El consejero murciano de Agricultura, Antonio Luengo, participó en el Celebración del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera. Foto: CARMMURCIA. Pesimismo y temor en el Gobierno regional sobre los planes de la futura PAC, cuyo programa abarca el periodo 2023-2027. Desde la Comunidad consideran que el nuevo documento que ha negociado el Ejecutivo nacional "supondrá la pérdida de hasta 75 millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos murcianos para el próximo periodo operativo" y así lo han trasladado este lunes en el seno del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrado en Madrid y presidido por el ministro del ramo, Luis Planas.
El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, sostuvo que de los documentos expuestos por el Gobierno central y analizados por la Comunidad y por el sector, se deduce que este "sigue sin ser" el Plan Estratégico de la futura Política Agraria Común (PEPAC) que "necesitan los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia".
En su encuentro con los representantes de las comunidades autónomas, el ministro Planas ha dado cuenta del estado de la tramitación del plan estratégico de la PAC y también ha señalado que la Comisión Europea va a presentar al Consejo de Ministros la propuesta de reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que "establece la obligación de reducir el uso y el impacto de estos productos a nivel europeo en un 50% antes del año 2030".
El ministro expuso que la propuesta es "muy compleja y demasiado prescriptiva", lo que se traducirá en cargas administrativas muy elevadas, "tanto para los agricultores como para las autoridades competentes, por lo que será necesario un importante ejercicio de simplificación a lo largo del proceso de discusión".
Por su parte, el consejero Luengo, que la pasada semana envió un documento consensuado al ministro "conteniendo los asuntos que son motivo de preocupación e inquietud" por parte del Gobierno y las organizaciones agrarias COAG, Asaja, UPA y Fecoam, puso de manifiesto su malestar, ya que denuncia que "una vez más, utilizando criterios subjetivos por parte del Ministerio, son tratados de forma injusta frente a otros del resto de nuestro país".
En concreto, lamenta que el documento prevea "una reducción del 10% en pagos directos que se traduce en 4,5 millones de euros menos", cuando necesitan que las ayudas europeas lleguen a los profesionales y los sectores más afectados.
En un comunicado difundido por la Comunidad, el máximo responsable regional de la Agricultura echa en falta "un reparto más equitativo entre los agricultores y ganaderos de unas regiones y otras, que sigue siendo injusto por el mantenimiento de unos derechos históricos que el ministro se comprometió a suprimir". Y añadió: "Necesitamos que se tengan en cuenta las singularidades a que se ven sujetos nuestros profesionales por las especiales características de nuestra tierra y nuestro clima".
Aduce asimismo que el sector de los frutos secos en tierras de secano "sufre un duro golpe con las previsiones de la nueva PAC negociada por el Gobierno de la nación, pues se pone en riesgo hasta el 55 por ciento de la superficie dedicada al almendro en nuestra Región, unas 44.000 hectáreas, al quedar fuera de esas ayudas".
A juicio de Luengo, los condicionantes que se utilizan para definir los terrenos de secano son "absolutamente inadecuados, pues deberían contemplar parámetros como la temperatura o la insolación para reflejar la realidad de nuestra tierra; y de este modo, una herramienta que podría contribuir a fijar población va a lograr justo el efecto contrario".
Del mismo expresó sus temores sobre la ganadería, que "se ve seriamente dañada, al percibir 3,5 millones de euros menos en ayudas con la nueva PAC, algo injustificable, que no podemos, bajo ningún concepto, permitir, ya que se trata de un sector muy vulnerable que contribuye también a fijar población en zonas rurales de la Región".
Y concluyó advirtiendo sobre "las funestas consecuencias que pueden derivarse de la herramienta elegida para cumplir con los requisitos medioambientales, los denominados ecoregímenes, planteada de espaldas al sector y sin atender las peticiones" que han venido planteando desde el primer momento para valorar "la desertización que padece esta Región, la más afectada porcentualmente de toda España".
