MURCIA. Más de 350 fincas ubicadas en Alhama de Murcia y Librilla tendrán que ser expropiadas como consecuencia de las obras de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería. El Ministerio de Transportes ya ha publicado en los boletines oficiales la resolución por la que se abre el trámite de Información Pública del expediente de expropiación forzosa correspondiente al tramo Sangonera-Totana, cuyas obras se enmarcan en la plataforma del Corredor del Mediterráneo.
La resolución, firmada por la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, incluye el listado de las parcelas que se verán implicadas. Son un total de 352, según ha podido comprobar Murcia Plaza. De todas ellas, 215 pertenecen al término municipal de Alhama de Murcia y las 137 restantes se localizan dentro de los límites locales de Librilla. La inmensa mayoría de ellas son parcelas de naturaleza rural.
Este expediente fue iniciado por el Administrador Ferroviario (Adif) el pasado 7 de octubre con el objetivo de disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Con la apertura del trámite de Información Pública, se abre un plazo de quince días para que "los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas puedan formular por escrito ante el departamento las alegaciones que consideren oportunas", tal y como establece la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.
La resolución incluye el desglose de todos los propietarios afectados, con el número de hectáreas involucradas. Todos ellos están convocados al levantamiento de las actas previas a la ocupación. La fecha de citación, de hecho, aparece en el listado publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La construcción del AVE que unirá la capital de la Región con Almería avanza con la meta de estar finalizada en el año 2026, como así se ha comprometido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Hace un mes también se conocía el desglose de los terrenos afectados por las obras en el tramo de Totana-Lorca, que supone la expropiación de unas 80 parcelas (todas ellas en la Ciudad del Sol, menos una que será en Totana).