Imagen de archivo. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPMURCIA (EP). El PSOE y Sumar, con la ayuda de sus socios de investidura, han rechazado este jueves en el Pleno del Congreso la enmienda de totalidad presentada por el PP para devolver al Gobierno la Ley de Movilidad Sostenible.
Tan sólo PP, Vox y UPN se han mostrado a favor de que el proyecto fuese devuelto al Gobierno, mientras que el resto de los grupos del hemiciclo se han posicionado en contra, con la excepción del exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos.
El encargado de defender la enmienda a la totalidad ha sido el portavoz de Transportes en la Cámara Baja del Grupo Popular, José Alberto Herrero, quien ha tachado a la norma de ser una "indefinición en sí misma" al no establecer ni "los objetivos ni los medios para alcanzar la reducción de emisiones establecidos con la Unión Europea".
Otro aspecto que ha criticado Herrero ha sido que la ley tampoco identifica los órganos competentes responsables de materias como la distribución urbana de mercancías o la regulación del reparto en vehículos ligeros o los requisitos exigidos a las plataformas tecnológicas de transporte.
Herrero también ha reprochado que la norma pretende establecer un nuevo mapa concesional de las rutas de autobuses que lo único que hace es "reducir el número de líneas y por ende suprimir multitud y de paradas de autobús" en los municipios españoles.
Enfrente estaba el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se ha encargado de defender el proyecto de ley desde tribuna y ha desglosado sus principales características.
Al inicio de su intervención, ha recordado que la ley ya se empezó a tramitar en la legislatura pasada, pero decayó con el adelanto electoral de julio que disolvió las Cortes Generales, por lo que el Ejecutivo volvió a aprobar el mismo texto en Consejo de Ministros cuando se conformó el Gobierno.
En su intervención, el ministro ha mostrado su "perpejlidad" por la enmienda presentada por el PP porque en la legislatura pasada no lo hicieron, cuando el texto es idéntico. "Esta misma ley, como subrayaba inicialmente, se presentó en la legislatura pasada y el PP nunca manifestó o presentó una posición contraria a esta ley", ha remarcado.
"Si lo que ocurre es que en este último año su postura ha evolucionado tanto como para estar en total desacuerdo con el texto sobre el que estaban dispuestos a trabajar hace tan solo un año, ¿dónde está su propuesta de regulación? ", ha reclamado Puente.
De su lado, el portavoz de Transporte del PSOE, Ignacio López Cano, ha recordado que el texto es uno de los hitos que España se comprometió a cumplir con la Comisión Europea para recibir un nuevo desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, con el plazo máximo de aprobarla en el último trimestre de este año.
"Si este proyecto de ley no sale, España puede perder 10.000 millones de euros de fondos europeos. Y entonces yo les tengo que preguntar, si no les importan los recursos económicos del presente, si no les importa el bienestar del futuro, ¿qué España les importa a ustedes?", ha espetado a la bancada 'popular'.
En el turno de fijación de posiciones, varios grupos parlamentarios han avanzado su voto en contra a la enmienda de totalidad, aunque también han advertido que presentarán propuestas de modificación puntuales para que el texto respete las competencias autonómicas en materia de transporte.
El respeto competencial ha sido el principal argumento de Esquerra Republicana (ERC), Junts, PNV, BNG y EH Bildu, que no obstante han alertado del carácter "centralista" de la norma que ha presentado el Ejecutivo y que tienen intención de enmendar.
Por su parte, el portavoz de Transportes de Sumar, Alberto Ibáñez también ha avanzado enmiendas al articulado, pero ha criticado lo "profundamente hipócrita" que le parece que el PP plantee una enmienda a la totalidad cuando en autonomías gobernados por ellos se "destrozan" carriles bici y se quita espacio a los peatones.
Por último, Carina Mejías, de Vox, se ha mostrado muy crítica con el texto del Gobierno porque recoge un plan de ayudas "insuficiente" para ejecutar la transición hacia una movilidad sostenible y se incluyen nuevos organismos que, a su juicio, consiste en "chiringuitos".
