Miembros de Vox, entre ellos el diputado regional Pascual Salvador, en la convocatoria del sector ganadero. Foto: EP MURCIA. Vox se desmarca de la posición de todos los partidos frente al asalto del Pleno de Lorca. El partido se niega, un día después de los hechos, a condenar la entrada, por la fuerza y burlando el cordón policial, de un grupo de treinta personas en el Centro de Desarrollo Local, donde se iba celebrar la sesión plenaria. En un comunicado, la portavoz del grupo municipal, Carmen Menduiña, alega que han de ponerse en "la piel de aquellos que acudieron al Pleno con la esperanza de hacer recapacitar al equipo de Gobierno municipal" y esgrimen que entre los ganaderos que se manifestaban "había personas que llevaban seis años esperando a que la Comunidad terminara de tramitar sus expedientes y ahora se ven desahuciados".
No obstante, en la misma nota, el partido afirma escuetamente que "rechaza cualquier tipo de violencia, venga de donde venga", aunque no ahonda más en esta reflexión. Vox, de hecho, reclama "empatía para entender la desesperación de unos trabajadores que empiezan a verse privados de su medio de vida". La única codena que sí expresan es su oposición a la Agenda 2030. "No se va a condenar a los ganaderos, agricultores y pescadores, y sí se condena a las políticas globalistas de la Agenda 2030 que mandan a estos sectores a la ruina y a la desesperación", indican, rotundos.
Vox se queda, por tanto, solo, ya que todas las formaciones políticas, desde el Gobierno regional hasta la Delegación del Gobierno, pasando por PSOE, Podemos e Izquierda Unida han condenado el asalto. Muchos de ellos, como hizo el alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, compararon el altercado con la toma del Capitolio de Estados Unidos en 2021.
Vox, sin embargo, presume de no coincidir con ellos. "Nuevamente el consenso de todos los partidos políticos coincide en criminalizar a los ganaderos y tacharlos de delincuentes. Desde el presidente del Gobierno regional y el delegado del Gobierno hasta la alcaldesa de Puerto Lumbreras, quienes condenan y exigen que se condene la violencia ejercida por los ganaderos en la mañana de ayer", defendió Menduiña, quien considera que lo ocurrido antes del Pleno fue "desesperación". En su opinión, "los actos acaecidos fueron fruto de la desesperación de los trabajadores de un sector estratégico para el municipio, que ven cómo a partir de ahora se les niega el derecho a trabajar".
Un grupo de unos 30 manifestantes irrumpió en el Pleno lorquino, saltándose el cordón de seguridad, en protesta por la moción del Gobierno local (formada por PSOE y Cs) para modificar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). La sesión plenaria tuvo que ser suspendida, ya que el grupo ha entrado en las dependencias del Consistorio justo en los minutos previos a la celebración del debate.
Este hecho sucedió en un día marcado por las protestas en las calle. Hasta 700 ganaderos protestaron -pacíficamente, eso sí- por el municipio porque consideran que la medida del Consistorio lorquino supondría "detener la implantación de nuevos cebaderos o la ampliación de los que ya hay existentes", en palabras del presidente de Adespo Lorca, Paco Román.
Los ganaderos, cuya protesta en las calles fue respaldada por PP y Vox, se oponen a que las futuras granjas de cerdos que se ubiquen en el término municipal de Lorca, tal y como recoge el plan del Gobierno, "no puedan estar a una distancia de 1.500 metros de los núcleos urbanos, ni a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas y a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas". La modificación del PGOU también prevé que la ampliación de las ya existentes no puedan estar a menos de 1.000 metros de los núcleos de población.
El pleno que iba a votar el cambio de norma estaba previsto que se celebrara en el Centro de Desarrollo Local (dependiente del Ayuntamiento). Pero unos treinta manifestantes burlaron la seguridad policial, subieron por las escaleras hasta la cuarta planta y lanzaron gritos y amenazas contra el equipo de Gobierno a la vez que advertían de que iban a quemar el edificio, según informa la Agencia Efe. Los manifestantes, de hecho, llegaron hasta la puerta del despacho en el que el alcalde, Diego José Mateos, el concejal de Urbanismo y representantes del sector ganadero se reunían para tratar de desbloquear la crisis, según detalla la citada agencia.
También plantea una consulta sobre la inmigración ilegal
