Cuidado, ChatGPT, que te viene una ley encima

El Artificial Intelligence Index Report que elabora cada año la Universidad de Stanford (el próximo aparecerá muy pronto) nos ofrecía en su última edición de 2022 un oxímoron público-privado de lo más jugoso. Tras analizar los registros legislativos sobre inteligencia artificial (IA) en 25 países, encontró que la cantidad de proyectos que contenían "inteligencia artificial" y acabaron siendo aprobados como ley pasaron de solo uno en 2016 a 18 en 2021. ¿Y adivinas quién estaba en cabeza? Sí, España, Reino Unido y Estados Unidos aprobaron la mayor cantidad de ellos: en 2021, cada uno adoptó tres.

Si se mira el periodo 2016-2021, Estados Unidos (13) fue el país que convirtió en ley más proyectos legislativos relacionados con IA, seguido por Rusia (6), Bélgica, España y el Reino Unido (5 cada uno). Pero quedaba una rendija aún para ser más que nadie: el nuestro fue el país del mundo que más veces (269) incluyó una mención a la IA en sus procedimientos legislativos en 2021 y sólo Reino Unido le superó en el periodo 2016-2021. ¿Hay una imagen más elocuente de la relación de nuestra clase política con las grandes tendencias tecnológicas?

Sobre todo porque si se repasan las estrategias nacionales de IA publicadas en 2019 (Ministerio de Innovación y Ciencia) y 2020 (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), el libro de 200 páginas titulado Artificial Intelligence, Robotics & Data Science, dentro de la iniciativa "CSIC Scientific Challenges: Towards 2030", o el Componente 16 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lleva por subtítulo «Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial», simplemente no aparecen datos oficiales sobre la realidad de la IA en nuestro país. Te animo a comprobarlo. 

Qué más da, a la hora de legislar no nos para nada. En el Foro Transfiere de Málaga, conversando con un gran profesional del ámbito del I+D, él me comentó que había participado los últimos meses en la redacción de una estrategia de IA para Catalunya. "Al menos vosotros incluid datos", le dije.

La realidad del mercado es sustancialmente distinta a la que transmiten nuestros intrépidos legisladores. La inversión privada en IA en España en 2021 ascendió a 890 millones de euros, según los datos de NetBase Quid que cita el informe de Stanford, la mitad que Francia y Canadá, cuatro veces menos que Israel, casi cinco veces menos que Reino Unido, 18 veces menos que China y 53 veces menos que Estados Unidos. 

Si miramos el periodo 2015-2021, la inversión privada española (1.300 millones de dólares) es más de 100 veces inferior a la estadounidense (149.000 millones de dólares), está casi 60 veces por debajo de la china y en el grupo europeo destacado es una tercera parte de la francesa y de ahí, para arriba. Lo preocupante es que la suma de la UE ni siquiera hace cosquillas al gigante norteamericano. Eso sí, en inversión. En legislación y planes estratégicos, Bruselas, como Moncloa, no deja que nadie le tosa.

Para qué hablar del número de compañías de IA creadas entre 2013 y 2021. EEUU supera a la suma de todos sus seguidores con 3.234, más del triple que China (940) y muy por delante de Reino Unido (427), Israel (264) y Francia (242). España sólo ha puesto en marcha 56, según Stanford.

Es conveniente revisar esta recopilación de datos de contexto para transmitir un mensaje de urgencia a nuestros centros de conocimiento y al tejido empresarial y devolver, en suma, la atención a la realidad que debemos abordar, evitando distracciones desmedidas de esas que el mercado sabe alentar tan hábilmente. 

Ahora, por ejemplo, irrumpen propuestas cada vez más sofisticadas de IA generativa como las muy mediáticas de OpenAI, como ChatGPT y DALL-E. Habrá más. Y se integrarán en todo. Queda mucho terreno que recuperar para hablar con voz propia en el ámbito de la IA, no podemos permitirnos seguir persiguiendo espejismos.

Solemos confundir acción política con regulación, formación de grupos de reflexión y, sobre todo, fiscalización, esto último por encima de cualquier otra cosa. Bien lo saben los gestores públicos llegados a la Administración desde el sector privado: todo se ahoga en informes justificativos y es un calvario sacar algo nuevo adelante. Lo menos habitual desde la política es la gestión, que tiene un componente equiparable al área de ventas y comercial de las empresas muy notable. Y no por falta de impulso, sino por exceso de suspicacia. 

Llegamos así al hecho, a la realidad, de que superamos a cualquier otro país a la hora de legislar sobre algo en lo que somos tecnológicamente insignificantes. Habrá una ley sobre ChatGPT mucho antes de que hayamos consolidado un sector de IA que aproveche esa tecnología. Y de momento, las señales no invitan al entusiasmo.