Fernando López Miras, Isabel Franco y Valle Miguélez, el 18 de marzo de 2021, el día que la Asamblea Regional votó la moción de censura. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Ningún año ha sido más intenso, inesperado y explosivo que el 2021 para la historia política de la Región de Murcia. Esos son los adjetivos en términos de impacto informativo, porque las conclusiones estrictamente políticas van por barrios: de las "chapuzas, traiciones y engaños" que dicen sufrir unos a los epítetos de "pérdida de calidad democrática, actos de transfuguismo y año catastrófico" que esgrimen otros. Lo cierto es que la agenda regional llegó a marcar el ritmo de la política nacional: nunca se puede subestimar el aleteo de una mariposa de Murcia. Mucho ha cambiado en doce meses: de un Ejecutivo de coalición de PP y Cs que sudaba tinta para cerrar acuerdos a un Gobierno de los ex que goza de una mayoría absoluta de facto. Tanto ha variado el panorama que incluso voló por los aires el gran éxito de la pasada legislatura: el consenso para reformar el Estatuto del Autonomía.
Con Villegas empezó todo. Era enero y el consejero de Salud, uno de los miembros más valorados del Gobierno, el mismo que pilotó la respuesta de la Región a la pandemia del coronavirus, renunciaba tras conocerse el escándalo de su vacunación. Después de resistirse en las primeras horas, con una intervención en la Asamblea en la que alegaba haber hecho lo correcto -se negaba a reconocer que se había saltado el protocolo para vacunarse-, Manuel Villegas cedió ante el clamor político y presentaba su dimisión. La posición de Ciudadanos fue clave: el partido naranja, entonces socio del PP, no transigió con el escándalo y forzó la salida del responsable de Salud. Miras no tuvo más remedio que aceptar la renuncia de su consejero: "Es probablemente la comparecencia más difícil que doy en lo político y en lo personal", admitía el presidente. Aquello marcó un antes y un después en las relaciones entre populares y naranjas. La cúpula de Salud, que también se vacunó antes de tiempo, acabó dimitiendo y toda España conocía el caso llamado 'vacunagate'.
Es el gran hecho político del curso (y de la legislatura). Ciudadanos, que ya vivía momentos tensos con su socio -por ejemplo, el acuerdo para los Presupuestos se demoró demasiado tiempo-, no volvió a confiar más en el PP, a quien le exigía que hiciera pública la lista de todos los altos cargos vacunados de forma irregular. Pero todos los puentes volaron el 9 de marzo. La noche de los autos. El partido liberal, con Carlos Cuadrado presente, convocó a los seis diputados autonómicos y a los cuatro concejales murcianos en Centrofama para reunir sus firmas en una doble moción de censura contra los dos bastiones del PP: la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia. Todos estamparon su rúbrica. La operación, diseñada en absoluto secreto y con línea directa con Ferraz y Moncloa, contaba con el apoyo del PSOE, decidido a terminar con 26 años de gobiernos del PP. La bomba nuclear para derribar el poder del PP iniciaba su cuenta atrás.
Ciudadanos activa la bomba nuclear para desterrar 26 años de hegemonía del PP en su fortín murciano
El seísmo con epicentro en Murcia generó réplicas en todo el país. El PP, amenazado, reaccionó: en Madrid convocaba elecciones mientras que en la Región, con Teodoro García Egea a la cabeza, fio toda su defensa a la división interna de Ciudadanos. El partido naranja era un polvorín a punto de explotar. No todos remaban en la misma dirección. No todos creían en la líder, Ana Martínez Vidal, que ya no ocultaba el pulso que mantenía con Isabel Franco. Sólo un mes antes, la vicepresidenta la criticaba por la marcha de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros. Y no todos tenían tan claro que la moción de censura fuera la mejor jugada. Franco guardó silencio cuando estalló la moción y Miras, consciente de los movimientos de García Egea, no la destituyó. El PP acababa de accionar su escudo antimisiles.
Diego Conesa y Ana Martínez Vidal, en Lorca. Foto: EP
Fernando López Miras, en Murcia, junto con Francisco Álvarez, Antonio Sánchez y Valle Miguélez. Foto: M. GUILLÉN (EFE)La gran sorpresa se produjo el mediodía del viernes, tres días después del terremoto. Probablemente fue el momento más impactante de todo el año político. Mientras Diego Conesa y Martínez Vidal escenificaban en Lorca su flamante unión, el Palacio de San Esteban acogía una insólita puesta en escena: aparecía López Miras acompañado de... Isabel Franco, su inseparable Francisco Álvarez y... Valle Miguélez. No iban a respaldar a Ciudadanos: ellos estaban con el pacto que firmaron con el PP en 2019. Pocos días después se conocía que Alberto Castillo se abstendría. El fiasco estaba a punto de consumarse. Faltaba un voto clave: el de los expulsados de Vox. Su posición, para más emoción y suspense si cabe, se hizo pública tras concluir el primer debate de la moción de censura: votarían 'no'. El vuelco ya era una realidad, la moción quedaba condenada al fracaso. Ese mismo día trascendían los detalles del acuerdo que salvaba a Miras: los ex de Vox, al igual que los ex de Cs, formarían parte del Gobierno, con Mábel Campuzano como nueva consejera de Educación.
La Región se convirtió en el primer territorio de España en contar con una gobernante con ideas de Vox. Dicho de una manera más estricta: Murcia fue la primera en incluir en el Gobierno a una dirigente que cree a pies juntillas en la ideología del partido, pues Mábel Campuzano había sido expulsada de la formación de Santiago Abascal, pero su ideario era el mismo. Miras la nombró al frente de una de las carteras más sensibles, Educación (y Cultura), como parte del trato por ayudar a desactivar la moción de censura, lo que generó críticas en la oposición y el rechazo de muchos sindicatos educativos. Sus ideas, como su negativa a recibir la vacuna, no han pasado inadvertidas para nadie. Sin embargo, paradojas de la política, el destino de Campuzano había cambiado: de proscrita por el partido que la expulsó a máxima responsable del sistema educativo regional.
Si la moción contra Miras resultó un sonoro fracaso, la operación contra Ballesta, en cambio, fue un éxito. No hubo fisuras. Para ello el partido protegió a sus concejales, que se refugiaron en Madrid, lejos del clima murciano de presiones. No obstante, el triunfo de la moción se debía a motivos más poderosos: la convivencia entre los ediles naranjas y los populares estaba rota desde hacía tiempo. A diferencia del Gobierno regional, donde sí hubo una buena sintonía entre socios hasta finales del 2020, en La Glorieta Ciudadanos y PP chocaron desde el principio. Ni José Ballesta ni Mario Gómez se entendieron. Libraron una batalla que se traspasó también a la Justicia, con querellas cruzadas entre ambos. Los populares habían denunciado a Gómez por violación de secretos en respuesta a la investigación que impulsó Cs por posibles ilegalidades en la adjudicación de contratos por parte del PP. Entre medias irrumpió el 'caso Coello', el concejal de Salud cuya cabeza reclamaron desde Ciudadanos por su vacunación. Era una cohabitación hostil, imposible de reconducir. La moción no se quebró y Ciudadanos y PSOE, junto con el respaldo de Podemos, votaron a favor del desalojo de Ballesta. José Antonio Serrano se convertía el 25 de marzo en el primer alcalde socialista de Murcia en 26 años.
La legislatura certifica su cambio de rumbo con el asalto de Francisco Álvarez al control del grupo parlamentario de Ciudadanos. Con este movimiento, los expulsados del partido naranja se garantizaban la dirección del grupo y, por consiguiente, el PP amarraba sus apoyos en la Asamblea. Ahora sí: junto con los ex de Vox, López Miras se hacía con una mayoría absoluta de facto con vía libre para cualquier iniciativa legislativa. Ya nadie le podía toser en la Cámara. La maniobra fue otro as bajo la manga que nadie previó. Álvarez, que era consejero de Empleo, dimitía de su cargo -del que no duró ni un mes- y se convertía en el portavoz del grupo parlamentario. Secundado por Franco, Castillo y Miguélez, la jugada relegaba a los diputados de Ciudadanos al Grupo Mixto. Martínez Vidal y Juan José Molina se veían obligados a compartir recursos, tiempo e intervenciones con Podemos en el Parlamento.
Una de las pruebas más visibles de que el PP gozaba del camino despejado en la Asamblea fue la derogación de la limitación de mandatos. Esta normativa impedía a López Miras presentarse a una tercera reelección pues, según la reforma que estableció en su día el Gobierno de Alberto Garre, los presidentes no podían optar a más de dos mandatos. Y Miras ya habría consumido dos periodos en 2023. A todas luces se trataba de un obstáculo, por eso en 2019 el propio PP acordó retocarlo con Ciudadanos. El asunto, que nunca se resolvió en los dos primeros años, se liquidó en un periquete con los nuevos socios del PP en la Cámara: en junio suprimieron el punto 7.2 de la Ley del Estatuto del Presidente y tema zanjado.
Fue la gran perdedora de la moción de censura y su fiasco acarreó un coste político: en julio la líder de Ciudadanos daba un paso al lado y renunciaba a todos sus cargos orgánicos. Lo anunció justo un día después de celebrar una convención en San Pedro, en la que animó a sus fieles a seguir peleando. La persona que había comandado la operación contra Miras, la misma consejera de Empresa y portavoz de la Comunidad que cambió la estrategia naranja en el seno del Ejecutivo-se volvió más reivindicativa y exigente, marcando perfil propio-, había salido derrotada del gran órdago. Así que en verano cedió el liderazgo naranja, pero no así el escaño en la Asamblea, donde sigue representando a su partido (si renunciara, siempre ha dicho que el siguiente en la lista sería "otro tránsfuga"). Se abrió una nueva era en Ciudadanos: María José Ros Olivo, la secretaria de Organización y una de las personas de confianza de Vidal, tomaba el testigo y en septiembre era nombrada coordinadora regional de Cs.
El otro gran perdedor de la moción de censura fue el PSOE, encarnado en la figura de su líder, Diego Conesa. Aunque el alhameño se vio obligado a renunciar a un sillón en San Esteban -Ciudadanos no quería un imputado en el Gobierno-, él era el rostro socialista que también buscó el asalto a la Comunidad. Conesa había quedado muy tocado políticamente. Pero, aun así, fue toda una sorpresa cuando en septiembre anunció que no se presentaría a su segundo mandato como secretario general del PSRM-PSOE. Alegó motivos personales -dijo haber soportado un año muy duro en lo personal, con ataques furibundos- y facilitó el camino para que su amigo José Vélez se hiciera con los mandos de Princesa. El jefe de la oposición contra Miras se machaba sin cumplir su gran sueño: la Presidencia de la Región, que acarició dos veces -con la victoria en las elecciones de 2019, truncada en los pactos; y con la susodicha moción de censura-.
El PSRM se embarcó en primarias tras la salida de Conesa. Concurrieron José Vélez y Lourdes Retuerto. Pero nunca hubo duelo: el socialismo regional tenía muy claro quién sería su nuevo capitán para alcanzar el Gobierno regional. Vélez arrasó en la votación (con un 81% de los votos) y se erigió en el flamante secretario general del PSRM. El propio Pedro Sánchez le arropó en su proclamación en Murcia. El calasparreño inicia su andadura siguiendo la misma fórmula que en su día adoptó Conesa: como delegado del Gobierno -perfecto para vender los éxitos del Ejecutivo central- pero fuera de la Asamblea -un inconveniente, pues le resta visibilidad y le da menos oportunidades para confrontar contra Miras-. Con bastante probabilidad será el candidato del PSOE en 2023. Es decir: encabezará la alternativa al PP en la Región, el anhelo por el que el socialismo lleva suspirando desde 1995.
Todo sucedió en apenas 24 horas. Las enmiendas que PSOE, Cs y Podemos habían planteado en el Congreso para la reforma del Estatuto de Autonomía regional eran inaceptables para el PP y sus aliados, que no podían aprobar medidas como precisamente volver a imponer una limitación de mandatos al presidente. El consenso se había roto. El gran éxito colectivo de la anterior legislatura quedó hecho trizas: en apenas dos plenos se ponía fin a una reforma que necesitó de doce años para que fuera una realidad en 2019, apoyada entonces por unanimidad de la Cámara -PP, PSOE, Cs y Podemos-. El PP y sus dos socios modificaron el Reglamento y solicitaron al Congreso la retirada del texto magno. La Cámara Baja, con el plácet del PSOE, aceptó la petición y mandó de nuevo a casa el Estatuto. Un triste epílogo.
