La elección de la ubicación para la planta de QUANTIX ha abierto un debate profundo: ¿se decidirá por criterios técnicos de eficiencia o por inercias políticas? Este artículo analiza las claves estratégicas y los requisitos industriales que deberían guiar la decisión final sobre este activo de seguridad nacional.
En junio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una inversión pública de 19,6 millones de euros para instalar en la Región de Murcia un centro de microchips orientado a ciberseguridad. El Estado, consciente del valor estratégico de la microelectrónica en el contexto geopolítico actual, financia casi el 50% del proyecto a través de la SETT. No se trata de una planta de consumo masivo: Quantix nace como un centro avanzado de encapsulado y testado de obleas, una pieza crítica para la seguridad nacional.
Para comprender lo que está en juego, conviene ampliar la mirada. En un mundo donde la defensa, las telecomunicaciones y las infraestructuras críticas dependen de milímetros de silicio, disponer de capacidad propia en microchips equivale a soberanía. Sin exageraciones retóricas: es poder estratégico.
Bajo esa lógica, la estructura financiera desmonta el relato de una iniciativa impulsada por el músculo empresarial local. El empresariado de la capital regional apenas aporta el 15% del capital. El grueso —en torno al 75 %— procede de fondos públicos españoles y de socios tecnológicos internacionales como la suiza WISeKey y la francesa SEALSQ. No es un proyecto urbano: es un activo de Estado.
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Con un presupuesto total de 40 millones de euros, se prevé la creación de 152 empleos directos altamente cualificados y un retorno estimado de 800 millones de euros para el PIB regional en cinco años. Pero más allá de las cifras, la decisión clave que marcará su éxito es la elección de la ubicación.
Precisamente por su carácter estratégico y su financiación pública, la localización no puede convertirse en un trofeo político ni en una concesión por proximidad al poder administrativo. Debe responder a criterios técnicos, industriales y de seguridad. Convertirla en un gesto simbólico sería un error económico y estratégico.
La cuestión es directa: para un activo de soberanía nacional, ¿se elegirá el emplazamiento más adecuado o se impondrán las inercias administrativas de siempre?
Hasta 15 municipios han presentado candidaturas, con 25 ubicaciones concretas. El entusiasmo es comprensible: todos quieren formar parte del futuro tecnológico. Sin embargo, los precedentes de éxito en España —como INNOFAB en Cataluña o SPARC Foundry en Vigo— muestran un patrón claro: la industria de semiconductores solo prospera cuando se inserta en un ecosistema técnico-industrial preexistente.
Si se cruzan los criterios de Quantix —talento, conectividad, energía y rapidez de ejecución— con la realidad regional, el Campo de Cartagena no aparece como una opción más, sino como la única estructuralmente coherente.
Las comparativas técnicas del propio proyecto son elocuentes. En suelo industrial, Murcia capital sufre fragmentación y precios entre 120 y 250 €/m². Cartagena, en cambio, ofrece grandes extensiones urbanizadas y listas para operar, con costes entre 30 y 80 €/m².
Las “salas blancas” que requiere la microelectrónica son extremadamente intensivas en consumo eléctrico y necesitan estabilidad absoluta. El Campo de Cartagena no tendría que construir esa capacidad: ya la posee. Es un nodo energético nacional, con refinería de última generación, redes de gas de alta capacidad y un sistema eléctrico dimensionado para gran industria.
El talento tampoco es un concepto abstracto en este sector. La Universidad de Murcia destaca en ciencia básica e informática, pero la Universidad Politécnica de Cartagena concentra los grados y laboratorios en ingeniería industrial, telecomunicaciones, microelectrónica y materiales. A ello se suman infraestructuras como Trust Lab, centros tecnológicos en ciberseguridad y TIC, y el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, con experiencia en spin-offs industriales.
La logística completa el cuadro. La integración en el Corredor Mediterráneo, un puerto de interés estratégico nacional —el cuarto de España— y la proximidad al aeropuerto internacional convierten a Cartagena en una plataforma global, conectada de forma natural con socios internacionales.
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Hay, además, un factor social que no puede ignorarse. La crisis de SABIC ha golpeado duramente al tejido industrial y a miles de familias, con el riesgo real de desertificación productiva. Quantix no es una solución milagro, pero sí un relevo hacia un modelo de mayor valor añadido. Ignorar esta reconversión en favor de una mayor concentración en la capital sería dar la espalda a la cohesión territorial.
Aquí se sitúa el verdadero dilema: política industrial frente a inercia institucional. Durante décadas, la Región ha padecido un reflejo centralizador que ha drenado inversiones hacia el centro administrativo, muchas veces al margen de la lógica técnica. Hoy ese patrón choca con un proyecto de Estado.
La soberanía tecnológica no se construye desde despachos ni con gestos simbólicos. Se levanta donde hay energía fiable, suelo disponible, ingeniería especializada y conexión global. Todo lo demás es literatura administrativa.
En un activo estratégico nacional, la ubicación deja de ser una cuestión local para convertirse en una decisión de seguridad. Cartagena no es una apuesta emocional; es la opción racional que suma puerto, industria pesada y talento especializado en un ecosistema operativo.
La pregunta ya no es técnica, sino política: ¿habrá ambición estratégica o se permitirá que el centralismo inercial frene el mayor salto tecnológico de la Región? La lógica industrial es clara. Ahora falta que la política esté a la altura.
