José Ángel Antelo es el líder regional y candidato de Vox a la Comunidad. Foto: VOXMURCIA. Vox plantará cara en la Justicia para frenar la ley que dota de personalidad jurídica al Mar Menor y su entorno. El texto, que fue vio la luz en septiembre de 2022 al ser aprobado por el Senado, ya contó con el rechazo del partido de Santiago Abascal (fue el único que se opuso). Ahora, Vox da otro paso más y sus 52 diputados en el Congreso han registrado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la denominada Ley 19/2922 de 30 de septiembre. A su juicio, la norma, cuyo germen nació en 2019 con una iniciativa legislativa popular que se convirtió en ley gracias al empuje de más de 600.000 firmas ciudadanas, atenta "contra numerosos preceptos constitucionales al dotar de 'personalidad' a un lugar y al generar una gran inseguridad jurídica debido a la vaguedad de los conceptos incluidos en la norma".
Así lo esgrime Vox en su recurso (el número 44 presentado ante el Alto Tribunal), en el que busca que se declare nula ley porque, según argumenta, infringe, en primer lugar, "el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas" ya que "el objeto de la ley pone de manifiesto que no es una ley básica de protección del medio ambiente aplicable a la totalidad el territorio nacional y, por tanto, no correspondería al Estado su redacción. Se vulneran así los artículos 148.1.9 y 149.1.23 de la Carta Magna".
El líder regional de Vox y candidato a la Comunidad, Jose Ángel Antelo, ha dado a conocer los detalles del recurso, acompañado por dirigentes, diputados y concejales. "La ILP es una aberración jurídica y supone un grave perjuicio para todo el sector económico de la zona", señala, muy crítico. "La ILP es una de una ley comunista que atenta contra la libertad de empresa, contra aquellos que nos pagan el sueldo, es decir, el sector agroalimentario, y acaba con la propiedad privada en el entorno del Mar Menor, generando así un ente paralelo que será quien decida qué hacer".
No es la primera vez que Vox acude a los tribunales por un asunto jurídico relacionado con la laguna. También lo hizo por la Ley regional de Protección y Recuperación del Mar Menor, aprobada por la Asamblea Regional en 2020 con los votos del PP, PSOE y Cs. El Alto Tribunal, sin embargo, tumbó aquel recurso.
Ahora intentará buscar la nulidad de un texto que, con su aprobación por las Cortes Generales, convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema europeo dotado de derechos propios, al igual que los tienen las personas y las empresas. Este novedoso enfoque jurídico persigue la protección de la laguna y su cuenca, dañadas durante décadas. También quiere fortalecer la conservación, el mantenimiento y la restauración de la albufera. Además, cualquier persona podrá presentar una acción judicial en nombre de la laguna.
Sin embargo, desde Vox hacen hincapié en "la grave vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad sancionadora, al referirse con vaguedad a derechos y sanciones, sin especificar qué acciones violarían esos supuestos derechos ni cómo deben, en su caso, ser sancionadas".
La formación de Abascal así lo arguye: "Frente al mandato constitucional, que señala que debe garantizarse la seguridad jurídica -es decir, que las normas tengan un contenido concreto y definido- esta norma del Mar Menor no especifica qué conductas concretas infringen los 'derechos del Mar Menor' generando así una situación de incertidumbre para todos aquellos actores públicos o privados que realicen alguna actuación en el Mar Menor y su entorno".
También añaden que el artículo 4 del texto prevé "responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa", algo que, para Vox, "está vulnerando, por tanto, el artículo 81.1 de la Constitución". Y, por último, "para más gravedad", agregan que tampoco "aparecen determinadas las posibles infracciones, ni la mayor o menor gravedad de las mismas, ni las sanciones correspondientes". Es decir, "una completa vaguedad que conduce a la inseguridad jurídica que atenta contra la Constitución".
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