El juez archiva la denuncia contra Miras y un cargo de Salud al no ver "indicios de pruebas" en la operación de un familiar de Egea

MURCIA. Carpetazo judicial a la denuncia de Podemos e IU por presunto cohecho en la operación quirúrgica de un familiar de Teodoro García Egea. El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia ha decretado el sobreseimiento de la denuncia que ambas formaciones políticas de izquierdas presentaron contra el actual presidente murciano, Fernando López Miras, y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, según informan fuentes judiciales. El juez ha hecho suyos los argumentos del fiscal que ya pedía el archivo de la denuncia, cuyo origen se remonta a raíz de una información publicada por el diario infoLibre. 

En la resolución, con fecha de este lunes, 20 de diciembre, el magistrado, que hace suyo el informe del Ministerio Fiscal, estima que "procede el archivo del procedimiento por cuanto que los hechos que se exponen en la denuncia no pasan de ser una mera sospecha, basada en noticias periodísticas y huérfana de mínimos indicios probatorios que avalen el inicio de un procedimiento penal". Y, asimismo, hace alusión a dos certificaciones de fecha 8 de junio de 2021, firmadas por un responsable del Área 1 del SMS las cuales justifican, en relación al paciente, "la regularidad del tratamiento, prioridad y fechas de intervención médica objeto de la denuncia".

La historia de la denuncia apenas ha tenido recorrido judicial, si bien sí tuvo el reproche político de los partidos de la oposición. El 7 de diciembre se conocía que el juez abría diligencias previas contra López Miras y Torrente siguiendo la denuncia presentada por Podemos e Izquierda Unida. En el mismo texto, el magistrado pedía al fiscal que estudiara la "viabilidad jurídica" de la denuncia para decidir si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los dos denunciados. Apenas una semana después, la Fiscalía se pronunciaba con un contundente escrito en el que solicitaba el archivo porque no veía "indicios mínimos" para admitirla a trámite. Así las cosas, el titular del Juzgado ha decretado su carpetazo.

Pantallazos en la Asamblea 

El origen de la denuncia se basa en la noticia que publicó el diario InfoLibre. La información, que fue negada categóricamente por el Gobierno regional, señalaba que Miras "medió en abril para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano de García Egea". Adjunta en la noticia los pantallazos que captó una cámara en el pleno de la Asamblea Regional del 14 de abril, en los que se leen los mensajes que desde el móvil cruzó el presidente regional con el secretario general del PP. "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", indicó presuntamente Miras. "Cojonudo", respondió supuestamente García Egea, siempre según infoLibre. El número dos del PP, añade la noticia, también recordó supuestamente a Miras que su familiar debía pasar antes por un cardiólogo. "Asegúrate de que lo citan, por favor", se puede leer en otro mensaje que el presidente murciano escribe presuntamente para el secretario general de Salud, según menciona el diario.

Podemos e IU, al hilo de estas publicaciones, iniciaron la vía judicial para investigar los hechos. El Gobierno regional, por su parte, apenas una hora después de publicarse la noticia, emitía un comunicado negando categóricamente los hechos denunciados, cuya información calificó de "absolutamente falsa". Y anunciaron una querella por intromisión ilegítima en la intimidad personal con vulneración de los derechos fundamentales al secreto en las comunicaciones y a la intimidad. 

El fiscal no ve cohecho ni tráfico de influencias

Sin embargo, las acusaciones se han caído (al menos judicialmente) una vez que han pasado por las manos del fiscal Juan Pablo Lozano, quien en su escrito sostiene que no hay indicios. Según sus argumentos, no puede ser cohecho porque "no se ha vinculado la supuesta intervención de López Miras ni del secretario Torrente con dádiva, beneficio o recompensa alguna por su supuesta intermediación en favor de sí mismo o de un tercero con abuso de su cargo público, lo que como tal, invalida a priori la imputación de cualquier modalidad del delito de cohecho, ya sea propio o impropio, por tratarse del elemento nuclear de dicho delito". 

Y añade: "No consta mencionado en la denuncia que el solicitante Teodoro Egea ni los solicitados López Miras y Andrés Torrente hayan ofrecido o solicitado respectivamente, recompensa, dávida o gratificación alguna por dicha actuación de intermediación en favor del paciente familiar del primero de ellos".

Del mismo modo, el fiscal tampoco cree un posible tráfico de influencias, pues considera que "no podrían encuadrarse los hechos denunciados de supuesta mediación en favor de un tercero para obtener una fecha de intervención quirúrgica incumpliendo los tiempos reglamentarios como un delito de tráfico de influencias, al no constar que con ello se pretendiese obtener una resolución que pudiera generar un beneficio económico".

"Incoherente la actuación de los denunciantes"

En su informe, el fiscal también afea como "incoherente" la actuación procesal de los denunciantes "al omitir como denunciado a un aforado mencionado en la denuncia: el verdadero beneficiado sería un tercero (un paciente familiar de un cargo político, el aforado Teodoro García Egea), sin que los altos cargos denunciados obtuvieran beneficio alguno concretado en la denuncia para entender la inicial imputación de un supuesto delito de cohecho, y sin que tampoco se concrete ofrecimiento alguno de dávida por el político solicitante del favor administrativo interesado". 

Y agrega: "Llama la atención que la denuncia no se presente de forma íntegra contra los 3 supuestos intervinientes en tales hechos que se denuncian como delictivos, pues aunque uno de ellos pudiera ser aforado ante el Tribunal Supremo, los hechos relatados parecen inescindibles y deberían valorarse conjuntamente la actuación de los tres, cualquiera que fuera el resultado final".

Además, como colofón, el fiscal añade otro motivo más: "La propia Fiscalía conoce de la existencia de dos certificaciones de fecha 8-6-2021 firmadas por el Coordinador de Admisión del Área 1 del SMS por constar aportadas en las diligencias de Investigación nº 294/2021 de Fiscalía -que han provocado una denuncia contra el funcionario que accedió al sistema informático para obtener copia del expediente del familiar supuestamente "recomendado"-, certificaciones que justifican la regularidad del tratamiento, prioridad y fechas de la intervención médica objeto de la denuncia. Se aporta copia de ambas certificaciones".