El Ayuntamiento de Cartagena ha sido condenado a indemnizar con 54 millones de euros a los promotores del Plan Parcial del Vivero por un auto de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. El Gobierno local considera la cuantía desproporcionada, al entender que no puede incluir el valor del suelo -que sigue siendo propiedad de los demandantes- y ha anunciado que solicitará la nulidad de las actuaciones y presentará recurso de apelación contra la resolución.

Los Servicios Jurídicos municipales solicitarán por un lado la nulidad de las actuaciones, al tiempo que presentarán recurso de apelación al auto resolutorio que fija una indemnización a los promotores del Plan Parcial del Vivero, al considerar que no se han tenido en cuenta los informes realizados por el Servicio de Urbanismo y la Oficina de Gestión Presupuestaria aportados por el Ayuntamiento de Cartagena, tal y como ha informado su alcaldesa, Noelia Arroyo.

El auto emitido por la Sección de lo Contencioso-Administrativo fija indemnizaciones por valor de 54 millones de euros, una cantidad que los servicios jurídicos ven desproporcionada al considerar que únicamente deben limitarse a los costes de la tramitación urbanística y en ningún caso al valor del suelo, que sigue siendo titularidad de los demandantes.

Asimismo, los servicios jurídicos defienden la actuación del Ayuntamiento de Cartagena porque el terreno presenta unos valores ambientales y de protección del Mar Menor que impiden la aprobación de cualquier programa de actuación que propicie su desarrollo urbanístico.

Los servicios jurídicos preparan la defensa jurídica basándose en lo desproporcionado de la indemnización que ha sido fijada, sin tener en cuenta en ningún caso las pruebas aportadas por los técnicos municipales.

Durante el procedimiento, el Ayuntamiento aportó un informe urbanístico que señalaba que dichos terrenos están sin desarrollar urbanísticamente y que los propietarios no han consolidado derecho de aprovechamiento urbanístico alguno.

Críticas desde el PSOE al PP por la "especulación urbanística" 

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Pedro Contreras, considera que la sentencia del Vivero es fruto de la especulación urbanística del Partido Popular durante las tres últimas décadas en Cartagena y en toda la Región, al tiempo que reitera que es vital que no se siga construyendo en el entorno del Mar menor, tal y como los socialistas han logrado que se contemple en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

“Este terreno fue declarado definitivamente urbanizable en el año 2004 con el Partido Popular en los gobiernos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma en base a la Ley del Suelo, también del Partido Popular. El PP impuso un modelo urbanístico depredador, que ha dejado al Mar Menor herido de muerte y que ahora provoca estas sentencias, que tendremos que pagar todos los cartageneros. Es absolutamente intolerable”, señala Contreras.

El PSOE ya denunció en 2019 que el proyecto de El Vivero era absolutamente inviable, ya que pretendía construir más de 600 viviendas y carecía de la evaluación preceptiva sobre la Red Natura 2000, que protege esta zona por su fragilidad y valor ecológico

“Desde el primer momento nos hemos opuesto a este proyecto porque no es compatible con la supervivencia del Mar Menor y eso es fundamental para nosotros y para el futuro del municipio”, reitera Contreras.

Respecto al PGOU, conviene aclarar que dichos terrenos se clasificaron como no urbanizables en la aprobación inicial por unanimidad de toda la corporación del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, y que dichos cambios no serán firmes hasta su aprobación definitiva.