El Ayuntamiento de Cartagena no da el asunto por cerrado en el caso El Vivero. Tras la resolución judicial que no atendió su informe técnico, el Consistorio prepara ya el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM). Tiene 15 días para formalizarlo y asume que la respuesta no será inmediata: el área jurídica calcula que el pronunciamiento podría tardar entre seis meses y un año.

El detonante ha sido el auto judicial que fija en 54 millones de euros la indemnización al Ayuntamiento -una cifra que la oposición eleva hasta los 110 millones si se suman otros conceptos-, por no aprobarse los estatutos de la junta de compensación y del plan de actuación necesario para desarrollar urbanísticamente el Vivero, y que ha reabierto con fuerza el debate urbanístico sobre El Vivero, en el entorno del Mar Menor, en La Manga. La resolución ha sacudido el tablero político y técnico, pero el Gobierno local rechaza de plano el cálculo.

El Ayuntamiento considera desproporcionada la cifra fijada por el juez y prepara recurso. Es más: entiende que, en caso de existir indemnización, debería limitarse estrictamente a los gastos administrativos, que los informes municipales cuantifican en 9.000 euros.

En el centro de la estrategia jurídica estará el informe emitido por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística en octubre de 2025. Un documento de 18 páginas que, según el Consistorio, desmonta punto por punto el dictamen pericial presentado en el procedimiento. No se trata, sostienen, de una simple discrepancia interpretativa, sino de una cuestión de fondo: la verdadera situación jurídica del suelo denominado El Vivero.

El informe se presenta como un análisis contradictorio frente al dictamen fechado el 29 de agosto de 2025. Desde el inicio marca distancias: a juicio de la técnica municipal, las premisas del perito contienen errores que condicionan todo el razonamiento posterior.

La tesis del Ayuntamiento se articula en cuatro ideas esenciales. La primera, que la ordenación urbanística no ha sido modificada. No existe resolución administrativa que haya alterado formalmente la clasificación vigente. La segunda, que los terrenos mantienen su condición de suelo rural. La tercera, que no hay una actuación urbanizadora inminente. Y la cuarta, que los retrasos en la tramitación administrativa no pueden interpretarse como una transformación jurídica efectiva.

El documento insiste en que no puede hablarse de cambio real en la ordenación sin un acto administrativo expreso que lo sustente. No basta, sostiene, con hipótesis de desarrollo futuro ni con previsiones no ejecutadas. La realidad jurídica es la que está aprobada y en vigor.

Esa es la línea que el Ayuntamiento llevará ahora al TSJ. La revisión del tribunal será determinante para aclarar si la cuantía fijada en el auto responde a una valoración ajustada o si, como defiende el Gobierno local, parte de una premisa equivocada sobre el estatus del suelo.

MC se desmarca del frente común y defiende construir en el Mar Menor cartagenero

El debate sobre el desarrollo urbanístico en el entorno del Mar Menor ha vuelto a tensar la política cartagenera. Mientras PP, PSOE y Vox han escenificado en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Cartagena un frente común para fijar líneas rojas a nuevas construcciones en la franja de influencia de la laguna, MC Cartagena se ha desmarcado con una posición abiertamente distinta.

Durante el último Pleno municipal, el portavoz de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, defendió sin ambages la posibilidad de seguir desarrollando la zona del Mar Menor que pertenece a Cartagena. Lo hizo en solitario y en contra del criterio expresado por el resto de grupos.

Giménez cuestionó la coherencia de los partidos mayoritarios y denunció lo que considera un agravio comparativo. "¿En qué momento hemos decidido que no se puede desarrollar la parte del Mar Menor de Cartagena? ¿Por qué en Los Alcázares se construye, en San Javier se construye, en San Pedro del Pinatar se construye o en Torre Pacheco se construye, y en Cartagena no?", planteó en el salón de plenos.

El portavoz de MC fue más allá y criticó la negativa incluso a proyectos de menor envergadura. "¿Por qué en Cartagena no puede haber ni un camping? Se desestima hasta eso", afirmó, sugiriendo que detrás de la restricción urbanística podría haber intereses a largo plazo sobre el suelo del entorno de la laguna.

En su intervención, también vinculó las limitaciones al desarrollo con el debate territorial. A su juicio, frenar inversiones y crecimiento en núcleos como Los Urrutias, Mar de Cristal, El Algar o Los Belones contribuye a "empobrecer aún más" esa zona y alimenta discursos segregacionistas, especialmente en La Manga.

MC defendió que proteger el Mar Menor no debe ser incompatible con permitir que los pueblos del litoral cartagenero mejoren sus infraestructuras y culminen desarrollos pendientes. "Queremos que puedan terminar sus calles y que puedan crecer", insistió Giménez, quien acusó al Gobierno municipal de impulsar un plan que, en su opinión, “no nace de Cartagena ni para Cartagena”.

El choque evidencia dos visiones opuestas: una que prioriza una contención estricta del urbanismo en el entorno de la laguna y otra que reclama un desarrollo controlado que, según MC, evite el estancamiento económico y demográfico de la zona cartagenera del Mar Menor.