El pasado mes de agosto el Ayuntamiento de Cartagena puso pie en pared para activar un proyecto urbanístico en el barrio de San Ginés capaz de acoger hasta 500 viviendas, más concretamente junto al puente de Torreciega.
La previsión, según explican desde Urbanismo, es que la empresa, que ya ha empezado a comercializar el proyecto, pida licencia de urbanización en abril y licencia de obras en mayo. De esta manera, si no se encuentran con inconvenientes, podrían iniciar las obras a finales de este mismo año y, como el plazo de ejecución es de 18 meses, la llegada de sus primeros inquilinos no se produciría hasta mediados o finales de 2028.

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El proyecto llevaba una década bloqueado y no ha sido hasta que la administración advirtió a los propietarios de que estaban incumpliendo sus obligaciones de urbanizar, tal y como recoge la Estrategia Municipal de Vivienda, cuando se reactivó. La promotora Pryconsa ya ofrece pisos de uno a cuatro dormitorios, áticos y bajos con jardín, con precios que oscilan entre 148.000 y 283.000 euros.
El paquete promocional incluye piscina, zona de ejercicio exterior, gimnasio cubierto y club Canelia Sunset. También contará con área de juegos infantiles, piscina infantil y pista multideportiva. Además, se anuncian salas comunes amplias y luminosas y un espacio de coworking completamente equipado.
Los terrenos, de más de 45.000 metros cuadrados, están situados junto a la línea férrea Madrid-Cartagena, la avenida Pintor Portela y la calle Mahón. El planeamiento urbanístico fue aprobado en 2008, pero las obras de urbanización nunca se ejecutaron. Inicialmente promovidos por Sando Proyectos Inmobiliarios, los suelos pasaron en 2013 a Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.U., que tampoco cumplió los plazos.
La Junta de Gobierno Local abrió un procedimiento de declaración de incumplimiento urbanístico, conforme a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. La medida facultaba al Ayuntamiento para adoptar medidas como la ejecución subsidiaria o incluso la expropiación.
Tras la intervención municipal, la empresa depositó un aval de 1.259.582,69 euros, equivalente al 50 % del coste estimado de las obras, y acordó un nuevo calendario. El programa establece 18 meses para iniciar las obras desde la aprobación definitiva y otros 18 meses para su conclusión desde la firma del acta de replanteo.