MADRID (EFE). La Seguridad Social ha adjudicado a VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja la gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública que se prevé que estén funcionando antes de que acabe el año y que abaratarán las comisiones de los planes de pensiones colectivos para trabajadores.
El contrato, con un valor estimado de 24 millones de euros, se concretará previsiblemente antes de que acabe agosto, una vez se resuelvan las eventuales alegaciones, y permitirá la puesta en marcha de 15 fondos de pensiones que se han adjudicado en 5 lotes de 3 fondos cada uno (uno de renta fija, otro de renta fija mixta y un tercero de renta variable).
Las comisiones de gestión que se cobrarán oscilarán entre el 0,10 y el 0,26 %, conforme a las ofertas presentadas por las adjudicatarias.
También optaban a la licitación Mapfre Vida y Nationale Nederlanden que se han quedado fuera de la adjudicación, de acuerdo con el acta de la mesa única de contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicada este viernes.
Una vez adjudicada la gestión, queda pendiente el desarrollo de la plataforma digital que aunará los 15 fondos y permitirá a los beneficiarios acceder a la información de su fondo, además de favorecer la portabilidad entre los distintos fondos.
Esta misma semana, y un año después de que entrara en vigor la ley de impulso de los planes de pensiones de empleo, se ha completado la regulación sobre el funcionamiento de estos nuevos fondos de pensiones de promoción pública, a los que se adscribirán los planes de pensiones de empleo simplificados.
Entre las novedades, la reducción de dos años a un mes como máximo del plazo para incluir a los nuevos trabajadores que entren en plantilla al plan de pensiones de empleo y la posibilidad de que los partícipes sigan haciendo aportaciones aunque estén jubilados parcialmente, siempre que la empresa siga haciendo contribuciones.
El objetivo es potenciar la previsión social complementaria de corte profesional, en particular a través de la negociación colectiva sectorial, como recomienda el Pacto de Toledo, pero facilitando también el acceso a estos planes de pensiones a colectivos que hasta ahora tenían dificultades para acceder, como los autónomos o los empleados de pequeñas y medianas empresas.
El patrimonio procedente de planes de pensiones de empleo está estancado desde 2012, con 35.119 millones de patrimonio a cierre del primer trimestre y 1,9 millones de cuentas de partícipes.
Ese patrimonio gestionado en los fondos de pensiones de empleo ha perdido peso relativo respecto del total de fondos de pensiones puesto que representaban un 50 % del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90, frente al 25 % actual.
El plan de empleo es el acuerdo de negociación colectiva sectorial en el que se define qué parte de la retribución de los trabajadores se va a ir metiendo en un fondo de pensiones privado que permita complementar su pensión pública cuando se jubilen.
Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública son el vehículo a través del cual se invierte ese dinero de los trabajadores. En realidad no tienen carácter público, sino privado, aunque son promovidos y supervisados desde el Estado, con la participación también de organizaciones empresariales y sindicales en la comisión de control.
Además de los trabajadores de empresas con convenios sectoriales, a estos fondos de pensiones también podrán adscribirse planes de empleo específicos para trabajadores autónomos, trabajadores de asociaciones, federaciones y cooperativas, y empleados públicos.
Algunas entidades financieras y organizaciones profesionales, empresariales y sindicales ya han puesto en marcha planes de pensiones empleo simplificados, como el sectorial de la construcción firmado con VidaCaixa, que también llevará el de la federación de autónomos ATA, o como el de la unión de autónomos UPTA con el Sabadell.
Está por ver si luego esos planes se adscribirán o no a alguno de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.