SOS Mar Menor e Izquierda Unida presentan 25 enmiendas al informe de la Misión sobre el Mar Menor

MURCIA. Los colectivos integrados en SOS Mar Menor e Izquierda Unida, ambos peticionarios ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y Colectivo Banderas Negras han presentado un total de 25 enmiendas al informe de la Misión de Investigación sobre el Mar Menor, debatido el pasado 8 de septiembre, a través de la portavoz de IU en dicha Comisión, Sira Rego.

Cabe recordar que SOS Mar Menor está integrada por Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Asociación de Naturalistas del Sureste-ANSE, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y Asociación para el Desarrollo Pesquero del Mar Menor, según informaron fuentes de estas organizaciones en un comunicado.

El informe recoge algunos aspectos positivos como el reconocimiento del origen del problema, que es "la agroindustria intensiva, el llamamiento y la exigencia a las autoridades a actuar de manera coordinada y urgente, el reconocimiento de la importancia y necesidad de aplicar medidas basadas en la naturaleza y que, en general, las medidas a tomar estén avaladas científicamente o la necesidad de control de fondos europeos para destinar el dinero adecuadamente".

No obstante, los peticionarios señalan que el informe plantea "serias contradicciones" al recoger medidas como las que suponen la renaturalización del paisaje, la recuperación de humedales y la limitación a la extensión de la agricultura y la reducción más exigente de fertilizantes y, a la vez, plantear "soluciones" ya desechadas por el conocimiento científico acumulado, tales como el drenaje del acuífero y su reutilización para seguir alimentado las agroindustria y sus prácticas contaminantes o el dragado de golas ampliando una mayor conexión con el Mediterráneo.

Igualmente, estas organizaciones lamentan que el informe "carece de la precisión terminológica adecuada en algunos términos al no diferenciar, por ejemplo, los vertidos directos de la contaminación difusa a la laguna, principal efecto contaminante". Además, ha criticado que es "ambiguo" en el señalamiento de las responsabilidades y "no del todo contundente con la exigencia de cumplimiento de la legislación que protege al Mar Menor".

Sobre estas y otras cuestiones, los colectivos firmantes, han presentado una batería de 25 enmiendas que "mejoran y adecuan" el texto del informe de manera "más exacta a la realidad existente en este problema", por lo que esperan que sean incorporadas al informe final.

Enmiendas

Así, por ejemplo, la primera enmienda tiene que ver con las medidas a tomar a corto, medio y largo plazo para asegurar tanto una recuperación como una protección integral de la laguna. A juicio de los peticionarios, "deben tener también en cuenta a las poblaciones de su entorno y prever los posibles escenarios de cambio climático".

En segundo lugar, sostienen que, con estas medidas y con las infraestructuras necesarias, debería ser posible mantener las actividades productivas primarias pero, puntualizan, "en niveles de sostenibilidad y de compatibilidad con la recuperación de la laguna". Se refieren "básicamente" la agricultura y la pesca, que deben ser compatibles con actividades terciarias como el turismo de naturaleza.

En tercer lugar, piden medidas "integrales y cuya eficacia para la recuperación de la laguna esté avalada por estudios científicos". Sin embargo, añaden, a pesar de una serie de decisiones adoptadas, "falta su aplicación en bastantes casos, mientras que en otros existe una notable falta de coordinación, de forma que no todas las medidas propuestas son compatibles entre sí".

Igualmente, instan a las autoridades españolas al "cumplimiento de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental con la prevención y reparación de daños ambientales, para que inicien el correspondiente procedimiento con arreglo a la misma".

Al hablar de vertidos, consideran necesario diferenciar, aun siendo ambos importantes, "los vertidos directos de la contaminación difusa agrícola y ganadera". Y es que, precisan, "lo que hay sobre todo son flujos difusos de contaminación agrícola y ganadera".

"No es lo mismo, la legislación aplicable es diferente y de hecho la contaminación difusa es mucho mayor que la que se produce por vertidos; no se debe confundir una con la otra y se deben mencionar las dos", han aseverado.

Al hablar de eliminar las superficies agrícolas de regadío ilegal, los peticionarios creen que "se debe especificar que hay que eliminar todas las superficies, ya sea por normativa de aguas o por normativa ambiental".

También estiman necesario "especificar y diferenciar agricultura sostenible y ambientalmente respetuosa con el medio ambiente que permita rehabilitar el suelo, proteger y restaurar la biodiversidad y prevenir los daños derivados por una gestión inadecuada del agua, de la agricultura de precisión en la que se reinventan las prácticas intensivas de la agroindustria".

Igualmente, consideran que el uso de agroquímicos en forma de fertilizantes y fitosanitarios "ha de reducirse estableciendo valores límite más exigentes".

A su juicio, además, "los sistemas de control deben dirigirse fundamentalmente a reducir en origen la contaminación del agua y del suelo por nitratos y por fósforo procedentes de fuentes agrícolas, siendo obligado proceder primero a la desnitrificación del agua antes de desalobrarla para destinarla a uso agrario, de tal manera que la salmuera obtenida no contenga sustancias contaminantes".

"Es necesario también reducir la carga ganadera en la cuenca del Mar Menor, especialmente de las instalaciones de ganadería intensiva", según los peticionarios que, entre otras cosas, piden también suprimir la siguiente propuesta sobre fomentar la recogida de agua lixiviada de la agricultura y establecer sistemas de retorno, tras el tratamiento, para volver a utilizarlas en los campos porque "no es compatible con las medidas basadas en la naturaleza que se proponen ni con las medidas para reducir la contaminación en origen".

Asimismo, proponen "aplicar Soluciones Basadas en la Naturaleza en las zonas agrícolas de la cuenca del Mar Menor, a través de la creación de manchas de vegetación natural, setos verdes y recuperación de humedales en las proximidades de la ribera de la laguna, con el fin de aumentar la capacidad de la cuenca para retener y eliminar nutrientes, absorber escorrentías y prevenir la erosión en los episodios de lluvias importantes".

También creen que las balsas y pozos mineros resultantes de la actividad minera de la Sierra de La Unión cuyos vertidos contaminan el Mar Menor han de ser sellados "de forma estable y sostenible". Además, sostienen que el control de los metales en la sangre de los habitantes de la zona no debe limitarse solo al plomo si también "a otros metales pesados".

Ante la recomendación de que la Comisión de Peticiones vuelva a examinar el asunto en un plazo razonable para evaluar los progresos realizados y hacer un seguimiento con las autoridades españolas y la Comisión Europea de las medidas adoptadas para rectificar el estado de la laguna, los peticionarios proponen que dicho plazo sea de 6 meses.