Andan los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) enfadados con la oferta que la vicepresidenta del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llama “condonación de la deuda autonómica”. Y han dado bastantes razones, todas ellas ciertas, para rechazarla. Afirman, en primer lugar, que no se trata de ninguna quita o condonación, sino de una simple transferencia de deuda. Y es verdad: la deuda no se esfuma, sino que pasa de contabilizarse en las Haciendas autonómicas a contabilizarse en la Hacienda nacional. En consecuencia, lo que los murcianos dejen de pagar por esa transferencia de deuda tendrán que pagarlo como españoles que son. Desde esa perspectiva, la transferencia de deuda beneficia a las comunidades autónomas, pero perjudica a España. Si no la perjudicase sería mejor transferir la totalidad la deuda autonómica, en vez de solo la quinta parte. De hecho, la transferencia puede deteriorar la calificación de la cuantiosa deuda exterior española al incrementarla súbitamente en 80.000 millones.
También llevan razón los del PP en denunciar que el Gobierno español ha articulado esta transferencia de deuda para asegurarse el apoyo de los separatistas catalanes. Tanto es así que el primero en publicarla fue Oriol Junqueras, el dirigente de Izquierda Republicana de Cataluña al que indultaron los delitos que cometió en la intentona separatista de 2017. Desde luego, para cualquier gobernante autonómico resulta irritante que lo obliguen a pronunciarse sobre una medida en cuya preparación no ha participado, sino que solo la han negociado los ministros socialistas con los dirigentes separatistas catalanes. No supone ninguna novedad. A estas alturas ya sabemos que los sanchistas están dispuestos a ceder ilimitadamente con tal de mantenerse en el poder. Como recomendó el presidente socialista de Asturias, había que hacerse con el Gobierno “a cualquier precio”.
Lo mejor que puede hacer el PP es cambiar cuanto antes el marco del debate"
En tercer lugar, también llevan razón los del PP en que la oferta no contempla ninguna medida para evitar que los gobernantes autonómicos catalanes sigan gastando miles de millones de euros en lo que ellos llaman “las estructuras de Estado”, una manía que comparten los socialistas catalanes con los separatistas. Se estima en unos 30.000 millones el dinero gastado en esas políticas, que no han cesado con la presidencia del socialista Illa. De hecho, el Gobierno español va a financiar 25.000 plazas de Mozos de Escuadra para desalojar todo lo posible de Cataluña a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Convencidos, tanto los socialistas como los separatistas, de que Cataluña es una nación distinta de España, no reparan en gastos en ese aspecto, llegando incluso a rozar el ridículo: el presidente del Parlamento catalán acaba de gastar 90.000 euros en poner una gigantesca bandera catalana junto a su edificio. Desde luego, la tienen más grande. Finalmente, también llevan razón los dirigentes del PP en que la transferencia de deuda no resuelve el problema de la financiación autonómica, sino que simplemente alivia de forma transitoria e incompleta los apuros de liquidez de las haciendas autonómicas.
Siendo todo eso cierto, el PP se equivocaría por completo si insistiese en este debate. Desde el punto de vista de la propaganda política, es imposible ganarlo. El motivo es que, aun diseñada a medida de los separatistas catalanes, la transferencia ha sido extendida a otras varias autonomías. Y resulta que los españoles se han acostumbrado a pensar en términos autonómicos, que no nacionales. En consecuencia, será inútil explicar a los murcianos que, como españoles, no están ganando nada. Unos no alcanzarán a comprenderlo y los que lo comprendan no lo tendrán en cuenta. Cuando los socialistas griten en los mítines que los gobernantes autonómicos rechazan favorecer a sus ciudadanos para fastidiar a Sánchez (Trump diría para joder a Sánchez), será inútil explicar la diferencia entre quita y transferencia. Y tampoco servirá de nada argüir que lo pactaron los sanchistas con los separatistas.
Solo favorecerá a los catalanes e irá en detrimento de los demás españoles"
Por tanto, lo mejor que puede hacer el PP es cambiar cuanto antes el marco del debate. Dejar de discutir sobre la transferencia de deuda y ponerse a hablar de lo verdaderamente importante: el modelo de financiación de las autonomías, caducado desde hace diez años, y especialmente el concierto fiscal catalán. Sin renovar el modelo de financiación, la deuda autonómica puede seguir creciendo. Y la propuesta de que la administración catalana recaude todos los impuestos y luego ceda una parte en concepto de solidaridad constituye un ataque frontal a la unidad fiscal española, incrementaría el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y disminuiría de forma importante los recursos a disposición de las demás autonomías. No hace falta imaginárselo, pues Antoni Castells, que fue consejero de Hacienda en los Gobiernos de Maragall y de Montilla ya lo ha calculado por nosotros. Defiende sin ambages que la financiación catalana debe ser como la vasca y distinta de las demás autonomías. ¿El motivo? Cataluña es una nación (oprimida) y Murcia a duras penas una vulgar región. Defiende dotar la Hacienda Catalana con los cinco mil inspectores que ahora trabajan allí. Según él, ahora el 75% de los impuestos catalanes van a solidaridad, una tasa que debería reducirse al 25%. En valores absolutos: los 20.000 millones de euros anuales que ahora aporta Cataluña deberían reducirse a unos 5.000 millones. En resumen, la Hacienda española perdería 15.000 millones de euros y la catalana los ganaría. Y, además, la Hacienda española perdería el control. A la larga, los catalanes no contribuirían nada al resto de España, como ya hacen los vascos con el timo de su cupo fiscal. Ese es el debate que debe propiciar el PP. Dejarse de melindres con la transferencia de deuda e ir a tope a renovar el modelo de financiación y a degüello contra el concierto catalán, por más que el melifluo Illa nos diga que favorecerá a todos. Es mentira. Solo favorecerá a los catalanes e irá en detrimento de los demás españoles. Ese es el auténtico debate.
