Ha pasado casi una semana desde la celebración de las elecciones generales del 23J y no se ha modificado la situación que cristalizó tras el recuento: el PP, en estado de shock; el PSOE, de euforia. Nadie diría que el primer partido ha ganado las elecciones. De hecho, el PP ha restañado heridas con gran eficacia respecto de los -terroríficos- resultados de 2019. Ha recuperado prácticamente todo el espacio político que le arrebató Ciudadanos entonces, y ha cortado el auge de Vox. El PP ha logrado vencer en las elecciones por primera vez desde 2016, y con un resultado muy similar al de entonces, la última vez que ganó una votación de investidura.
¿Cuál es, entonces, el problema? Por un lado, obviamente, porque el PP no podrá gobernar con estos resultados (en 2016 lo consiguió con el PSOE absteniéndose en la investidura, algo impensable ahora). La fortaleza del PSOE y de Sumar, que esencialmente mantuvieron los resultados de noviembre de 2019 (un poco mejor que entonces el PSOE, un poco peor Sumar), va a ser suficiente para impedir cualquier veleidad del PP de obtener una investidura, y no digamos un Gobierno estable.
El PP y sus socios preferentes (Vox, UPN) suman 170 escaños. Si añadimos la diputada de Coalición Canaria, se quedaría en 171, a cinco de la absoluta. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Ni siquiera una eventual operación para hacerse con algunos “socialistas buenos”, que por lo visto -eso creen ahora el PP y Vox- los hay en el siniestro pozo de cieno del sanchismo separatista, comunista y -aún peor- perrosanxista de Pedro Sánchez, serviría de nada. Hay que conseguir -comprar- demasiados “socialistas buenos” como para que la operación sea factible.
El PP no podrá gobernar porque es víctima, una vez más, de las tozudas matemáticas de la Antiespaña: desde que aparecieron Ciudadanos y después Vox, los partidos nacionalistas no quieren saber nada de la derecha española, porque la derecha de Ciudadanos y sobre todo de Vox es una derecha surgida, ante todo y sobre todo, para combatir a los nacionalismos periféricos en un grado mucho más tajante que el que nunca planteó el PP. Ciudadanos quería acabar con el cupo vasco. Vox, directamente, quiere ilegalizar los partidos nacionalistas y finiquitar el régimen autonómico (o eso dicen: una vez han descubierto que el sistema autonómico también sirve para darles paguitas, pesebres y coches oficiales a ellos, parece que se lo están pensando).
En segundo lugar, el PP ha sido víctima de sus propias expectativas. Henchido por las encuestas y por los buenos resultados electorales del 28M, la imagen que ha dado la campaña de las Generales que ha hecho el PP, desde el inicio, ha sido la de la inevitabilidad de su victoria: el PP iba a volver a gobernar, iba a “derogar el sanchismo”. La mayoría de la población -me incluyo- se ha creído este planteamiento, porque las encuestas así lo anunciaban. Pero el problema es que las encuestas también anunciaban que, sí o sí, el PP sólo podría sumar con Vox. Ni podría sumar en solitario ni con sus socios alternativos, por la sencilla razón de que sus socios alternativos no existen. Y esto ha movilizado al votante de izquierdas más politizado para intentar impedir una coalición de la derecha y la extrema derecha. Pero, a pesar del resultado, hay que decir que no ha sido una movilización masiva, pues, descontados los votos del CERA, se ubicará en torno al 69%.
Esta participación, de hecho, podría considerarse baja, a la luz de los datos históricos. Las participaciones más bajas de la historia han sido las de noviembre de 2019 (66,2%), junio de 2016 (66,5%), 1979 (68%), 2000 (68,7%) y 2011 (68,9%). Es decir, las dos repeticiones electorales de 2016 y 2019, en las que las derechas mejoraron resultados respecto de los comicios inmediatamente anteriores, y tres victorias claras de las derechas: 1979 (segundo gobierno de Suárez), 2000 (mayoría absoluta de Aznar) y 2011 (mayoría absoluta de Rajoy).
Desde tiempos inmemoriales, la estrategia electoral en campaña de la derecha española consiste en tratar de desmovilizar a la izquierda, bien sea mostrando un perfil poco agresivo, bien sea exhibiendo la inevitabilidad de su victoria, o mediante la combinación de ambas (como sucedió en 2011, el mejor resultado histórico del PP y de la derecha en su conjunto). En esta ocasión, podemos decir que al PP le ha salido bien el plan a medias: ha vencido en las elecciones y ha conseguido que la participación sea relativamente baja -en un contexto, es cierto, en el que la participación tiende a descender, pues ya quedan muy lejos en el tiempo las victorias de Zapatero, con participaciones del 75% y el 73%).
El problema para el PP es el siguiente: aunque se ha librado de Ciudadanos, y eso le permite concentrar con más eficacia el voto conservador (algo particularmente claro en las provincias menos pobladas), aún queda Vox. Y con Vox, y sin nadie más, es muy difícil para el PP forjar una mayoría de Gobierno. Porque Vox vuelca por completo el juego de mayorías, aportando prácticamente todo el voto nacionalista a la coalición encabezada por el PSOE.
Pensemos en los resultados en términos ideológicos. La derecha, en sus diversas manifestaciones (PP – Vox – Junts – PNV – CC – UPN), ha obtenido 183 escaños, una mayoría clara, que constituiría un 48,95% de los votos (añadiendo también al PDeCAT). La izquierda (PSOE – Sumar – ERC – Bildu – BNG) se ha quedado en 167 escaños, traducidos (si añadimos también a la CUP y a Nueva Canarias) en un 48,46% (todo ello, sin añadir el voto CERA, que en estos momentos está en pleno recuento). Es decir, estamos ante un empate en votos que se traduce en una victoria en escaños de la derecha derivada de la ventaja relativa que obtiene el partido más votado en el reparto, que ha sido el PP en la mayoría de circunscripciones, y en particular en las más pequeñas.
Sin embargo, esta victoria queda sin efecto en un contexto político en el que no sólo el PP no puede pactar con casi nadie que no sea Vox, sino que es tal el miedo que genera el acceso de este partido a las instituciones que a los demás partidos no les queda otro remedio que apoyar al PSOE para impedirlo, con independencia de las disputas o divergencias que puedan tener con los socialistas, pues éstas siempre serán insignificantes en comparación con la amenaza de un Gobierno del PP apoyado en Vox. Esto el PSOE lo sabe perfectamente, y los ciudadanos también.
Por eso, a pesar de que la suma de partidos necesaria para la investidura de Pedro Sánchez parece complejísima, casi todo el mundo parece tener claro que al final la conseguirá. Porque la alternativa es una repetición electoral en la que la derecha (visto lo sucedido en las dos repeticiones anteriores, en las que mejoró resultados) probablemente sí conseguiría sumar 176 diputados… y el responsable sería aquel partido que con su voto en contra o su abstención no hubiera apoyado la investidura de los socialistas. Y esto tendría un coste electoral importante para cualquier partido, incluso para Junts, que vería como el votante independentista que oscile entre ellos y ERC les culparía de una situación de crispación y deterioro de la autonomía y las instituciones de Cataluña y, en consecuencia, podría decantarse por los republicanos y su pragmatismo, hoy tan denostado.
Y ello en un contexto en el que el PSOE también recibe los réditos de apostar por una España menos agresiva consigo misma (con la evidente condición plural de nuestra sociedad, nuestra tradición cultural, recorrido histórico y diversidad lingüística), porque no es sólo que cuente con el apoyo casi incondicional de los 11 diputados nacionalistas vascos y el apoyo condicionado, pero probable, de los 14 independentistas catalanes. Además, el PSOE ha ganado las elecciones tanto en el País Vasco como en Cataluña. En esta última, la segunda comunidad autónoma más poblada de España, el PSC se ha beneficiado claramente de uno de los principales éxitos de Pedro Sánchez: la pacificación de Cataluña lograda en la pasada legislatura. Unida a la desmovilización de parte del voto independentista, desalentado precisamente por la desunión de este espacio, a su vez propiciada porque el Gobierno de Sánchez ha logrado desactivar la polarización en torno al procès de independencia, el PSC logró el 28M un resultado histórico.
Sin Cataluña y el País Vasco, las derechas habrían conseguido, de largo, la mayoría absoluta. Algunos supuestos “pensadores” de la derecha, de hecho, ya piden que se conceda la independencia a estos territorios. Librándonos de catalanes y vascos, dicen, ganaremos siempre. Curiosa noción de patriotismo esta. Pero, a la espera de que esto suceda (de que un hipotético “líder” de la derecha se libre de la cuarta parte del país concediendo independencias unilaterales porque, si no, no salen las cuentas electorales), y mientras Cataluña y País Vasco formen parte de España, las matemáticas de la Antiespaña dan el mismo resultado que daban en 2019: con el PP y Vox no basta. El PP necesita que Vox desaparezca. Como la manera de lograr este objetivo consiste en el “abrazo del oso” de coaligarse con Vox en todas partes, es evidente que en este periodo de transición (que puede durar cuatro, ocho o quién sabe cuántos años) nadie más va a acercarse al PP para pactar nada.