Los ‘Salzillos’ se rebelan ante el obispo: sus ex presidentes rechazan la convocatoria electoral para el 27 de julio

MURCIA. El ex presidente y actual decano de la Cofradía de Jesús de Murcia (Salzillos), Ricardo Martínez-Moya, y los otros dos últimos ex presidentes Antonio Gómez-Fayrén y Rafael Cebrián Carrillo, junto a otros destacados miembros de la Cofradía, han presentado un escrito ante el obispo en el que le recuerdan la ilegitimidad e ilegalidad de la intervención realizada en la Cofradía, y le dicen también que se está contradiciendo a una orden anterior a la convocatoria de elecciones prevista por la Comisión Electoral nombrada por él mismo para el 27 de julio.

En su escrito le indican al obispo que está siendo parcial de las resoluciones, no habiendo contestado ninguno de los escritos de la Cofradía, “habiendo dado sólo respuesta a los del candidato Emilio Llamas, además de proponer en el Decreto de 15 de junio de 2020, como miembros de la Comisión Episcopal encargados de la representación de la Cofradía y de las nuevas elecciones a personas relacionadas de manera directa con el Llamas, incluso a una que iba en su propuesta de Junta Particular”.

Todo esto se produce después de que las elecciones en una de las principales cofradías de la Región deberían haberse celebrado el pasado diciembre, cuando finalizaba el mandato improrrogable de Antonio Gómez Fayrén. A la convocatoria se presentaron dos candidaturas: una de ellas encabezada por el ex director del Instituto de Fomento, consultor de empresas y representante de IE Business School en Murcia Francisco Sardina; la segunda la lideraba el también consultor y auditor Emilio Llamas. Esta segunda lista fue invalidada al entenderse que un familiar de Llamas había realizado campaña a través de las redes sociales, lo que estaría expresamente prohibido en los Estatutos de la Cofradía. Ante esta situación se proclamó presidente ‘provisional a Francisco Sardina.

En ese momento, y tras el conflicto, el obispo nombró ‘delegado especial’ al presbítero y abogado especializado en derecho canónico Javier Belda, con el mandato de constituir una junta directiva provisional que debían contar con representantes de las dos candidaturas en disputa. La orden que había recibido era no se rompiera “la pacífica convivencia en la cofradía”.
Más tarde, solo unas semanas después y tras el tiempo de confinamiento, el obispo volvía a dictar un nuevo decreto en el que suspendía varios artículos de los Estatutos de la Cofradía aprobados en 2011 y nombraba una comisión que debía abrir el proceso electoral y convocar las elecciones el próximo mes. Esta comisión estaba formada por la médico Paula Lázaro Aragüés, que asumiría las funciones de presidenta y representante legal de la cofradía; el abogado José Luis Durán Sánchez; y el economista Antonio José Ródenas Guardiola.

En el escrito de los expresidentes anuncian poner en conocimiento de estos hechos al Pontificio Consejo para Los Laicos, Dicasterio de la Sede Apostólica y muestra “nuestra perplejidad y preocupación por la previsión de las elecciones en periodo de importante crisis sanitaria, antes de final de julio de 2020, cuando además con carácter general (para las más de 600 Cofradías de la Región) y por esa razón de prudencia en este tiempo de pandemia, el mismo obispo con fecha 24 de junio de 2020”.