MURCIA (EFE). El Gobierno regional ha presentado un recurso contra el decreto del Consejo de Ministros que reduce las cantidades máximas de agua que se podrán trasvasar del Tajo al Segura, y ha pedido también medidas cautelares para pedir que su aplicación quede suspendida mientras se decide sobre su legalidad.
Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al ser preguntado por los periodistas tras participar en un recepción con las Reinas de la Huerta con motivo de las Fiestas de Primavera en Murcia capital.
Miras ha recordado que este 10 de abril concluía el plazo para poder recurrir ante el Tribunal Supremo los planes hidrológicos y de cuenca aprobados el pasado 24 de enero por el Consejo de Ministros, y el Ejecutivo murciano los ha recurrido, tal y como anunció que haría ese mismo día.
Ha insistido en que esos planes de cuenca supondrán recortar a la mitad el agua que se podrá recibir a través del trasvase, lo que ha calificado como una “decisión política, ideológica y sectaria” que no se basa “en ningún dato objetivo ni informe científico o técnico que avale o justifique en modo alguno” ese recorte.
En ese sentido, ha subrayado que no se han aportado informes sobre el posible impacto social, medio ambiental o económico positivo que recortar los envíos de agua tendrá sobre el río Tajo, pero sí existen estudios, tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura como de varias universidades, que alertan de los “graves perjuicios” en esos tres aspectos que la medida tendrá para la zona del Levante.
Por ello, no solo se ha presentado el recurso, sino que se han solicitado medidas cautelares “para revertir la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de forma inmediata”, todo ello con el objetivo de “impedir a toda costa” que se reciba menos agua del trasvase.
Como ya informó Murcia Plaza, los argumentos esgrimidos por la Comunidad en su defensa del Trasvase son que la "falta de coordinación" entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura compromete la viabilidad del trasvase y no garantiza su funcionamiento, al tiempo que la fijación de caudales ecológicos carece de criterios técnicos que la amparen.
En este sentido, el Gobierno murciano tiene previsto arremeter en su recurso contra la "ausencia de claridad y transparencia" en las deliberaciones y votaciones del Consejo Nacional del Agua, según explicó el consejero de Agua, Antonio Luengo.
Y es que, según el dictamen del Consejo de Estado, en varias explicaciones de los votos "se pone de relieve que existió cierta confusión acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era el original o el propuesto 'in voce' por el secretario de Estado de Medio Ambiente". Por ello, el Ejecutivo autonómico advierte que algunos de los votos se emitieron "condicionadamente" a que la redacción fuera una u otra.
De hecho, el supremo órgano consultivo del Gobierno de España puso de manifiesto en su dictamen que "habría sido deseable" que la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua "se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto del proyecto, preferentemente por escrito" y de "modo especial" sobre un asunto "tan relevante" como esa disposición.
Por otro lado, el Gobierno murciano ha recordado que el Consejo de Estado planteó también "dudas" sobre los aspectos relativos a los acuíferos compartidos y la necesidad de coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase.