Imagen de archivo. Foto: EUROPA PRESSMADRID (EFE). Las indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO)
ven con suspicacias el reglamento que está preparando la Comisión Europea para reformar los regímenes de calidad en la Unión Europea (UE), por lo que desean que haya cambios.
La Comisión Europea (CE) adoptó en marzo una propuesta de revisión del sistema de indicaciones del vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas para aumentar su utilización en la UE y lograr un mayor nivel de protección, especialmente en internet.
Bruselas espera que la Presidencia sueca de la UE inicie las negociaciones con el Consejo y el Parlamento europeos sobre esta cuestión en la primera mitad de 2023.
En declaraciones a Efe, el secretario de la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España), Federico Moncunill, considera necesario revisar las reglas europeas para "desatascar" la tramitación de las modificaciones de los pliegos de condiciones y las nuevas solicitudes, y para reforzar la normativa de los reglamentos comunitarios "en vez de debilitarla".
Uno de los asuntos que más ampollas levanta es que la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) pase a gestionar esas figuras de calidad en lugar de mantenerlas en el marco de la Organización Común de Mercados (OCM), dentro de la Política Agraria Común (PAC).
A nivel europeo, las asociaciones nacionales de indicaciones geográficas han rechazado la asunción de mayores competencias por parte de la Euipo, salvo Origen España (que representa a 83 indicaciones agroalimentarias españolas), que está a favor de la negociación.
Según Moncunill, la agencia europea debe mantener su papel administrativo y puede acercarse más a las IG, trabajar más con ellas y no cobrarles tasas.
Origen España también solicita la participación directa de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agri) de la CE en la gestión de la política de las indicaciones geográficas, incluida la promoción del desarrollo rural, la sostenibilidad y la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales.
Reforzar la defensa de los nombres protegidos frente al registro de marcas y en internet, fortalecer las IG como herramientas de desarrollo rural y simplificar los procedimientos administrativos son otras de sus demandas.
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), integrada en la Federación Europea de Vinos con Denominación de Origen (EFOW, por sus siglas en inglés), se opone a un nuevo reglamento que agrupe a todas las indicaciones geográficas por el riesgo de que se diluyan las especificidades del sector del vino, que actualmente tiene su propia norma.
Para el coordinador de la Cecrv, Jesús Mora, la propuesta de la Comisión responde más a sus propias necesidades -como las urgencias administrativas ligadas a la DG Agri- que a las del sector agroalimentario.
Mora apunta que, con la reforma de la nueva PAC que entrará en vigor en 2023, ya se han introducido cambios sobre las indicaciones geográficas en la OCM, por lo que si se añade otro reglamento habrá "múltiples disfunciones" y más "complejidad ejecutiva".
Considera que la Euipo puede desempeñar "funciones técnicas y bien definidas en función de su competencia", como gestionar la base de datos de indicaciones geográficas europeas, pero rechaza que la Comisión delegue en esa agencia aspectos relacionados con la gestión de los pliegos de condiciones.
"La Euipo no tiene experiencia ni capacidad suficiente para entender toda su complejidad. Una IG no es solo un derecho de protección intelectual o la protección de un nombre. Es mucho más, es un instrumento de desarrollo rural y agrario", subraya el coordinador de la Cecrv.
No obstante, Mora asegura que la agencia europea sí puede seguir esforzándose contra la falsificación y el fraude, así como proteger las IG en mercados internacionales y negociaciones comerciales, entre otros aspectos.
Añade que "la Comisión se deja en su proyecto de reglamento múltiples poderes delegados para desarrollar las funciones de la Euipo y eso limita la capacidad de codecisión del resto de las instituciones europeas".
A diferencia de otros sectores, el vitivinícola europeo está compuesto por una mayoría de productos con IG.
Fuentes de Cooperativas Agroalimentarias critican la "complejidad administrativa" de la actual propuesta de la CE, al dividir las disposiciones del sector del vino en dos reglamentos distintos.
De ese modo, habría uno de las IG, con asuntos como la protección, internet y la sostenibilidad; y otro de la OCM, con las medidas de mercado, las normas de competencia, las autorizaciones de viñedo, las prácticas enológicas, el etiquetado, los instrumentos de crisis, las organizaciones de productores y otros puntos.
Las cooperativas argumentan que las decisiones que se tomen sobre las DO del vino deben permanecer en la DG Agri y el texto de sus indicaciones geográficas en un único reglamento de la OCM con el fin de garantizar la coherencia en caso de revisión de la normativa.
