Cuando los legisladores retuercen las leyes

Es descorazonador ver que los propios legisladores elegidos el 23J inician su mandato retorciendo las normas que ellos mismos o sus antecesores aprobaron, haciendo que el sistema se acomode a sus intereses. Ahí van unos ejemplos:

Es un fraude de ley, una burla, la decisión de Núñez Feijóo, aceptada por la flamante presidenta del Congreso, Francina Armengol, de posponer más de un mes la sesión de investidura, hasta finales de septiembre, como si el candidato no hubiera tenido tiempo desde el 23J de negociar con los partidos que le pueden apoyar. Si tiene que haber un acuerdo, sea a favor de Feijóo o de Sánchez, se tomará el último día del plazo, así que cuanto más corto sea el plazo, mejor.

Cuando en la Constitución (artículo 99) se estableció el plazo de dos meses para lograr la investidura de un nuevo presidente se supone que era para que no estuviesen cuatro meses negociando, que es el tiempo que se han dado desde el 23J con esta artimaña. La pachorra de Feijóo conlleva tener al Gobierno de Sánchez un mes más en funciones con todo lo que ello supone, entre otras cosas que haya que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado y se dificulte la elaboración de los presupuestos autonómicos. Además, es una burla al papel del Rey, al que podrían haber avisado para que, en lugar de apresurarse a cumplir lo que dice la Constitución, esperase a hacer la ronda de consultas a finales de septiembre y así hacer una propuesta quizás con más posibilidades que la del candidato del PP.

Otro fraude: ERC y Junts van a tener sendos grupos parlamentarios en el Congreso –lo que supone más de 40.000 euros al mes de subvención, entre otras ventajas–, pese a que los votantes no les dieron representación suficiente el 23J. Lo tendrán gracias a una trampa que pervierte el resultado electoral pero que nadie discute porque no es la primera vez, aunque esta sea más descarada que las anteriores: Sumar prestará dos diputados a ERC y el PSOE cuatro a Junts, diputados que inmediatamente después de aprobarse los grupos volverán a casa sin que ello suponga que se disuelvan los grupos que fraudulentamente han ayudado a constituir. En el Senado la cacicada es aún peor, con el PSOE prestando cinco senadores al PNV, seis a Junts y varios a Sumar para que lleguen a diez y puedan formar sus grupos.

El Tribunal Constitucional avaló ese tipo de trampas en el pasado afirmando que la Mesa del Congreso –y la del Senado– es soberana para interpretar el Reglamento, pero una cosa es interpretarlo y otra desvirtuar una norma aprobada por mayoría absoluta. Si no les gusta el Reglamento, que lo cambien y que todos sepan a qué atenerse. Dado el pronunciamiento del Constitucional, la burla soberana de la Mesa al Reglamento debería recurrirse ante la justicia ordinaria y que se pronunciara la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre esta vulneración del Reglamento.

Llevándolo al terreno valenciano, la pregunta es por qué no exigió Compromís al PSOE un grupo parlamentario, dado que sus diputados también son decisivos para la investidura de Sánchez, como lo eran para la elección de Armengol como presidenta del Congreso. Le habría bastado, para tener grupo parlamentario, con que el PSOE le cediera un diputado por Castellón y otro por Alicante, ya que el madrileño Txema Guijarro, que de tanto practicar el paracaidismo parece más alicantino que el mismísimo García Margallo, tiene un cargo en el grupo parlamentario de Sumar. ¿Que el Reglamento no lo permite? Tampoco permite lo de ERC y Junts y lo van a retorcer para que sea posible. Y la siguiente pregunta es: si no ha pedido eso, ¿qué espera obtener la coalición valenciana que lidera Àgueda Micó a cambio de apoyar la investidura de Sánchez? ¿Lo mismo que Baldoví, es decir, nada?

Tanto criticar –con razón– al PP por cuestionar la limpieza de las elecciones a propósito del voto por correo, y ahora es el PSOE el que lleva hasta el Tribunal Supremo el recuento de los votos de Madrid, donde perdió un escaño que se llevó el PP por algo más de 1.300 votos tras el escrutinio del voto extranjero. Piden los socialistas que se revisen los 30.000 votos declarados nulos en Madrid sin haber impugnado ni uno solo tras el 23J cuando en las mesas electorales se decidió que eran nulos, se supone que con la supervisión de los apoderados de su partido. ¿Creen que en centenares de mesas se equivocaron anulando solo papeletas del PSOE? ¿Creen que se hizo trampa? ¿Sospechan de alguna mesa en particular? ¿Por qué callaron sus apoderados cuando estaban ahí para vigilar, entre otras cosas, que no se anulara una papeleta del PSOE sin motivo? 

Con buen criterio, el Supremo ha rechazado la petición del PSOE que pone en cuestión el sistema de recuento. Falta ver si el partido recurre al Tribunal Constitucional, donde con Conde Pumpido al frente nada se puede descartar.

Lo del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es una ocurrencia propia de políticos capaces de comprar votos con cualquier moneda de cambio. Las lenguas están para entenderse, por eso los tertulianos bilingües de RTVE que defienden este despropósito lo hacen en castellano en lugar de predicar con el ejemplo haciéndolo en catalán, euskera o gallego –no digo en valenciano porque no me suena que tengamos a ningún paisano en los foros mediáticos nacionales– con traducción simultánea. Parece ser que en el Senado se usan, aunque nadie lo ha visto porque la mitad de los españoles no sabe lo que es el Senado y a la otra mitad le importa un pimiento lo que allí se diga. 

Seguir el Debate del Estado de la Nación multilingüe por la radio puede ser insufrible hasta para los hablantes de lenguas cooficiales que quieran escuchar al orador al que sí entienden, ya que tendrán que soportar la voz superpuesta del intérprete. Los primeros en darse cuenta de lo absurdo de esta medida serán los diputados que hablen dos lenguas y vean que la autóctona solo les funciona en casa. Como Mónica Oltra, que cuando le interesaba que la oyesen en España se pasaba al castellano.