El director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres. Foto: EPMURCIA (EFE). Los expertos dan por hecho que el Gobierno seguirá la recomendación de Bruselas de contener el gasto público en los Presupuestos del próximo año, una medida que consideran "necesaria" pero "insuficiente" para avanzar en el equilibrio de las finanzas públicas.
Esa recomendación, según los expertos consultados por Efe, es la antesala de la futura regla de gasto europea, que previsiblemente surgirá de la esperada reforma de las reglas fiscales, que se encuentran suspendidas desde el inicio de la pandemia.
A finales de mayo, la Comisión Europea recomendó a España prudencia fiscal y contención del gasto público corriente en 2023 debido al escenario de elevada deuda de las administraciones.
En la práctica, la limitación del gasto corriente podría suponer que techo de gasto "no podría crecer más de un 4 % nominal" el próximo año, apunta el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres.
"Lo óptimo sería que el gasto público no tuviera ningún tipo de crecimiento", añade el director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo.
El Economista Jefe de BBVA Resarch para España, Miguel Cardoso, descarta que esa limitación vaya a tener ningún impacto sobre los Presupuestos de 2023, ya que en los últimos ejercicios "el gasto no viene creciendo tanto como el PIB" e incluso hay una reducción del gasto en la ejecución de los primeros meses del año.
Para el ejercicio 2022, el límite de gasto no financiero se situó en 196.142 millones de euros, un máximo histórico aunque apenas varió con respecto al del año anterior (196.142 millones).
Según los expertos, la recomendación de Bruselas tampoco tendrá impacto sobre las inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, ya que al limitarse al gasto corriente, no afecta a ciertos programas presupuestarios -como deuda, pensiones o inversiones- y, además, las medidas del Plan conllevan una entrada de recursos.
Ante este limitado impacto, Cardoso cree que se trata de "una medida necesaria pero no suficiente" para reducir la deuda pública, algo en lo que coincide Torres: "La economía no necesita un incremento del gasto corriente sin que los recursos corrientes lo permitan".
A pesar de ello, Izquierdo defiende que "una política fiscal más responsable y que mejore la eficiencia en la gestión del gasto público tiene un efecto muy positivo en el crecimiento económico a largo plazo", aunque cree necesario también que "se disipen los temores" de subidas tributarias.
La Comisión instó a España a evitar que el gasto público corriente aumente más que el crecimiento económico potencial a medio plazo, aunque teniendo en cuenta el impacto de las ayudas a hogares y empresas para paliar los efectos de la inflación energética y de los costes asociados a la guerra en Ucrania.
En la orden ministerial que dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos de 2023, el Gobierno especifica que el límite de gasto no financiero, que debería aprobarse este verano, será "coherente con las previsiones fiscales y las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo".
Así, todo parece indicar que el Ejecutivo va a seguir las recomendaciones de la comisión de no aumentar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía española, que según lo consignado en el Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas en abril se sitúa en el 1,6 % para los próximos años.
A la espera de conocer la cifra de techo de gasto para 2023, el Banco de España ya revisó a la baja su estimación de gasto público corriente para el próximo año en sus últimas proyecciones macroeconómicas, precisamente por la recomendación de Bruselas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que poner en marcha esta medida reduciría el déficit público hasta el 2,7 % del PIB en 2023, pero, al mismo tiempo, ve difícil cumplir la recomendación dado que la inflación va a elevar un 8,8 % el gasto en pensiones el próximo año.
