Dos mujeres en sus bicicletas. Foto: KIKE TABERNERMADRID (EFE/David Álvarez). El 29,6 % de los gases de efecto invernadero de España proviene del sistema de transportes, una problemática que para 2050 tendría que estar solucionada si se quieren cumplir los objetivos fijados por Bruselas, y para ello se necesitará una movilidad mucho más sostenible.
A pesar de la paralización de la nueva ley de movilidad sostenible debido al adelanto de las elecciones generales a este mes de julio, lo cierto es que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para este año es de 21.273 millones de euros, que en buena parte se están utilizando para tratar de impulsar la movilidad sostenible.
Según el Gobierno, se trata de la cifra "más ambiciosa" en 13 años y supone un incremento del 9 % respecto a un año antes, gracias, en gran parte, a que casi el 25 % proceden de los fondos europeos Next Generation inyectados para afrontar los efectos de la pandemia.
La movilidad sostenible en el futuro pasa por reducir los trayectos que se realizan cada día con medidas como aumentar el teletrabajo, reducir las distancias entre la casa y el trabajo, mejorar los servicios de transporte público y aumentar su frecuencia, según explica a EFE la portavoz de Greenpeace Cristina Arjona.
En la actualidad, y según datos de esa organización, el coche ocupa el 70 % del espacio público de las calles de España, y utilizando medidas como añadir dos días más a la semana trabajando desde casa y reduciendo de esta manera sus trayectos derivados, se ahorrarían 790 toneladas de CO2 en Madrid y 1.153 en Barcelona, lo que equivale a un 5-6 % de las emisiones producidas por la movilidad de personas en dichas ciudades.
Parte de esos traslados se podría realizar en tren. En España, en torno al 60 % de las plazas ferroviarias son de media distancia y cercanías, de los cuales casi la mitad de la flota de Renfe son trenes de tracción eléctrica, convirtiendo a este método de transporte junto a la alta velocidad en el más respetuoso con el medio ambiente.
Además, el 100 % de la electricidad consumida por sus vehículos es de origen renovable, según la propia compañía.
Para Arjona, no es tanto una cuestión de infraestructuras, sino de servicios. "En infraestructuras es suficiente, España es uno de los países con más vías de tren de Europa. Lo que hay que hacer es aumentar los servicios para que haya mayores frecuencias y horarios”.
La inversión en red convencional y Cercanías será este 2023 un 43 % del presupuesto del MITMA (3.467 millones de euros), lo que supone un aumento del 22 % respecto a 2022 en la inversión de los presupuestos generales del Estado en este ámbito, con medidas como renovar y ampliar tras varios años el número de trenes disponibles.
En España, Pontevedra es un caso de éxito: la ciudad lleva más de 20 años desde que comenzaron las principales peatonalizaciones del casco urbano y ha conseguido reducir un 30 % el tráfico en el centro de la ciudad y un 70 % en toda el área metropolitana, reduciendo un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el sur de España, Sevilla y Málaga son otros dos ejemplos de movilidad sostenible o de acciones que han reducido los trayectos más contaminantes, con medidas como la apuesta por el carril bici o la ampliación de sus vías de metro.
La capital andaluza se convirtió junto a Barcelona en una de las 20 ciudades del mundo en las que más se utiliza la bicicleta y multiplicó por 11 el número de usuarios en cinco años, mientras que Málaga ha ampliado sus líneas de metro en tramos suburbanos y ya registra un crecimiento de sus viajeros del 45 % respecto a 2022.
Un estudio reciente realizado en Copenhague asegura que por cada kilómetro de carril bici construido se han generado 400.000 euros de beneficios y el ayuntamiento de París mantiene que ha reducido en un 40 % sus emisiones gracias a los carriles bicis en los últimos ocho años.
Las empresas españolas también se muestran cada vez más concienciadas con el medio ambiente, incluyendo medidas sostenibles en sus negocios y obteniendo amplios beneficios económicos con estas.
Por ejemplo, la cadena de supermercados asturiana Alimerka, que opera en el norte de España, incluyó en su flota en 2021 el primer camión eléctrico de gran tonelaje de España, después de haber sido también una de las pioneras en apostar, en 2012, por las furgonetas eléctricas.
En la actualidad, cuentan con camiones eléctricos de 26 toneladas y otras 26 furgonetas eléctricas para sus repartos, de forma que es la empresa con la mayor flota industrial eléctrica de España en movilidad sostenible y una de las cinco mayores de Europa.
Otras como la empresa de instalación de puntos de carga eléctricos Etecnic, que es el tercer operador público de España en número de puntos de recarga y el primero en ser una pyme, se dedican directamente a facilitar este tipo de movilidad con iniciativas públicas como la red de recarga EVcharge, que en Cataluña está en más de 500 municipios.
La empresa de alquileres de patinetes y bicicletas Lime, también española, ofrece una alternativa sostenible en los desplazamientos, que con este tipo de vehículos pueden llegar a ser hasta un 25 % más sostenible que el metro o incluso un 70 % más que un autobús, según un estudio de la compañía.
Las zonas de bajas emisiones como Madrid 360, que ha reducido las emisiones del centro de la ciudad un 31 % desde la implantación de medidas como una flota de autobuses 100 % limpia, todavía no se han implementado en el 92 % de las ciudades de más de 50.000 habitantes que deberían según el real decreto que las reguló en diciembre.
Estas zonas que hasta el momento estaban siendo sustituidas de manera poco eficaz por almendras peatonales, tendrán que ser implantadas por los ayuntamientos antes del final de 2023 o si no deberán devolver las subvenciones recibidas de Europa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
