Desalación: un esfuerzo inversor de 677 millones que compensa solo "una fracción" del trasvase

MURCIA. Al plan del Gobierno central para sustituir el trasvase Tajo-Segura por agua desalada no le salen los números. O así lo concluye un informe técnico elaborado por la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que el Ejecutivo autonómico ha remitido al Consejo de Estado. El informe acompaña las alegaciones valencianas al cambio de última hora el en plan de cuenca del Tajo, que ha suprimido del texto remitido al órgano consultivo la disposición adicional novena que sí estaba en el documento aprobado por el Consejo del Agua, y que permitía revisar progresivamente los caudales ecológicos en la cuenca cedente. 

Más allá de dichas alegaciones, fundamentadas en un informe de la Abogacía de la Generalitat que pide recuperar dicha disposición adicional en pro de la seguridad jurídica, el informe técnico elaborado por la Secretaría Autonómica de Paco Candela señala que el plan de sustitución de agua trasvasada por agua desalada exigirá un esfuerzo inversor de 677 millones de euros, y que pese a ello solo se cubrirá "una fracción" de los recursos superficiales que dejarán de llegar por la tubería del Tajo-Segura si se fijan los caudales ecológicos previstos.

El documento de 18 páginas, al que ha tenido acceso este diario, indica que el plan del Tajo sin la disposición adicional novena implica una reducción de 105 hectómetros trasvasados para el año 2027 (el año pasado fueron 295 y para ese horizonte se estiman un máximo de 190). Así, las zonas regables del área del trasvase, dimensionadas para recibir 400 hectómetros, podrán disponer solo de 119 (el resto hasta 190 corresponde al abastecimiento). Para compensar esta merma, se prevé "la movilización de la totalidad de la capacidad de desalinización existente en la demarcación del Segura, tanto la actual como la que puede ser ampliada" para 2027. 

A esta ampliación de la capacidad se sumarían parte de los volúmenes para abastecimiento en el Taibilla de las plantas de Torrevieja y Águilas (25 Hm anuales adicionales), así como lo que se consiga con la mejora del aprovechamiento de aguas desalinizadas y ampliación de las redes de distribución actuales (que se pagaría con fondos europeos), llevando el agua desalada al postrasvase en el entorno del embalse de Ojós. También se prevé instalar energía solar en las plantas para aportar una tercera parte de su consumo energético, y reducir así el precio del agua. 

Todo ello, como se decía, supone un esfuerzo inversor "superior a los 677 millones de euros, que va destinado: por un lado, a conseguir mayores caudales y, por otro, a reducir  la tarifa del agua". Y con todo, "la magnitud de la disminución de los envíos por el trasvase según prevé el Plan Hidrológico del Tajo hace que únicamente se pueda compensar una fracción de aquellos recursos que se dejarán de recibir desde el Tajo", indica el informe.

Daño patrimonial de 485 millones

El informe analiza también el impacto del plan del Tajo y la consiguiente reducción del trasvase sobre el valor patrimonial de la superficie regable afectada. Así, estima (en base a un estudio elaborado en 2021 por Joaquín Melgarejo) que la superficie que se abandonará provocará una pérdida patrimonial de 485 millones de euros en la demarcación: 220 en el Campo de Cartagena, 120 en la Vega Baja de Alicante, y el resto en las otras zonas afectadas de Murcia y Almería. A ello hay que sumar otros 232 millones de euros al año en disminución de actividad económica, un 0,6% del PIB de la Cuenca del Segura, y la pérdida de 8.000 empleos.

Por otro lado, el informe de la Generalitat analiza también las "incoherencias técnicas en la gestión de las masas de agua  provocadas por el cambio de planificación", es decir, por la supresión de la disposición novena. Y en este sentido, considera que "retrasa irresponsablemente la aplicación de medidas adicionales previstas en el Programa Especial" para mejorar el estado de las masas de agua en la cabecera del Tajo, y también posterga el control de dichas masas de agua y del efecto real de los caudales ecológicos sobre su estado. Por ello, los informes de seguimiento del Programa Especial "resultarán extemporáneos", pues se conocerán cuando el aumento del caudal ecológico ya se haya aprobado. Asimismo, "carece de sentido que los resultados del Programa de Seguimiento no se puedan aplicar hasta el cuarto ciclo de planificación hidrológica", ya que 2027 es la fecha tope para lograr los objetivos establecidos por la Directiva  Marco del Agua.