ley incluye la prohibición de la contratación de publicidad institucional con aquellos medios "que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio", reiteración que se produciría "cuando se haya producido una condena firme por estos delitos dos veces en los tres últimos años o tres o más veces en los últimos cinco años".
En la nota, la portavoz del Grupo Mixto (del que forma parte Podemos) argumenta que esta medida impediría que el dinero público "siga fluyendo a digitales de dudosa trayectoria a los que el Gobierno regional ha destinado decenas de miles de euros en los últimos años". Para Marín, "es un escándalo y una vergüenza que López Miras financie con dinero público las mentiras de Eduardo Inda (OkDiario) o Javier Negre (EdaTv)".
La parlamentaria también lamenta que Pedro Sánchez "haya sido incapaz de presentar una sola medida contra el lawfare y los bulos que tanto daño hacen a la democracia", en referencia a la comparecencia del presidente del lunes, que calificó de "inacción". "Tenemos muy claro que hay que pasar de las palabras y los golpes de efecto a los hechos", sostiene Marín, que defiende que su reforma pretende "aislar a los medios de desinformación que amenazan la democracia".
A su juicio, "la mejor manera de hacerlo es acabar con cualquier tipo de financiación pública de las cloacas". "Es el momento de decir basta", apostillaba Marín. "No con nuestros impuestos. Hasta aquí hemos llegado. El dinero público no puede servir para alimentar la maquinaria del fango y para evitarlo vamos a tramitar esta proposición de ley en la Asamblea", concluía.