Cada vez más se acerca la eliminación del pasado, de la historia, de la memo… que ya perderá hasta su nombre completo. No hay que recordar, ni mencionar y jamás valorar positivamente cualquier hecho del pasado, salvo que la nueva ley te diga que sí o te obligue a ello
La Transición española, quizá excesivamente alabada y encumbrada como una proeza sin precedentes por la mayoría de los historiadores y analistas de la España contemporánea, tuvo sin duda más luces que sombras, o al menos su resultado fue más positivo y eficaz para España, su evolución social y la consolidación de su joven democracia. Por lo tanto, tiene sentido y es más que razonable que en lugar de estar eternamente planteándonos y cuestionándonos todo lo que sucedió en aquellos años, hiciéramos uso del statu quo con las decisiones que se tomaron y pensáramos más en el futuro y en la libertad y menos en la revancha y el rencor.
La Ley de Amnistía de 1977 tenía una clara utilidad política y servía para unos y otros, tirios y troyanos, era un "olvidemos el pasado y empecemos de cero", una fórmula práctica para reconciliar aquellas dos Españas y para avanzar en la democracia sin estar enfrentados eternamente. Pero tras cuatro décadas y con el persistente y contumaz discurso del universo independentista, nacionalista, incluso pro terrorista, el actual gobierno en su afán por dejar al de Zapatero como unos becarios del socialismo real, se pone manos a la obra para reabrir heridas, derribar leyes consolidadas y heridas cicatrizadas y poner sobre la mesa una nueva ley que, como casi todas en estos tiempos, no mejora nada y siempre busca abrir viejos y olvidados problemas, resucitar venganzas y buscar el enfrentamiento entre iguales teniendo siempre a un lado como el bueno y otro como el malo.
La deberían llamar la Ley de Memo… porque solo a un memo y malvado se le puede ocurrir la idea de reescribir la historia, hurgar en las luchas de hace casi un siglo y pretender legislar para ganar una batalla que gracias a Dios no se da, no está en el tablero y los españoles no quieren enfrentarse sino encontrarse, como se hizo en esa ahora denostada Ley de Amnistía. La concordia que buscaba el legislador en la última etapa de los 70 y parte de los años 80 es inversamente proporcional a la afrenta y agravio constante con que se pretende regular la convivencia hoy en día.
El anteproyecto de ley de memoria democrática en su exposición de motivos hace el ejercicio de contradicción y confusión a que nos tienen acostumbrados nuestros actuales gobernantes. Fíjense, en el primer párrafo nos deja una frase que parece más bien de un mitin: "El firme compromiso con la pedagogía del "nunca más" se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo". Aquella expresión que se popularizó, si mal no recuerdo, con la crisis del Prestige en Galicia sirve ya para una ley de tal importancia; en cambio, unas líneas más adelante encontramos un párrafo lleno de sentido común y que viene a reconocer que como decía al inicio de esta columna, las cosas en la Transición se hicieron bastante bien, dentro de que todo es mejorable, y la exposición de motivos dice: "La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país".
La intención del actual legislador es amordazar más la libertad de expresión, el estudio pausado y no partidista de la historia y poco a poco hasta la liberad de pensamiento será puesta en tela de juicio. La ley que se pretende aprobar va contra la memoria, la verdadera memoria de cada español con sus vivencias y recuerdos, contra el perdón y la reparación por la que apostaron nuestros mayores en un acto de madurez y convivencia pacífica. Es una forma de imponer una visión partidista y maniquea de la historia reciente y al mismo tiempo de condenar al ostracismo a quienes osen a manifestarse contra cualquier postulado que la Ley de Memos imponga y penalice. Con Bildu como aliado de este gobierno socialista, ¿qué puede salir mal?