Foto: EUROPA PRESSMADRID (EP). La defensa del expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio que tiene previsto celebrar el próximo 17 de noviembre contra él y otros 34 excargos del Govern por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior enmarcada en el 'procés'.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa se basa en la jurisprudencia establecida por la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) 3746/2020, de 10 de noviembre, que señala que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito".
Puigdemont considera "preocupante" que "se quiera continuar con un juicio de responsabilidad contable conociéndose que está pendiente aún el procedimiento penal del cual podrán o no deducirse las correspondientes responsabilidades contables".
En este sentido, sostiene que sería "un gasto indebido de recursos públicos" celebrar el juicio del 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas y dictar una sentencia que luego "en función del resultado del procedimiento penal se tuviese que revisar".
Así las cosas, insiste en que a la vista de la doctrina del Supremo resulta "manifiesto" que lo que procede es la suspensión del juicio, dado que el procedimiento penal --que está inconcluso a la espera de que el juez instructor del TS Pablo Llarena le tome declaración indagatoria porque continúa prófugo en Bélgica-- es un "elemento previo, fundamental y necesario para determinar cualquier eventual responsabilidad contable".
El expresidente catalán ampara su solicitud de suspensión "en aras a salvaguardar" sus garantías constitucionales; "en particular, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías".
Aunque reconoce que un enjuiciamiento contable puede ser "compatible" con el enjuiciamiento penal incide en que la propia Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas fija que sólo se puede ejercer con separación cuando exista sentencia firme en la jurisdicción penal, cuando se trata de unos mismos hechos.
El letrado Gonzalo Boye extiende la petición de suspensión también a otros dos encausados en el procedimiento contable: los exconsejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí.
La vista está fijada en el calendario el 17 de noviembre las 11.00 horas e incluye la práctica de tres testificales, incluida la del propio Puigdemont --no como testigo, sino como parte--.
Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press precisan que aunque los encausados no tienen obligación de comparecer dado que les pueden representar sus defensas, el caso de Puigdemont es distinto porque en la audiencia previa celebrada el pasado diciembre la consejera delegada accedió a citar al expresidente catalán a petición de otra de las defensas.
Las mismas fuentes apuntan que se da por hecho que la citación de Puigdemont es presencial porque hasta el momento su defensa no ha comunicado imposibilidad alguna para acudir al TCu ni ha solicitado que comparecer por vídeoconferencia.
Se espera, además, que ese día se dé por presentada la prueba documental y que las conclusiones sean aportadas luego por las defensas y las acusaciones --en este caso ejercidas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana--.
Cabe recordar que en esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta --además de Puigdemont y Junqueras-- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
La Fiscalía precisó en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O "cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo" al condenar por malversación a Junqueras y a los ex consejeros Romeva, Bassa y Turull. También incluyó en su demanda a tres "rebeldes": Puigdemont, Comín y Puig.
Respecto a la parte de la demanda relativa a los gastos de la acción exterior, el Ministerio Fiscal incluyó tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsejeros como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del 'Diplocat', tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.
