Huelga de letrados judiciales, en una imagen de archivo. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. El 2022 registró otro aumento del dinero que la Justicia retiene en los bancos en la Región de Murcia. Hasta 126 millones de euros se encuentran bloqueados, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al último trimestre del pasado año. Es toda una fortuna que no fluye por la economía murciana. Este dinero procede de las fianzas, las subastas, las multas y las indemnizaciones -entre otros conceptos judiciales- que los ciudadanos tienen que abonar cuando así se lo reclama un juez. Los fondos permanecen bajo custodia en las denominadas cuentas de depósitos y consignaciones.
El saldo acumulado en la Región supera en cinco millones el cierre de 2021, que ascendió hasta 121 millones de euros. Y roza el tope más alto de los últimos años, que fue el año de la pandemia, 2020, que se cerró en 127 millones. No se trata de una tendencia nueva, pues el dinero inmovilizado ha ido creciendo especialmente desde la crisis económica de 2008. En 2010, la cifra se acercaba a los 90 millones de euros. 2018 concluyó en 120 millones. Esto es, hubo una subida del 40% en apenas ocho años.
2023, por el contrario, se ignora cómo transcurrirá, pues aún no se conocen los efectos que dejarán la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que desde el pasado 24 de enero ha paralizado casi 8.000 actuaciones judiciales. De hecho, el responsable de los ingresos de las cuentas de consignación es el letrado de la Administración, una figura conocida anteriormente como secretario judicial.
A día de hoy, la Región es la novena provincia española con más saldo en sus cuentas de consignación. Madrid, como viene siendo habitual, encabeza esta tabla, con 889 millones retenidos, seguida de Barcelona, con 510 millones. En total, la Justicia española suma 4.995 millones de euros en concepto de fondos inutilizados.
Jueces y fiscales llevan años pidiendo más medios materiales y humanos para, entre otras metas, reducir la cuantía de las cuentas de consignación, que cada vez es más elevada. La parálisis impide que ese dinero pueda fluir y generar riqueza, al quedarse atascado. La alta litigiosidad y el déficit estructural en la planta judicial también influyen, pues producen retrasos y demoras en los procesos judiciales.
Durante los últimos tres meses de 2022, los órganos judiciales murcianos contabilizaron 48.835 entradas de dinero, que supusieron 54 millones de euros en ingresos. Al mismo tiempo se dio salida a casi 52 millones a través de 38.943 operaciones, tal y como reflejan las estadísticas oficiales, consultadas por Murcia Plaza.
Todos los órganos judiciales de la Región tienen asignada una cuenta, gestionada por el Banco Santander, que es la entidad de crédito que presta el servicio hasta el año 2022. El responsable de estos ingresos es el letrado de la Administración, una figura conocida anteriormente como secretario judicial.
Las cuentas de consignación, que se dan en todas las jurisdicciones, son los depósitos judiciales por garantías, fianzas, cauciones u otros requisitos procesales, así como las incautaciones de moneda, billetes, cheques bancarios y valores realizables de la Policía, Aduanas o cualquier otro funcionario. También incluye cualquier ingreso que se realice por embargo de bienes y las cantidades que se encuentran en las diligencias judiciales.
