Las plantas de biogás se multiplican en la Región de Murcia como una solución para transformar residuos en energía renovable. Sin embargo, su rápida expansión está provocando protestas vecinales y choques institucionales que revelan un problema de fondo: la falta de planificación y de reglas claras para implantar una tecnología llamada a ser clave en la transición energética.

 

Protestas vecinales y respuestas institucionales

 

La proliferación de propuestas  de plantas de biogás en Murcia ha provocado un aumento visible de la protesta ciudadana. En los municipios donde se anuncian nuevos proyectos, las concentraciones y reclamaciones vecinales se repiten, con preocupaciones recurrentes: olores molestos, aumento del tráfico pesado, proximidad a viviendas y cultivos, dudas sobre la gestión del digestato —residuo sólido y líquido de la digestión anaerobia— y posibles impactos sobre suelos y acuíferos.

 

El malestar tiene una raíz común: la sensación de que los proyectos avanzan sin una ordenación territorial clara. Muchos vecinos perciben estas iniciativas como decisiones tomadas sin transparencia ni planificación, impulsadas por empresas privadas  y sin una coordinación y supervisión públicas suficientes, lo que alimenta la desconfianza.

 

Esta presión social, respaldada por asociaciones ecologistas y empresariales, ya ha tenido efectos concretos. En Lorca, el Ayuntamiento ha rechazado once proyectos por no cumplir los criterios establecidos. En Murcia, se emitió un informe desfavorable para la planta de Baños y Mendigo de Biometano Murcia Levante S.L. En Molina de Segura, la Asociación de Empresarios del Polígono La Polvorista recurrió judicialmente un proyecto de Heygaz Spain S.L. por presuntas irregularidades ambientales y urbanísticas. En Cartagena, el Pleno municipal aprobó por unanimidad paralizar el proyecto de la planta de Los Camachos hasta que exista una regulación que fije distancias mínimas a núcleos urbanos, sistemas de control de olores y vigilancia ambiental.

 

Más allá de cada caso concreto, el malestar tiene una raíz común: la sensación de que los proyectos avanzan sin una ordenación territorial clara. Muchos vecinos perciben estas iniciativas como decisiones tomadas sin transparencia ni planificación, impulsadas por empresas privadas  y sin una coordinación y supervisión públicas suficientes, lo que alimenta la desconfianza.

 

La estrategia del biogás, en cuestión

 

En el conjunto de Europa, el biogás se ha consolidado como una herramienta clave para reducir la dependencia del gas importado. Programas como RePowerEU han movilizado importantes inversiones, pero la experiencia de países como Dinamarca, Suecia o Alemania demuestra que el éxito no depende solo del dinero, sino de una visión estratégica rigurosa y coordinada.

 

En España, el desarrollo del biogás avanza de manera desigual. La Hoja de Ruta del Biogás, junto con la Guía de Buenas Prácticas, aprobadas en 2022 por el Gobierno central, ofrecen orientaciones generales, pero de carácter voluntario, lo que limita su eficacia. Cataluña es, por ahora, la única comunidad que ha convertido estas recomendaciones en una estrategia autonómica propia. En el resto de regiones, los proyectos están impulsados principalmente por promotores privados, con una implicación pública limitada.

 

En Murcia, el modelo de implantación territorial del biogás refleja esta debilidad. El sector se apoya en gran medida en iniciativas privadas, sin un marco autonómico claro, público y coherente.

 

En Murcia, el modelo de implantación territorial del biogás refleja esta debilidad. El sector se apoya en gran medida en iniciativas privadas, sin un marco autonómico claro, público y coherente. Solo los municipios de Murcia y San Javier contemplan en sus planes urbanísticos una categoría específica para instalaciones de alta incidencia ambiental. Esta disparidad genera inseguridad jurídica: proyectos similares reciben tratamientos distintos según el municipio, con efectos directos tanto para la ciudadanía como para los promotores, y una protección ambiental y social desigual condicionada por la interpretación local o la presión vecinal.

 

La región carece de un documento público que reúna información básica sobre el sector, como un mapa de adecuadas localizaciones para las plantas, su capacidad, los tipos de residuos que tratarán, la gestión de los productos acabados y subproductos, sistemas y planes de seguridad o el calendario de ejecución. Según Sedigas, la Comunidad de Murcia podría albergar hasta 40 grandes plantas de biogás, capaces de producir 3,47 TWh de biometano a partir de entre 3,8 y 7,7 millones de toneladas de residuos agroalimentarios, agrícolas, ganaderos y urbanos. Cinco años después de estas estimaciones, solo dos plantas están operativas, con una producción conjunta que alcanza apenas el 2,3 % de lo previsto.

 

La ausencia de planificación no es solo un problema administrativo: erosiona la confianza social, refuerza la sensación de decisiones arbitrarias y dificulta que el biogás se consolide como una solución energética sostenible y socialmente aceptada.

 

Vacíos normativos y control de riesgos

 

En España, las plantas de biogás se diseñan y operan bajo un marco general de normas. En otros países, como Alemania, existen reglamentos específicos y consolidados para este sector. La ausencia de un marco único obliga a los operadores a navegar en un entramado complejo de normas industriales, ambientales y de seguridad. Esto deja vacíos importantes frente a los estándares europeos. Mientras en otros países basta con una certificación especializada y unificada, en España se requieren múltiples permisos genéricos, sin garantizar una gestión completa de los riesgos del biogás.

 

El sector del biogás en España sigue siendo incipiente y todavía no cuenta con la experiencia en seguridad de industrias más consolidadas. Un estudio de Elsevier documenta 75 accidentes en plantas de biogás entre 1990 y 2023. Los incidentes incluyeron fallos mecánicos, explosiones, problemas eléctricos y liberación de gases tóxicos. La mayoría de estos accidentes se relaciona con el incumplimiento de normas fundamentales, como la directiva ATEX, que regula los riesgos de explosión. Garantizar la seguridad del sector requiere aplicar regulaciones estrictas y adoptar medidas de prevención sólidas.

En Europa, la directiva Seveso III regula la evaluación de riesgos de accidentes graves en instalaciones con sustancias peligrosas, garantizando medidas de prevención y seguridad. En España, muchas plantas que deberían estar incluidas en esta normativa no están registradas como establecimientos Seveso. En Murcia, ninguna de las dos instalaciones en funcionamiento está inscrita, a pesar de su gran capacidad.

 

La norma UNE-EN 13725 permite medir olores y prevenir molestias. En España, su aplicación es voluntaria, no habiendo constancia pública de que se haya exigido en las plantas de Murcia. En otros países europeos, esta norma es obligatoria, lo que asegura un control más riguroso de las emisiones.

 

La Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales y la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados establecen un marco legal sólido a nivel europeo y nacional. Sin embargo, su aplicación depende de normas autonómicas y municipales, lo que genera fragmentación y desigualdad.

 

El biogás en la Región de Murcia es una oportunidad para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, pero también plantea importantes retos. El sector avanza a trompicones debido a un plan de actuación estatal insuficiente, directrices autonómicas escasas y no vinculantes, planes urbanísticos municipales dispares y falta de control riguroso de los riesgos.

 

Biogás en Murcia: más que energía

 

El biogás en la Región de Murcia es una oportunidad para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, pero también plantea importantes retos. El sector avanza a trompicones debido a un plan de actuación estatal insuficiente, directrices autonómicas escasas y no vinculantes, planes urbanísticos municipales dispares y falta de control riguroso de los riesgos. Como resultado, la ciudadanía permanece en alerta y los proyectos tienden a ubicarse donde los requisitos son más laxos.

La región no solo se juega su capacidad de producir energía limpia, sino también la credibilidad de su transición energética, amenazada por conflictos sociales evitables y vacíos normativos que otros países ya han superado.