El dilema nacional de Jenal

CARTAGENA. En la pantalla de este diario digital ha expuesto Carlos Jenal lo que a su parecer es nuestro gran dilema nacional: la división entre los que sacrificarían la democracia para mantener la unidad de España y los que sacrificarían la unidad de España para salvar la democracia. Con el bienintencionado ánimo de otorgar a ninguno de los dos bandos el monopolio de la democracia, propone llamar unionistas a los primeros y parlamentaristas a los segundos. Bueno, el antónimo de unionista no es parlamentarista, sino separatista. Y, por otra parte, no conozco ninguna democracia que no sea parlamentaria, de modo que esos nombres no son equitativos. Más justo me parecería oponer los constitucionalistas a los parlamentaristas, por opinar los segundos que los parlamentos son omnímodos y pueden saltarse las previsiones constitucionales, o españolistas frente a plurinacionalistas, por pensar los primeros que España es una nación y los segundos que es un agregado (reversible) de naciones.

"Relacionar la integridad de España con la dictadura es una falacia"

En cualquier caso, no me reconozco en ninguno de esos dos bandos. Soy ardiente partidario de la integridad territorial de España y de la soberanía única del pueblo español, pero profeso la misma pasión por la democracia. ¿Me supone eso alguna escisión o conflicto interno? En absoluto. Y el motivo es bien sencillo: no conozco ningún intento democrático de disgregar el territorio español. En octubre de 1934 el presidente de la Generalidad catalana, Luis Companys, líder de Izquierda Republicana de Cataluña (IRC), proclamó el Estado Catalán. A la sazón detentaba el puesto de presidente de la República el independiente Niceto Alcalá Zamora y el del Gobierno el republicano Alejandro Lerroux. Pues bien, el Gobierno español consideró que se trataba de un atentado contra la República, declaró el estado de guerra en Cataluña y sofocó la rebelión separatista por las armas. No lo hicieron los franquistas, sino los republicanos. 

En noviembre de 2017 volvió IRC a las andadas y su entonces presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, proclamó de nuevo la independencia de Cataluña. De mutuo acuerdo, los dirigentes del Partido Popular, a la sazón gobernante, y del PSOE, el mayoritario en la oposición, propusieron al Senado aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución. Por su parte, la Fiscalía del Estado se querelló contra los artífices de la intentona, acusándolos de rebelión o sedición, malversación y desobediencia. Todos fueron condenados por Tribunal Supremo, excepto Puigdemont y dos cómplices que se refugiaron en Bélgica. 

Afirma Jenal que todos los países europeos se negaron a entregarlos, lo que probaría una opinión adversa a los gobernantes y jueces españoles. De nuevo la realidad no concuerda con su opinión. Más bien sucedió que ningún estado europeo apoyó la propuesta separatista y el único tribunal alemán ante el que Puigdemont se vio obligado a comparecer aprobó entregarlo a España para juzgarlo por malversación. Sin embargo, el magistrado Llarena prefirió el fuero al huevo y no aceptó esa restricción. De haberla aceptado, Puigdemont habría acabado en el trullo como sus cómplices. Y luego el Gobierno español presidido por el socialista Sánchez, lo habría indultado. En la actualidad carece de inmunidad, pues el parlamento europeo se la ha retirado y el Tribunal General de la Unión Europea le ha denegado el recurso que repuso para recuperarla. Viaja por Europa porque Llarena no ha vuelto emitir ninguna euroorden, pero sería detenido si pisase España. Y ninguna autoridad europea se quejaría. Más bien se han quejado de la connivencia de los separatistas catalanes con los desestabilizadores rusos. A menos que creamos que no había democracia en España en esa etapa, o que los magistrados del Supremo prevaricaron, me tranquiliza pensar que Puigdemont y Junqueras no emplearon métodos democráticos. ¿Y qué decir de los separatistas vascos? Pues que llevan más de 600 asesinatos durante la democracia a sus espaldas y que ETA no pretendía lograr ninguna república democrática vasca, sino una dictadura de corte marxista. Quien lo dude, que lea sus comunicados.

En resumen, en contra de lo que supone Jenal, no tengo por qué elegir entre la integridad de España y la democracia porque hasta ahora han ido de la mano: unidad ha habido siempre, también durante la dictadura, pero tampoco ha habido ninguna etapa democrática en la que los gobernantes españoles no hayan defendido la unidad frente a los embates separatistas. Son ellos los que están bajo sospecha de no atenerse a las reglas democráticas, no los demócratas unionistas. Relacionar la integridad de España con la dictadura es una falacia, en la que propenden a caer muchos izquierdistas españoles y, por descontado, casi todos los separatistas. En realidad, ocurre justo lo contrario: la democracia siempre ha ido acompañada de la unidad nacional.

¿Podría haber alguna propuesta democrática de desagregar España? Especulativamente podría haberla. De hecho, el dirigente separatista vasco Juan José Ibarretxe hizo algo parecido en octubre de 2003, cuando propuso al Congreso establecer una libre asociación entre el País Vasco y lo que él llamaba España. También en aquella ocasión el PP y el PSOE estuvieron de acuerdo en rechazar la propuesta por inconstitucional.

Propone finalmente Jenal que se acepte un referéndum para decidir segregar o no a Cataluña de España. Aparte de que esa segregación exigiría reformar la Constitución con la mayoría reforzada prevista en su texto, los referéndums aparecen citados en el artículo 92. Contiene dos estipulaciones notables: que siempre serán consultivos, nunca decisorios, y más importante, que deben estar abiertos a "todos los ciudadanos". A menos que Jenal crea que "todos los ciudadanos" significa "solo los catalanes", yo no tendría ningún inconveniente en celebrar un tal referéndum. Eso sí, los murcianos tendrían tanto derecho a votar como los barceloneses. Y sería plenamente democrático. Por el contrario, cualquier intento de celebrar un referéndum solo en Cataluña equivaldría a reconocerle de antemano su propia soberanía. Y entonces sobraría el referéndum: ya se habría declarado independiente en el mismo momento de convocarlo. Que luego no quisiera ejercer su independencia sería irrelevante. Como lo sería el resultado de esa consulta. Es fácil entender que no cabe llegar a ningún acuerdo entre dos partes preguntando solo a una de ellas. Y no sería democrático.