Niños secuestrados por sus padres: otra consecuencia de la pandemia 

MURCIA. Tras la tempestad llega la calma, o eso queríamos creer antes de tener que lidiar con las consecuencias de la cuarentena, que han llegado a ser tan devastadoras con el virus en algunos casos. En concreto, las parejas divorciadas con hijos menores están sufriendo la necesidad de conciliar su vida familiar en tiempos convulsos a causa del coronavirus.

Uno de los grandes problemas derivados de esta situación es el secuestro de niños por parte de sus propios padres con la excusa de proteger al menor de la pandemia. Este suceso es habitual cuando uno de los progenitores vive en un país distinto y no tienen la custodia de su hijo, entonces viaja con él para disfrutar del régimen de visitas, pero cuando llega la hora de devolver al niño deciden no hacerlo con la excusa de la crisis sanitaria.

"Es muy grave porque se puede perder a los menores"

Se trata de una situación que se produjo de forma recurrente durante la cuarentena, pues los padres aprovecharon la situación de confinamiento para retener a sus hijos. El problema es que una vez que se ha acabado el estado de alarma es que algunos de los niños que estaban en otros países no han sido devueltos con el argumento de protegerlos de la situación sanitaria española, una de las peores de Europa.

Asimismo, los progenitores también se aprovechan de la imagen de poca coordinación que está mostrando España de cara al inicio del curso por la falta de un criterio uniforme. De esta forma, defienden que los menores estarán más seguros dentro de las fronteras de los países en los que los mantienen retenidos.

María Dolores López-Muelas, vocal de la Asociación de Abogados de Familia (AEAFA), muestra su preocupación a Murcia Plaza por estos sucesos que "son como un secuestro". Al fin y al cabo, la única diferencia entre una retención ilícita y un secuestro es que en el primer caso existe una autorización para llevarse al menor en un primer lugar, aunque está regulado de la misma manera y "en ambos casos es muy grave porque se puede perder a los menores", asegura Lola López-Muelas.

El proceso para recuperar a los niños puede ser complicado

El procedimiento en estos casos es contactar con el Ministerio de Justicia, que contactarán con la autoridad central del país donde se encuentre el niño. También hay que contactar con un abogado experto que hablará con otro en ese país, lo que acelerará el proceso.

El proceso debe tener una duración máxima de 6 semanas según el Convenio de la Haya, "pero nunca dura eso", comenta la letrada. "Si es un país de la UE suele ser dos o tres meses, si no lo es dura hasta un año y si no ha firmado el convenio de la Haya puede ser que ni devuelvan al niño". También remarca la importancia de comenzar el proceso antes de un año.

Las consecuencias legales de retener ilícitamente a un niño pueden alcanzar los dos años de cárcel con facilidad, aunque Lola López-Muelas recomienda los procesos dirigidos por la vía civil, con lo que no habría consecuencias penales.

Sin embargo, las retenciones ilícitas no han sido solo casos aislados que se han producido fuera del país, pues dentro de España también han ‘secuestrado’ niños durante la cuarentena cuando los progenitores viven en ciudades distintas. De nuevo, los padres han aprovechado que los niños se encontraban en su casa cumpliendo el régimen de visitas cuando inició el confinamiento para no querer moverlos, es decir, "se han aprovechado de las circunstancias para retener a los niños", lamenta la vocal de AEAFA. No obstante, estos niños sí que fueron devueltos una vez que concluyó el estado de alarma.

Además, otra situación de conflicto recurrente es la causada por no haber podido aprovechar el régimen de visitas durante la cuarentena. En este caso, los padres que no hayan podido beneficiarse de este derecho están recurriendo al nuevo procedimiento que se ha creado a causa de la covid para recuperar las horas que les corresponden para estar junto a sus hijos.

El nuevo procedimiento judicial durante la crisis del coronavirus

El real decreto 16/2020, que tiene una vigencia de tres meses desde el final del estado de alarma, se aplica de forma urgente para hacer frente a las variaciones que se hayan propiciado por culpa del coronavirus, es decir, para las personas que se encuentren en un ERTE, que hayan perdido su puesto de trabajo y demás circunstancias adversas relacionadas con la pandemia. De esta forma, se proporciona la posibilidad de celebrar una vista verbal en diez días para regular las nuevas condiciones, algo que podría tardar un año en un procedimiento estándar.

Asimismo, este procedimiento está siendo empleado por los padres para renegociar las condiciones de las pensiones, para modificarlas o reducirlas. Esta medida la están llevando a cabo sobre todo personas con ERTE o que habían perdido su puesto de trabajo y no pueden seguir afrontando este gasto, de forma que necesitan cambiar la sentencia urgentemente.