Los portavoces parlamentarios de Vox y PP, Rubén Martínez Alpañez y Joaquín Segado, en septiembre, en la firma del acuerdo programático de Gobierno. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. El estruendo de los pactos de Pedro Sánchez se adueña de la agenda política de la semana, con todo un Gobierno regional indignado y en son de guerra frente a los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas. Pero entre el ruido de las manifestaciones y las declaraciones bélicas ("traición, claudicación, humillación, vergüenza...") también se ha visto que Vox empieza a seguir su propio camino, distanciándose de su socio, el PP. Las diferencias entre ambos, notorias desde hace tiempo pero silenciadas desde que se dieron la mano para gobernar juntos la Comunidad, han aflorado estos días: con sutilezas y sin hacer más sangre de la debida, manteniendo el delicado equilibrio para no volar puentes, pero con firmeza y decisión.
La jornada del miércoles en la Asamblea Regional fue la prueba de ello. El debate puso en evidencia que dos partidos del Gobierno no tienen por qué estar alineados en el Parlamento. Hasta en tres asuntos adoptaron posiciones diferentes, en contra de lo que cabría esperar de una coalición. Primero, en la declaración institucional para condenar los ataques a las sedes del PSOE. Vox, que no ha dudado en manifestarse en Princesa, frente al cuartel general de los socialistas murcianos, se opuso, a diferencia del PP, que no apoya esas concentraciones. En segundo lugar, una moción sobre la financiación autonómica, en la que -atención, noticia- PP y PSOE votaron unidos al aceptar los populares las enmiendas de los socialistas. Vox votó en contra con un argumento que esgrimía a menudo cuando era un partido de oposición: "El problema real es el propio sistema autonómico que empobrece a los ciudadanos y los hace desiguales".
La tercera tuvo mayor trascendencia. Vox no pudo sacar adelante uno de sus proyectos fetiche: la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados; un proyecto, por cierto, incluido en el acuerdo de Gobierno suscrito con los populares. El PP, junto con PSOE y Vox, no lo respaldó porque, arguyó, quiere desarrollarlo progresivamente a lo largo de la legislatura. Por eso decidió plantear una enmienda "en aras de estudiarlo y valorarlo". Aquella respuesta dejó fuera de juego a Vox. El propio Alpañez no pudo ocultar su sabor "agridulce" en la rueda de prensa. Un día después, en Onda Cero, se lamentaba y dejaba un titular que bien podría parecer de cuando Vox lidiaba en la oposición: "Es la primera vez en la historia del PP en la Región de Murcia que ha votado en contra de una bajada de impuesto".
Aquel detalle se puede considerar como el primer choque público entre ambos. No ha sido el único. Poco después se conocía otro movimiento mientras se hacía público el pacto del PSOE y Junts. Vox había registrado en la Asamblea Regional una reforma para eliminar las ayudas de la Comunidad a la patronal empresarial y los sindicatos. Toda una bomba para el PP, que nunca se ha posicionado a favor de suprimir estas subvenciones, recogidas en la Ley de Participación Institucional. Para Vox, en cambio, es un compromiso electoral. La proposición de ley todavía tiene que ser estudiada por la Mesa de la Cámara. Pero sólo puede ver la luz en un pleno con el plácet del PP. Y este no está por la labor. Al menos, no así. El portavoz parlamentario, Joaquín Segado, se mostró rotundo: "No la compartimos tal y como se ha redactado". De forma similar se pronunció el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño: "La propuesta de Vox es de Vox, no es la propuesta del PP".
Una coalición es, ante todo, una negociación continua entre ambos socios. Un tira y afloja. También es una pugna por 'vender' los logros propios mientras, al mismo tiempo, se intenta transmitir una imagen de unidad. Vox, novel en el Ejecutivo, comienza a tomar nota. El propio Alpañez insistía en que volverán a presentar su rebaja de impuestos en vivienda, pero añadía una clave: "Intentaremos negociar un calendario de ejecución con el PP, que esperamos que tenga a bien apoyar". Más complicada es la reforma de las cuantías de patronal y sindicatos, en la que ambos están enquistados con la interpretación del acuerdo programático. El punto 25 del texto dice así: "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos". Cada uno extrae su propia conclusión.
Vox sabe, igual que lo sabe el PP, que tendrá que hilar fino y limar muchas asperezas para sacar adelante esta medida. Pero, entre tanto, mientras no exista consenso, Vox mueve sus fichas políticas al registrar la proposición en la Cámara aun a sabiendas de que el PP no la secundará. ¿Y qué opina al respecto José Ángel Antelo? El vicepresidente de la Comunidad tachaba a los sindicatos de "parásitos de la sociedad" -por bendecir el pacto de Sánchez- y en un tuit decía: "No se puede seguir financiando con cargo a los Presupuestos regionales a estos traidores". Sin embargo, el asunto, según asegura Ortuño, no se debatió en el Consejo de Gobierno -cuyas deliberaciones son secretas-. Sí se abordaron otros temas: como la petición de Antelo de promover manifestaciones institucionales. Tal vez no haya sido la semana más idónea para escenificar las diferencias -o tal vez sí si querían que pasaran desapercibidas-, pero Vox ya ha dado muestras al PP de que no será un socio dócil.
