Vivimos en una época de actualidad atropellada, veloz, y de consumo rápido. Los acontecimientos se amontonan, pero, sobre todo, tienen fecha de caducidad: conforme surge el nuevo acontecimiento que captará la atención del respetable, ya se está pergeñando el siguiente. El público se ha habituado a distribuir una capacidad de atención paulatinamente menor entre un número de acontecimientos, que compiten por la misma, cada vez mayor.

Este modelo de consumo rápido tiene efectos perniciosos sobre la sociedad, a muchos niveles, y particularmente en el debate público. Apenas se puede profundizar en nada, o sacar conclusiones y extraer las oportunas consecuencias de algo, porque ya nos viene el siguiente magno acontecimiento que aspira a captar nuestra atención y a distraernos de los anteriores eventos.

Lo curioso del asunto es que son nuestros eximios dirigentes políticos, que tan preocupados afirman estar por la degradación del debate público, la desinformación y la desafección democrática, los que con más entusiasmo se prestan a generar más y más noticias, pseudoeventos y sorprendentes revelaciones para alimentar la voracidad sin fin de las redes sociales y los medios, por más que medios y redes propicien la aceleración, porque el fondo de la cuestión es determinar quién controla la agenda pública. Quién consigue que se hable de temas y enfoques que benefician sus posiciones. Un teatrillo que no tiene fin y que da la impresión de que todo cambia, nada permanece, y a la vez tampoco es que los “noticiones” con los que nos regalan los oídos tengan alguna consecuencia práctica, porque su objetivo ya se ha cumplido con el anuncio en sí.

Todos los políticos tienen práctica en la materia, pero forzoso es reconocer que el Gobierno de Pedro Sánchez es maestro en esta cuestión (anunciar continuamente grandes acontecimientos que luego no se sustancian en nada), por la sencilla razón de que se trata de un Gobierno en graves dificultades que, además, tampoco puede aprobar nada que tenga sustancia parlamentaria, con lo que es un Gobierno especializado en apuntar sin disparar: en anunciar sin que luego las medidas lleguen a aplicarse nunca, o sin que -de aplicarse- tengan relación con lo que se anuncia.

Por eso, cuando el Gobierno anunció la desclasificación de documentos vinculados con el golpe de Estado del 23F, ahora que se cumplen 45 años -nada menos- del golpe, nuevamente vivimos los dos momentos habituales en estos casos, que tanto recuerdan al meme de los independentistas catalanes celebrando sus 8 segundos de independencia: primero estupefacción al saber que, por fin, íbamos a saber la verdad del 23F; y, después, decepción al constatar que lo que se ha revelado es, esencialmente, lo que ya sabíamos.

Con lo cual, la pregunta que se deriva de ahí es: ¿para qué haber ocultado estas cosas tanto tiempo? Casi parece que estos documentos se los habrá encontrado Pedro Sánchez tirados en algún almacén de La Moncloa y ha decidido hacernos su enésimo ejercicio de prestidigitación política, en el cual desclasifica documentos que no cuentan nada nuevo; pero tampoco desclasifica todos los documentos relacionados con el 23F, de manera que ni siquiera contribuye a esclarecer las dudas que pueda haber al respecto de su génesis y participantes. Dudas que, evidentemente, vienen alimentadas sobre todo por la permanencia, 45 años después, de documentos clasificados al respecto, como las conversaciones de Juan Carlos I con los capitanes generales de las distintas regiones militares.

Efectivamente, las revelaciones del golpe sustentan la historia oficial sobre el mismo: se trató de un golpe mal organizado, que fracasó por la agresividad y chapucera ejecución del teniente coronel Antonio Tejero y por la decisión del rey Juan Carlos I de hacerle frente. También, que este golpe era solamente una de varias operaciones en marcha para subvertir el orden democrático. Y que, si bien es indudable que el rey Juan Carlos I lo paró, tampoco constituye faltar a la verdad si decimos que también lo propició, junto con otros personajes prominentes de la esfera pública española, por la vía de socavar la confianza en el anterior presidente, Adolfo Suárez, de quien se afanó en deshacerse durante meses (y lo consiguió semanas antes del golpe).

Así que estamos ante uno más de los scoops informativos tan queridos por Pedro Sánchez y los suyos: entre lo que parece que va a ser, y lo que es, media un abismo. Las principales revelaciones de tanto documento desclasificado son las que tienen que ver con la mujer de Tejero, que se pasó la noche del golpe y el día siguiente despotricando de su marido, ese “tonto” y “desgraciao” al que iban a “dejar tirado como una colilla”, como en efecto así fue (entiéndase que le dejaron tirado por su lamentable desempeño en la ejecución del golpe, que si la cosa hubiera ido bien se habría hecho con algún ministerio o dirección general, por “patriota”). Eso sí: no sabemos si Tejero llegó a leer estas imprecaciones y se murió justo a continuación o -más probablemente- lo hizo antes.