MURCIA (Agencias). La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha votado en contra de la propuesta de dar financiación a las actuaciones de sellado, restauración y actuación frente a los lixiviados del macrovertedero de Abanilla (Región de Murcia) y La Murada (Orihuela). Se trata de unas instalaciones que se encuentran en una zona limítrofe entre las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana, y cuyas labores de sellado se encuentran en una fase muy avanzada de ejecución por parte de ambas autoridades autonómicas de manera subsidiaria.
El portavoz de Compromís en esta Comisión, Carles Mulet, ha recordado que al igual que en otros casos de contaminación que afectan a más de una comunidad autónoma, como, por ejemplo, el caso del lindano en Aragón, se propone que el Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado, contribuya al pago de los costes de mantenimiento postclausura de esas actuaciones de vertidos ilegales realizadas en su momento por la mercantil Proambiente en la zona de Abanilla y Orihuela, colaborando de este modo en las actuaciones que están llevando a cabo desde los gobiernos autonómicos del País Valenciano y de la Región de Murcia.
Tanto la Generalitat valenciana como el Gobierno de la Región de Murcia están personados en varios procesos judiciales en contra de esta mercantil infractora. La Generalitat ha realizado ya en varias fases una inversión de más de 2 000 000 de euros para el sellado de la parte menor de esta antigua instalación, en su parte alicantina, siendo la parte mayor la que se encuentran en la zona de la Región de Murcia. Compromís propuso que el texto original del PP incluyera un clarificación de los importes para cada comunidad autónoma en función de los niveles de ejecución de las respectivas actuaciones llevadas a cabo.
