MURCIA (EFE). El Gobierno regional ha presentado este miércoles en la Asamblea Regional el borrador del Pacto por la Justicia, que reclama al Gobierno central la creación de 27 unidades judiciales y 15 plazas de fiscales más en la comunidad para alcanzar la media nacional en recursos humanos y materiales. Esta cifra es una de las reclamaciones que expresó el presidente del TSJ, Pascual del Riquelme, en la apertura del año judicial.
Los consejeros de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, han detallado el contenido del documento a los grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE y Podemos, que han criticado que no se haya abordado el texto previamente con el Gobierno central ni con los partidos.
El borrador cuenta con 50 medidas concretas de mejora y modernización de la justicia en la comunidad, basadas en cinco apartados: medios materiales; modernización tecnológica; formación y capacitación; y mediación y arbitraje.
En materia de recursos humanos, el texto reclama, además de las 27 unidades judiciales y los 15 fiscales, un mayor número de agentes especializados en menores de edad, violencia de género, medicina legal y ciencia forense y turno de oficio.
Respecto a los medios materiales, el pacto pide los nuevos palacios de justicia en Lorca y Molina de Segura y la ciudad de la Justicia de Cartagena, así como la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Adecuar espacios para mantener la privacidad en los juzgados de violencia de género, extender el sistema digital Lexnet a todos los profesionales jurídicos, mejorar la interoperatividad, pedir formación para el personal y extender las delegaciones de mediación y arbitraje a todos los partidos judiciales son otras de las medidas solicitadas.
Tanto Ballesteros como Celdrán, que ha emplazado a los grupos a que revisen el texto y manifiesten si se adhieren al mismo, han valorado que este documento incluye las 704 propuestas hechas en el último año por 52 asociaciones, colegios y colectivos relacionados con la materia.
Desde los grupos parlamentarios, el diputado autonómico del PSOE Francisco Lucas ha señalado que analizarán las 50 medidas incluidas para "enriquecer" un documento que no recoge el trabajo previo y del consenso de todas las fuerzas políticas.
En la misma línea se ha mostrado la diputada de Podemos María Marín, que ha denunciado que se pretende "hacer pasar por acuerdo" lo que para su grupo es una "imposición" del Gobierno regional, que sigue utilizando su "rodillo para pasar por encima del diálogo y del consenso con la oposición".
Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha mostrado su predisposición a la unidad de todos los grupos en reivindicar una mejora de los recursos materiales y humanos de la administración de Justicia en la Región de Murcia, pero ha dudado que el Gobierno central vaya a escuchar estas reivindicaciones.
Mientras, su homólogo del PP, Joaquín Segado, ha incidido en que este pacto será la "palanca" para que la Región de Murcia obtenga los recursos necesarios para alcanzar la "plena igualdad jurídica", mientras que la diputada de Cs Valle Miguélez ha subrayado las carencias y necesidades que tiene este sector en la comunidad.
La presentación del documento ha estado presidida por el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual de Riquelme y el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera.