Foto: EFE/QUIQUE GARCÍAMADRID (EP). El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han abogado por explorar la posibilidad del pago por uso para las vías de alta capacidad, lo que "ayudaría a internalizar las externalidades medioambientales y de congestión, acercando los costes privados a los sociales".
El Consejo General de Economistas y Fedea han celebrado este martes una sesión titulada 'Infraestructuras del transporte: desarrollo actual y posibilidades de futuro', con objeto de analizar en profundidad las distintas variables, tanto cuantitativas como cualitativas, que hacen que a pesar de que España sea el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes de alta velocidad y el tercero con más autopistas y autovías, esta situación no se traduzca en una clara ventaja competitiva para el país, e intentar aportar ideas para su mejora.
Los expertos del CGE y de Fedea consideran que la política de infraestructuras de España es "francamente mejorable" y que se han invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras, que a menudo "resultan redundantes o excesivas en relación con las necesidades existentes y se ha descuidado el mantenimiento de redes esenciales de transporte".
En esta línea, en la apertura del acto, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha señalado que España dispone de una de las redes de infraestructuras de transporte "más importantes del mundo", pero cabría preguntarse si "todas estas infraestructuras son realmente eficientes y si están mejorando la competitividad como debieran".
Por ello, según Pich, "habría que definir un modelo de financiación equilibrado que permitiera tanto asegurar los recursos necesarios para realizar nuevas inversiones como para mejorar la red actual".
De esta manera, los economistas aconsejan que sería necesario evitar la sobreinversión en determinados mercados y la no adecuación de las infraestructuras a la demanda, así como desplazar una parte mayor de los costes del sistema de transporte hacia sus usuarios a través de cargos o peajes, "lo que ayudaría a internalizar las externalidades medioambientales y de congestión".
También abogan por establecer unas reglas "claras" de funcionamiento y reparto de riesgos y responsabilidades en la colaboración público-privada, así como intentar alcanzar un acuerdo institucional entre los partidos políticos en materia de financiación de infraestructuras.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigador asociado de Fedea, Ginés de Rus, ha destacado en su intervención que los problemas de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en España "vienen de antiguo y responden a una asignación ineficiente de riesgos entre las empresas concesionarias y la Administración", que se traduce en la "tensión entre los principios de riesgo y ventura del concesionario y de mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión".
"La urgencia de resolver estos inconvenientes no está en discusión; sin embargo, en mi opinión, el problema de fondo seguirá sin resolverse si no se lleva cabo la reforma integral de la gobernanza del sistema", ha señalado el catedrático.
Por su parte, la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), Anna Matas, se ha centrado en el hecho de que España cuenta con un 'stock' de infraestructuras de transporte que se sitúa por encima de la media de los países de la UE.
Sin embargo, resalta la catedrática, "en las últimas décadas los avances de la productividad han sido muy escasos", quien también ha aprovechado para mencionar que "esta aparente contradicción puede explicarse por el hecho de que no cualquier inversión en infraestructura redundará en mejoras en la productividad y, en consecuencia, en un mayor crecimiento económico".
Con respecto a la gratuidad del transporte público, los expertos concluyen que "en la medida que generaría un número excesivo de viajes y no lograría reducir de manera significativa el uso del coche", este no parece conveniente.
Por último, los expertos han hecho hincapié en que las inversiones en infraestructuras deberían someterse a un filtro previo para asegurar una rentabilidad social mínima, ya que "la evaluación debería contemplar todos los costes y beneficios sociales relevantes".
