Examen de oposiciones, en una imagen de archivo. Foto: JAVI CARRIÓN (EP)MURCIA. Las oposiciones de Primaria llegan a manos de la Justicia. Los interinos exigen la paralización de la oferta de empleo, cuyas pruebas están previstas que comiencen el 18 de junio, y para ello han acudido a los tribunales.
La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur) ha interpuesto un recurso judicial en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) regional en el que pide medidas cautelares contra dos disposiciones: contra la oferta de empleo público para funcionarios docentes dictada el 17 de febrero y también contra la orden del 24 de febrero por la que se convocaba el proceso para ingresar en el cuerpo de maestro en este 2022, así como la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023, dictada en la anterior oferta de empleo público.
En concreto, reclaman la paralización de la oferta de empleo público que ya fue impugnada y, con ello, "la suspensión del procedimiento selectivo convocado por la orden de 24 de febrero de 2022, en lo que a las 466 plazas relativas a la oferta de empleo público impugnada se refiere", tal y como consta en el recurso presentado este 20 de abril y al que ha tenido acceso Murcia Plaza.
El decreto del 17 de febrero estipulaba una oferta de empleo público para 2022 con una cantidad de 466 plazas para el cuerpo de maestros (434 de ellas para el turno libre y 32 para personas con discapacidad), integradas en un total de 905 plazas (841 para el turno libre y 64 para el turno de discapacidad) que se ofertan en el procedimiento selectivo convocado por la orden de 24 de febrero de 2022 -que fue impugnada- y que convoca las plazas de las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022.
La asociación Aidmur aduce en su escrito que las 466 plazas adscritas a la oferta de 2022 "exceden con creces las que legalmente serían encuadrables en la tasa de reposición". A su juicio, "se han incluido decenas de plazas correspondientes a vacantes de plantilla que, por mor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, debían reservarse a procesos especiales de consolidación".
Aidmur deja claro en su recurso que tienen un "evidente interés legítimo en que los interinos docentes murcianos puedan concurrir a las convocatorias extraordinarias". Pero advierten: "No podemos tolerar que en la oferta de empleo público de 2022 se integren decenas de plazas como propias de la tasa de reposición, cuando objetivamente corresponden a vacantes de plantilla que deben reservarse a los procesos extraordinarios de consolidación".
Argumentan que el problema se encuentra en que esas 466 plazas "correspondían" a la tasa de reposición de Primaria y Secundaria, es decir, al cuerpo de maestros y al cuerpo de profesores de ESO, pues, según esgrimen, de las 466 plazas, 343 corresponden al cuerpo de maestros y 123 al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.
"Consiguientemente", agregan, "hay como mínimo 123 plazas que conforme al propio documento que la Consejería presentó a los sindicatos no pueden incluirse en la oferta de empleo público de 2022, pues esta se circunscribe a la tasa de reposición del cuerpo de maestros y, según el citado documento, sólo 343 de las 466 plazas se imbrican en dicho cuerpo, siendo las 123 restantes del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria".
Y añaden: "Todo ello aparte de lo tremendamente inverosímil que resulta el hecho de que 466 de las 905 plazas que se sacan a concurso-oposición en el procedimiento selectivo impugnado respondan a una sola oferta de empleo público (la de 2022) y el resto de plazas se refieran a las otras dos ofertas (2020 y 2021), siendo inconcebible que se concentre un número tan descomunalmente alto de plazas en una sola oferta".
Los interinos denuncian por tanto que la Administración regional ha incluido en la tasa de reposición del cuerpo de maestros de la oferta de empleo público de 2022 al menos "123 plazas que no eran encuadrables en la misma al no derivarse de las causas legales que permitan integrarlas allí, correspondiendo a vacantes de plantilla que debían reservarse a los procesos especiales de consolidación de empleo público".
En el recurso presentado ante la Sala acusan a la Consejería de Educación de "absoluta falta de rigor y buena fe en su conducta" y consideran que "se abre una duda más que razonable sobre la posibilidad de que la tasa de reposición de 2022 para el cuerpo de maestros se haya inflado más allá de esas 123 plazas".
Exponen como requisitos para la medida cautelar las fórmulas "periculum in mora" (peligro en demora) y "fumus bonis iuris" (apariencia de buen derecho). Y justifican asimismo que la suspensión no perjudicaría los intereses generales, "ya que la totalidad de las plazas incluidas en la OPE de 2022 están cubiertas por funcionarios interinos", por lo que, indican, "no supone trastorno o perjuicio alguno para el interés general que se mantenga su cobertura por dicha vía hasta la resolución del litigio, ya que ninguna necesidad docente será desatendida al existir funcionarios plenamente competentes cubriéndolas".
