José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: MATÍAS CHIOFALO/EPUno pensaba que no cabía mayor desvergüenza que la de Pedro Sánchez y María Jesús Montero acordándose de la financiación autonómica después de seis años en el Gobierno, justo cuando necesitan los votos de ERC para que Salvador Illa sea investido presidente de Cataluña; que según Sánchez no tiene nada que ver una cosa con la otra, que las casualidades existen, y las singularidades, ni te cuento. Pero en esto sale José Luis Rodríguez Zapatero y da una entrevista en Servimedia en la que habla de financiación autonómica, entre otros asuntos.
No he podido ver la entrevista entera, solo algunos cortes donde se refiere a esa cuestión, pero estoy seguro de que si Zapatero hubiese entonado el mea culpa y hubiese perdido perdón a los españoles —especialmente a valencianos y murcianos— por el bodrio de Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que nos dejó en 2009, Servimedia lo habría destacado en sus titulares y nos habríamos enterado.
Así que debemos suponer que no hubo asomo de autocrítica en las palabras del expresidente, y mira que podría haber alegado que su engendro debía revisarse a partir de 2014, descargando así parte de la responsabilidad en Rajoy y Sánchez, que la tienen por no haberlo reformado en los últimos diez años.
En lugar de eso, el profesor Piñones se sumaba a la campaña del Gobierno —lluvia fina— para convencer a los españoles de que Cataluña merece un trato singular, con argumentos falsos e inicuos que ya utilizó en 2009 para favorecer a los catalanes. Por ejemplo, que Cataluña tiene competencias específicas como la de prisiones o la de seguridad ciudadana, obviando que esas competencias ya tienen una dotación específica porque cada transferencia que el Estado hace a las CCAA va acompañada del correspondiente compromiso financiero acordado en la comisión mixta de turno.
Peor es su siguiente argumento: "Si usted está en el cuarto lugar en renta per cápita, no puede ser que, después de aportar al conjunto en el modelo de financiación, pase al número 11". Esa perversión del principio de ordinalidad —que una región no pierda posiciones en el orden de renta per cápita tras la redistribución de la riqueza— se basa en una falacia, puesto que Cataluña no pasa al número 11 en renta per cápita tras la redistribución del SFA; sigue en el cuarto lugar. Donde figura en el número 11 es en euros per cápita recibidos del SFA, porque en eso consiste la redistribución de la riqueza, en que reciben más quienes menos tienen.
Ese discurso falaz de la ordinalidad mal entendida, más propio de la Liga Norte italiana que de un señor que se dice de izquierdas, lo expuso recientemente Salvador Illa y lo compra ahora ZP sin que ningún socialista les afee su insolidaridad. ¿Desde cuándo los que más aportan a la cesta común porque generan más renta deben recibir del sistema más que aquellos que menos tienen? ¿Así se construye un país igualitario? ¿No ha recibido España durante décadas más fondos europeos que los países del norte, que son los que más aportan? Según Zapatero, ¿no debe recibir Extremadura más fondos per cápita que Cataluña?
Lo que es una anomalía, y de eso no habla Zapatero porque es culpa suya, es que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, que están en los puestos 12 y 13 de renta per cápita, respectivamente, figuren desde 2009, año tras año, a la cola en el reparto del SFA, con unas transferencias en euros per cápita mucho más bajas que Cataluña, que sigue en cuarta posición en riqueza. De hecho, la que sí perdió un puesto en el ranking, en 2018, fue la Comunitat Valenciana.
Como las circunstancias se parecen bastante a las de 2009, conviene recordar cómo se aprobó el actual Sistema de Financiación Autonómica para que el próximo periodista que entreviste a Rodríguez Zapatero le pregunte si tiene algún acto de contrición que hacer antes de pontificar sobre la solución al problema, que para él es la misma que dio entonces y que se resume en que "Cataluña esté satisfecha". Al resto que les den morcilla.
Zapatero decidió abordar el nuevo modelo de financiación autonómica en 2008, como le venían reclamando las comunidades mediterráneas, que tenían un problema con el SFA de 2002 debido al fuerte aumento de población producido en esa década, para el que no se había previsto un mecanismo de corrección. Tras largas negociaciones con las CCAA, la entonces ministra de Hacienda, Elena Salgado, envió a los gobiernos autonómicos, pocos días antes de someterlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un proyecto con 9.000 millones de euros más a repartir entre las CCAA.
Pero ERC, que gobernaba con el PSC en Cataluña con el socialista Montilla de presidente y Carod Rovira de vicepresidente, lo rechazó y pidió más. De la noche a la mañana, Salgado añadió 2.000 millones al nuevo SFA, casi todos para Cataluña, y luego negoció con Chaves otras prebendas para Andalucía. El resto se quedó con un palmo de narices.
El Gobierno valenciano, presidido por Francisco Camps y con Gerardo Camps como conseller de Economía y Hacienda, decidió votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al igual que otras CCAA gobernadas por el PP, pero Mariano Rajoy les ordenó abstenerse para que no les afeasen que rechazaban recibir más financiación. Y se abstuvieron.
Cuando el proyecto de ley orgánica llegó al Congreso, pactado entre el PSOE y ERC, fue duramente criticado por CiU porque los nacionalistas querían para Cataluña un trato singular, como si 2.000 millones extra no fuera una singularidad. En 2024 es Junts, heredera de CiU, la que critica lo que están negociando PSOE y ERC y pide nada menos que un Cupo catalán.
Al ser una ley orgánica, Zapatero necesitaba al menos 176 votos afirmativos, y obtuvo justo 176, incluidos los de sendos diputados de Nafarroa Bai y UPN, que rompieron la tradicional neutralidad de los partidos vascos y navarros —el SFA no afecta a sus CCAA—, después de que, la víspera, el PSOE admitiera unas millonarias enmiendas para Navarra en los Presupuestos Generales del Estado.
La ley orgánica se aprobó el 12 de noviembre de 2009, con efectos retroactivos al 1 de enero. Votaron a favor PSOE, ERC, Iniciativa per Catalunya-Verds, UPN, NaBai y Coalición Canaria —Canarias también mejoró bastante su financiación—; votaron en contra PP, CiU, BNG y UPyD, y se abstuvieron Izquierda Unida y PNV.
En septiembre de 2010, diez meses después de la aprobación y cuando aún no se había evaluado el primer año de aplicación del nuevo SFA, una Comisión de Expertos nombrada por Les Corts, formada por Juan Martín Queralt, Francisco Pérez, Rafael Beneyto y José Antonio Pérez, emitía un informe que auguraba lo que luego ocurrió: que la Comunitat Valenciana mejoraba algo su posición pero seguiría infrafinanciada —unos ocho puntos por debajo de la media, de farolillo rojo—; que no habría dinero suficiente para los gastos sanitarios, educativos y de bienestar social; que aumentarían el déficit y la deuda autonómicos, y que, en definitiva, ya hacía falta una nueva reforma del sistema.
Quince años después la historia se repite: Sánchez va a pactar la reforma con ERC, una reforma en la que todas las CCAA mejorarán pero Cataluña recibirá un trato especial y, por tanto, desigual. Frente a eso, Mazón se verá en la tesitura de aceptarlo y coger las migajas o rechazarlo y quedarse como está, es decir, peor.
La única esperanza es que Sánchez, que tendrá que comprar votos para llegar a 176, necesite a los dos diputados de Compromís y nos toque algo más que la pedrea. Que hablen con Zapatero, que sabe cómo funcionan esos enjuagues.
