Foto: KIKE TABERNERMADRID (EP). El 83,9% de la población española de entre 18 y 75 años, un total de 22,9 millones de personas, admite haber jugado a algún juego de azar en el último año y la gran mayoría de los usuarios consideran la actividad como una parte normal de su entretenimiento.
Así, se desprende de la edición 2023 de la encuesta 'Juego y Sociedad', que elabora anualmente el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), que se ha presentado este jueves en la sede de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana.
En concreto, al margen del juego público -Loterías del Estado y productos de juego de la ONCE- que practica un 66% de la población, un 17,9% de los españoles practica juegos de entretenimiento que se ofertan en casinos, salones de juego, bingos o apuestas deportivas.
Así, el juego de entretenimiento se sitúa seis puntos por debajo del teatro (24,5%), casi dos puntos por encima de la pintura (16,1%), dobla al número de personas que tocan instrumentos musicales (9,6%) y quintuplica a los que van a la ópera (3,3%).
El 61% de los usuarios considera que las pérdidas son el precio que paga por un rato de entretenimiento, mientras que el 15-20% de la población española se muestra renuente a jugar.
De este modo, señalan que se ha vuelto a la situación prepandemia cuando la actividad se situó en niveles similares a los de las crisis económicas. Así, en 2020, el 80,9% de los españoles practicaron alguna modalidad de juego, un dato muy similar al de 2013 (80,3%), mientras que a largo de estos últimos dos años, las cifras han ido recuperando paulatinamente los niveles prepandemia con un 82,4% de jugadores en 2021 y un 83,9% en 2022.
Por su parte, el juego ilegal ha descendido: los jugadores de timbas en 2022 bajaron al 1,6% de la población de entre 18 y 75 años, unos 560.000 individuos, los niveles habituales previos a la covid; mientras que el porcentaje de usuarios de apuestas en 2022 descendió a un 2,3%, por debajo de 2020, año en el que se situó en 3,7% por razón de la pandemia.
Por otro lado, desde 2013, el porcentaje de población entre 18 y 75 años que declara jugar en máquinas "B" en bares se sitúa entre el 4% y el 5,9%, es decir, 1,4 y 2,1 millones de personas. En concreto, en 2022 se situó en 4,1%.
El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha destacado que este sector "siempre ha estado y estará dispuesto a colaborar con todos los actores para avanzar en la protección del usuario con medidas responsables y razonables".
El juego privado aporta, entre tasas especiales e impuestos, más de 1.700 millones de euros a las arcas públicas, lo que supone mil millones a la aportación que hace el juego público, unos 700 millones de euros, según las cifras del Anuario del Juego 2023 que también se ha presentado en València.
Asimismo, señalan que el juego privado emplea a 47.000 trabajadores, diez mil más que el juego público, y el gasto en juego supone el 0,76% del PIB, prácticamente igualando el gasto registrado en 2019.
El 48% de este gasto procedió de loterías gestionadas por el sector público, un 5,7% más respecto a 2019, mientras que el gasto en juego privado se recupera más lentamente y está al 89,4% del nivel de 2019.
En concreto, las apuestas "han agotado su ciclo ascendente, entrando en una fase de estabilidad, al igual que los salones de juego, mientras que el bingo está en proceso de reinvención frente al declive de las máquinas en hostelería".
Además, una parte del gasto en juegos de entretenimiento (casinos, apuestas y bingo) se ha desplazado a la modalidad online, que ha pasado de los 740 millones de euros a 924 y es especialmente significativo en juegos de casinos y slots. El juego online se encuentra estabilizado desde 2016 entre un 3,3% y un 4% de jugadores activos.
Por otra parte, el director general de CeJuego ha afirmado que la Ley 1/2020 de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana "no regula el juego, sino que en la práctica lo prohíbe" y sostiene que "no previene la ludopatía, sino que la fomenta".
Al respecto, ha argumentado que la prohibición del juego "provoca un efecto de Ley Seca por el cual los usuarios pasan del juego legal al ilegal que carece de controles de ningún tipo y en el que el usuario está más desprotegido".
Asimismo, ha afirmado que "se han puesto en peligro 2.500 empleos y están en riesgo más de 147 millones que reciben las arcas regionales en tasas del juego" y ha sostenido de que de no cambiarse la Ley, "esta situación podría agravarse aún más, provocando una práctica desaparición del sector".
En ese sentido, ha afirmado que la aplicación de la norma "supondría el final del 87% de los salones de juego abiertos hoy en Valencia, unos 450 establecimientos" y que si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) les da la razón la Generalitat "podría llegar a tener que indemnizar a las empresas del sector con 800.000 euros por cada establecimiento cerrado, unos 360 millones de euros".
