La diputada de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal. Foto: CSMURCIA. Un año después de que saltara el escándalo del vacunagate, la Asamblea Regional sigue sin convocar ni una sola sesión de la denominada Comisión Especial de Investigación de las vacunas, es decir, la investigación en torno a las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso de vacunación y que supusieron la salida del consejero de Salud, Manuel Villegas, y de la cúpula de altos cargos de la Consejería.
Ciudadanos, el partido que formaba coalición de Gobierno con el PP, fue el principal impulsor de la comisión, que se constituyó en febrero de 2021, apoyada también por la oposición. Este órgano, cuya presidenta es la hoy portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez, tenía como objetivo analizar la inmunización de unas 400 personas (entre funcionarios y altos cargos de Salud). En sus planes iniciales se fijó que se reuniera una vez a la semana y que durante la primera quincena se dedicara a la recopilación de información. Sin embargo, la comisión nunca ha celebrado una vista ni tampoco ha organizado actividad, pues la moción de censura de marzo alteró todos los planes.
La primera sesión prevista se tuvo que anular: el 11 de marzo debía comparecer el entonces alcalde de Murcia, José Ballesta, para dar explicaciones sobre la vacunación de uno de sus concejales, Felipe Coello. La intervención del regidor no se produjo ya que sólo un día antes, el 10 de marzo, PSOE y Cs registraban la doble moción de censura (Gobierno regional y Ayuntamiento de Murcia).
La nueva aritmética parlamentaria que deparó la moción de censura truncó para siempre el futuro de la comisión de investigación. El presidente Fernando López Miras se hizo con los apoyos suficientes para tumbar cualquier propuesta, al reunir el PP una mayoría absoluta de facto con los expulsados de Ciudadanos y los ex de Vox (hoy readmitidos por la Justicia).
Desde entonces la Junta de Portavoces nunca ha ordenado una sesión de la comisión, por lo que el órgano queda condenado a la extinción, ya que el 12 de febrero concluía el plazo de un año fijado por el Reglamento de la Cámara. El artículo 58.4 así lo estipula: "Se extinguirán a la conclusión del encargo para las que fueron creadas y, en cualquier caso, al acabar el plazo acordado para la finalización de los trabajos".
Fuentes de Ciudadanos aseguran que en la Junta de Portavoces de esta semana se intentó, por última vez, convocar la comisión. De hecho, desde el PSOE pidieron ampliar el plazo inicial y poder continuar la investigación. "Pero tanto el PP como los tránsfugas y los ex diputados de Vox lo impidieron con su voto en contra", claman.
En un comunicado de prensa, Ciudadanos "condena" que el Ejecutivo regional "haya enterrado para siempre" la comisión de investigación en la Asamblea. La formación liberal culpa a los tres grupos que sujetan al Gobierno de "impedir" el trabajo de esta iniciativa que "debía permitir a los murcianos conocer el alcance de las irregularidades que se cometieron dentro del protocolo para la inmunización".
"Han conseguido lo que perseguían desde el principio, enterrar para siempre la barra libre de vacunas para ellos y sus allegados y que los murcianos no puedan saber nunca qué altos cargos se vacunaron saltándose el protocolo", reprocha la diputada Ana Martínez Vidal, la exportavoz del Ejecutivo regional y que encabezó la lucha contra las irregularidades en la vacunación. "Es inaceptable que un año después no conozcamos el alcance de esa vacunación irregular y que todo se tape de la forma más antidemocrática posible". Vidal sostiene que, a pesar de caer la investigación, seguirá pidiendo la lista de altos cargos y funcionarios que se vacunaron "por delante de los más vulnerables, valiéndose de su condición de privilegio".
Por su parte, la líder regional del partido naranja, María José Ros, califica como "una vergüenza" que el PP y "sus cómplices hayan fulminado de esta forma la comisión para que no se sepa nunca quién se vacunó saltándose el protocolo y perjudicando a las personas más vulnerables". En su opinión, "volvemos a ver una vez más el talante profundamente antidemocrático del PP que ha impedido que esa investigación se lleve a cabo en la Asamblea".
Fuentes de Ciudadanos añaden que el objeto de la Comisión era esclarecer cómo se tomaron las decisiones en un proceso en el que se inmunizaron, al menos, 400 personas fuera del protocolo del Ministerio, en un momento en que las vacunas eran escasas y se establecieron unos criterios muy estrictos de quienes debían tener prioridad: los sanitarios que estaban en primera línea covid y los mayores de las residencias. "Fuimos la única comunidad que interpretó el protocolo de forma tan laxa y en un momento en el que el miedo a morir era atroz y no había vacunas para todos. Muchas vidas se podían haber salvado con esas 400 vacunas, que sepamos, administradas fuera de protocolo", indica Vidal.
