MADRID (EFE). Fedea cree que la reforma de pensiones que el Gobierno plantea, volviendo a blindar su poder adquisitivo, comportaría un aumento "muy considerable" del gasto que "podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable" y requeriría de alzas de impuestos y cotizaciones.
En un análisis muy crítico sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del Gobierno en materia de pensiones, Fedea señala que tanto el Ejecutivo como la Comisión del Pacto de Toledo comparten un diagnóstico "francamente optimista e intencionadamente tranquilizador" de la situación y las perspectivas del sistema público de pensiones y pide una política "más cauta".
Para Fedea el reciente informe de la Comisión y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 marcan el inicio de una reforma "que desmantela los mecanismos de control automático del crecimiento del gasto que constituían el núcleo de su antecesora" y que, basándose en ese análisis demasiado optimista, puede llevar al sistema a una situación complicada.
En ausencia de otras medidas, añaden, este cambio de política "condenaría" a un déficit permanente que aumentaría "significativamente" durante las próximas tres décadas "abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro" con una "fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas".
"Para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos", concluye el informe, "resultaría necesaria una inyección muy considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales".
Para llegar a este punto, Fedea cuestiona tanto las cantidades que el Ministerio de Seguridad Social cifra como gastos impropios, que deja en el mejor de los casos en unos 4.700 millones frente a los 22.871 millones del Gobierno, como las proyecciones de gasto, demografía y migraciones planteadas o la efectividad de las medidas propuestas como los incentivos a la jubilación demorada.
Y ante todo esto, el análisis pide una política "más cauta" en pensiones con una serie de medidas.
Entre ellas está la extensión gradual del período de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, así como el endurecimiento de otros parámetros que determinan el cálculo de la pensión y el acceso a la misma.
También la puesta en marcha lo antes posible del factor de sostenibilidad o el establecimiento, una vez alcanzada la edad de jubilación de 67 años, de "un nexo automático entre la edad de jubilación y la esperanza de vida en buena salud, con las salvaguardas necesarias para las ocupaciones de mayor penosidad".
En cuanto a la revalorización de las pensiones, cree que las mínimas sí deberían ligarse al IPC con el fin de garantizar su suficiencia, pero para el resto propone introducir un índice de actualización sensible a la situación financiera del sistema, aunque de forma menos drástica que el actual IRP.
Y pide preservar, al menos en parte, los mecanismos de disciplina automática introducidos en la reforma de 2013 o buscar otras alternativas que ayuden a contener el crecimiento del gasto en pensiones, "en vez de fiar por entero la viabilidad del sistema a un fuerte incremento de sus ingresos por cotizaciones o transferencias estatales que, entre otros serios problemas, podría dejarnos sin demasiado margen de maniobra fiscal de cara a la financiación de otras necesidades importantes".
