MURCIA. La existencia de la economía sumergida es un problema que genera competencia desleal entre empresas, distorsiona la medición de determinadas variables e incide negativamente sobre la recaudación tributaria, con efectos tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Y sobre todo, es un problema sin resolver. Así se pone de manifiesto en el estudio 'La tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la perspectiva de la competitividad regional', realizado por el IEE (Instituto de Estudios Económicos) y Ceim (Confederación Empresarial de Madrid).
Los datos reflejan que el peso de las actividades no declaradas en la Región suponen un 24,6% del PIB, es decir, casi uno de cada cuatro empleados desempeña su trabajo en negro. La cifra está por encima de la media nacional, que se sitúa en el 23%, y muy lejos de las comunidades que ostentan un menor nivel, como Madrid, la región son menor porcentaje de economía sumergida, con un 16,2%, a la que le sigue el País Vasco, con un 17%; Navarra, con un 18%, y Cantabria, con un 20,6%.
De hecho, la Región de Murcia se encuentra en las comunidades que van a la cabeza en este desafortunado ranking de regiones con más actividades sin aflorar, que tiene en el podio a Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%) y Castilla-La Mancha (27,2%).
El dato es similar al facilitado por la patronal Croem. Según cálculos de la confederación se encuentra entorno al 24%. Es decir, una cuarta parte de la actividad económica regional estaría es el ostracismo, algo que desde la patronal rechazan de forma contundente.
En el ámbito regional, David Cantero e Ignacio Zubiri, dentro de la publicación de Funcas titulada 'Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué sabemos? ¿qué podemos hacer?', realizan una recopilación de las diferentes estimaciones que se han ido realizando para las regiones españolas.
En general, destacan que los niveles de economía sumergida se pueden ver influidos, en cierta medida, por la estructura productiva de las regiones, siendo mayor en aquellas donde tienen un peso más destacado sectores económicos donde tradicionalmente puede haber una mayor economía sumergida, tales como la agricultura, el turismo y el sector textil, entre otros. Pero donde también son muy relevantes otros factores, como una menor fiscalidad, tasas de desempleo más reducidas, o un nivel de PIB más elevado, así como un mayor dinamismo en el crecimiento.
Según subraya el estudio, en la coyuntura actual, con elevados niveles de deuda y déficit públicos, "reducir el peso de la economía sumergida debe ser una prioridad". No obstante, la cuantificación de la misma siempre es una tarea complicada, dada su propia naturaleza, ya que no se declara y no es observable directamente, al menos en la gran mayoría de las situaciones, y su objetivo es, precisamente, escapar del control público.
Que la economía sumergida es una asignatura pendiente en la Región lo demuestra el ambicioso pero fallido y olvidado pacto contra la economía sumergida que se firmó en 2012 entre el Gobierno regional, Croem, y los sindicatos CCOO y UGT, Antonio Jiménez.
A pesar de que el plan era la primera medida de ese gran pacto social que tenía la finalidad de sacar a la Región de la grave crisis en la que estaba sumida tras el reventón de la burbuja inmobiliaria de 2008, poco o nada se ha hecho dese entonces según valoraciones de los sindicatos y de la patronal empresarial.
